Retos laborales de Sheinbaum, y el taller mecánico
Manuel Fuentes
Recorriendo los parques industriales de Nuevo Laredo, reflexionaba sobre la política laboral que implementará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual está llena de retos. El principal legado que deja el expresidente López Obrador es la austeridad en las instituciones de trabajo que empañan sus resultados.
Es como si llegara al taller mecánico, la nueva presidenta, a revisar cuál es el estado de la política laboral como si fuera un automóvil y le informan que tiene las llantas desgastadas a punto de ponchadura, el sistema eléctrico funciona a la mitad, poco aceite, los frenos desgastados, y seguro la siguiente verificación no la pasa.
No es fácil emprender programas de gobierno cuando no se tiene suficiente personal o salarios suficientes para su propio personal encargado de aplicar acciones de protección laboral. Lastimosamente tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral enfrentan esos problemas de abandono presupuestal. La presidenta recién llegada deberá atender esos pendientes, porque son reclamos constantes, que no les dieron atención en la administración anterior.
Instituciones como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que atiende todos los conflictos del gobierno federal, en sus tres órdenes, ejecutivo, judicial y legislativo, además de una carga injustificada de trabajadores de la Ciudad de México, hace de esta institución la más desatendida en mejoras salariales y con personal insuficiente. Es una institución que depende de la Secretaría de Gobernación, donde su titular hace hasta malabares para enfrentar tantos problemas.
Los juzgados laborales, que como juguetes nuevos empezaron a funcionar, ahora padecen sobrecargas de trabajo. Se teme que esta reforma judicial meta en el congelador las necesidades presupuestales, es otro de los retos de la nueva presidenta.
Es innegable también el abandono en que se dejan las Juntas de Conciliación y Arbitraje que los mismos administradores de la política laboral prevén que ante la escasez de recursos, sus puertas se cerrarían hasta el año de 2036, en el mejor de los casos. Por lo que, en su política laboral no deben ser excluidas estas instituciones, por el bien de los trabajadores quienes siguen esperando justicia.
No se diga la situación que viven las instituciones laborales en los gobiernos estatales en donde, si a nivel federal los recursos son limitados, en aquellas entidades, la situación es deplorable, por lo que es urgente también implementar políticas que puedan establecer niveles de equilibrio e igualdad digna en todo el país, en la atención de la vigilancia de los derechos laborales y su cumplimiento.
La reforma laboral incluyó a las trabajadoras del hogar, reconociéndolas para tener derecho a un contrato por escrito, prestaciones, estabilidad en su empleo y seguridad social, pero esos derechos han quedado en letra muerta. Siguen padeciendo de malos tratos, condiciones infrahumanas, y lo más grave, siguen siendo invisibles para políticas de gobierno.
Falta legislar para trabajadores de plataformas quienes también padecen de informalidad y reconocimiento laboral, y por tanto de seguridad social. En la pasada legislatura se quedaron congeladas varias iniciativas para proteger a ese sector que rebasa el medio millón de personas.
Es necesario que se abran espacios para los sindicatos y hacerlos partícipes en decisiones de políticas fundamentales. En gobiernos anteriores se dio preferencia al sector empresarial y no al de los trabajadores, y ahora estas omisiones deