Tareas del Ejército en seguridad pública dispararon violaciones a derechos humanos
Gloria Leticia Díaz
Ante la continuidad de la violencia por disputas entre grupos criminales en varios estados del país, en los primeros 28 días del gobierno de Claudia Sheinbaum la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad se ha hecho sentir con un creciente número de víctimas que las autoridades castrenses refieren como resultado de enfrentamientos.
En total, la estela de muerte roza los 2 mil muertos en el arranque del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación. Varios de esos muertos han sido presentados como choques militares con grupos de la delincuencia organizada.
La administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha marcado una diferencia con su mentor, Andrés Manuel López Obrador, quien destinó a las tropas a tener una función testimonial en el combate al crimen organizado y a perseguir a migrantes en su tránsito hacia la frontera con Estados Unidos.
La intervención castrense en el nuevo gobierno no ha estado alejada de las controversias por violaciones a derechos humanos, advertidas horas después de que la mandataria tomó posesión.
Recién aprobada la reforma constitucional para otorgarle facultades plenas a la Guardia Nacional, dependiente ya de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para realizar actividades de seguridad pública, durante un patrullaje soldados del Ejército mexicano dispararon contra un vehículo en el que viajaban al menos 33 migrantes sobre el tramo carretero Villa Comatitlán-Huixtla, en Chiapas.
El saldo preliminar, atribuido a sólo dos militares, fue de seis personas muertas y 10 lesionadas, procedentes de Egipto, El Salvador y Perú, resultado de la persecución de otros dos vehículos que supuestamente habrían tratado de evadirse al advertir la presencia militar, según la justificación oficial de la tragedia.
Hasta el momento se desconoce la situación jurídica de los dos soldados a los que se les atribuyen los disparos, que habrían sido sometidos tanto al fuero militar como al civil, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Colima
El primer día de gobierno de Sheinbaum Pardo se registró un caso de violaciones graves a derechos humanos en Colima, del que se responsabiliza a miembros de la Secretaría de Marina (Semar) y agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
La noche del 1 de octubre los cuerpos de seis hombres aparecieron en muertos en la comunidad de Puerta de Ánzar, Colima. La versión oficial indica que fueron abatidas durante un enfrentamiento luego de que atacaron a una patrulla que realizaba un recorrido por esa zona.
Después se sabría por sus familiares y por videos de cámaras de seguridad que los hombres fueron sacados de sus domicilios por marinos y policías y fueron colocados en un escenario de enfrentamiento.
Pese a las pruebas contundentes, la gobernadora de Morena, Indira Vizcaíno, ha negado la participación de marinos y policías en la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de las seis personas.
Hasta ahora no hay información clara sobre si los agentes que participaron en la detención de las seis personas estén siendo investigadas por los abusos cometidos.
Sinaloa
Como parte de los operativos reactivos ante la crisis de seguridad en Sinaloa, por los enfrentamientos desatados a partir de septiembre, las Fuerzas Armadas han registrado distintos operativos, que distan mucho de las política de “abrazos y no balazos” de López Obrador.
Tal vez el caso más claro de la participación de las Fuerzas Armadas en el conflicto de facciones ocurrió el 21 de octubre con la detención de un operador de sicarios afín al Mayo Zambada, identificado como Edwin Antonio “N” alias el Max, en la comunidad rural de Plan de Oriente, a 11 kilómetros de Culiacán, en la que resultaron 19 presuntos sicarios abatidos por militares, sin bajas entre las filas castrenses.
La justificación que dieron la propia Sheinbaum y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, es que los militares fueron atacados “por más de 30 individuos” , por lo que los soldados repelieron la agresión “en defensa de su integridad física, resultando 19 agresores fallecidos, logrando el resto darse a la fuga”. De Edwin “N” se refiere que fue puesto a disposición de la delegación de la FGR en Culiacán, “para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales respectivas”.
Con la versión únicamente de las Fuerzas Armadas, el comunicado de prensa institucional sostiene que “el personal militar actuó con estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos y a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza”.
Además de las bajas provocadas a los supuestos agresores, la Sedena informó que en el operativo se aseguraron cuatro ametralladoras, 17 armas largas, cinco armas cortas, un fusil Barret, cartuchos de diferentes calibres, 13 chalecos tácticos, nueve cascos balísticos y siete vehículos.
El 22 de octubre la Sedena informó que, como resultado del Plan de los 100 días, en Culiacán, escenario de batallas sangrientas, el Ejército mexicano aseguró 70 kilogramos de metanfetaminas, distribuidos en 153 bolsas de plástico, droga que fue puesta a disposición de autoridades competentes.
Las denuncias ciudadanas por abusos militares en acciones de seguridad pública se han ido revelando poco a poco en medios locales de Sinaloa.
El viernes 25 se dio a conocer que tras la refriega que dejó 19 muertos en Sinaloa, recabaron la denuncia de que la Semar realizó dos días después un operativo en la comunidad de Potrerillos de Landeros, del municipio de Elota.
Los testimonios recabados por los medios locales sostienen que elementos de la Semar allanaron casas, golpearon mujeres, menores de edad y a dos jóvenes, a pesar de que no hubo resistencia por parte de los ciudadanos.
De acuerdo con los denunciantes, participaron elementos de tres unidades de la Marina, con la terminación de los números económicos 479, 487 y 016, información que fue proporcionada a las autoridades estatales para la documentación
Culiacán
En ese mismo contexto de combate a la delincuencia, el diario Reforma dio a conocer un caso en Culiacán de abuso de autoridad, detención arbitraria y tentativa de ejecución extrajudicial, al publicar un video correspondiente al 7 de octubre, en el que se aprecia cómo militares y agentes de la GN intentaron ejecutar a un ciudadano, pero se detuvieron cuando vieron cámaras de seguridad que registraban los hechos.
El diario dio a conocer un video en el que se aprecia que patrullas de la GN y la Sedena disparan contra un vehículo hasta que el conductor pierde el control y se estrella contra un poste. Los militares no dejan de disparar, sin que del vehículo haya reacción.
Al verificar que el conductor está vivo, se escucha la voz de un militar que ordena a quien advirtió la condición del ciudadano: “¡Mátalo, mátalo!”.
Sin embargo, otro militar les advierte que hay cámaras registrando los hechos, por lo que los soldados proceden a sacar al hombre malherido y recoger los casquillos de la escena del crimen.
El joven, al que Reforma identifica como “Alexis”, fue puesto en libertad por un juez de control, una vez que la defensa del detenido presentó los videos que confirman que el joven no trasladaba a hombres armados en el vehículo, como argumentaron los militares cuando lo pusieron a disposición ante las autoridades.
Tecpan de Galeana
Ese 24 de octubre, las redes sociales viralizaron videos de vehículos negros con las siglas GNG, con hombres armados, que estarían atravesando calles de Tecpan de Galeana, así como ruidos de balaceras y llamados a no salir de domicilios.
La mañana del 24 de octubre, la intervención de personal militar que se encontraba en una Base de Operaciones Mixta en Tecpan de Galena, Guerrero, compuesta por militares y agentes de la Guardia Nacional, así como de personal militar del cuartel en el Ticuí, Atoyac, arrojó un saldó de 14 personas identificadas como “agresores” por la Sedena, institución que reportó sólo tres elementos heridos, que fueron trasladados en helicóptero a Acapulco.
La actuación militar en Tecpan, explicó la Sedena, se derivó de un enfrentamiento entre particulares. También fue atacada una base de operaciones del Ejército, que se encontraba en esa comunidad, “por lo que el personal militar, en un principio, actuó de manera defensiva y procedió a solicitar el apoyo de unidades cercanas”.
En un comunicado, la dependencia informó que alrededor de las 5:00 horas se registró un enfrentamiento en el poblado de El Moreno, entre “dos grupos delictivos antagónicos en el que se vieron involucrados policías municipales”, evento en el que fallecieron dos policías municipales y resultaron heridos otros cuatro.
La Sedena resaltó que al auxilio acudieron personal militar y de la Guardia Nacional, que tienen su base en El Tecuí, municipio de Atoyac, elementos que también habrían sido atacados.
Como parte del operativo militar, se detuvo a 11 presuntos delincuentes, de los cuales 10 son originarios de Guatemala y uno de El Salvador, así como el aseguramiento de vehículos y armamento y municiones de alto calibre.
Al 27 de octubre se sumó la detención de otras seis personas guatemaltecas más y cuatro mexicanos, es decir, un total de 21 personas detenidas, mientras que la presencia castrense no ha amainado la violencia, que por la confrontación entre bandas criminales suma 34 muertos de jueves a domingo.
En Guanajuato, tras enfrentamientos entre grupos delincuenciales que han dejado decenas de muertos en distintas localidades, el Ejército mexicano ha tenido un relevante despliegue desde principios de mes, en que en menos de 48 horas dejaron un primer saldo de 17 personas muertas en Salamanca.
A los 400 militares que llegaron el 4 de octubre a Salamanca, llegarían cientos más luego de estallidos de artefactos explosivos en Acámbaro y Jurécuaro, dejando en la primera alcaldía tres policías heridos.
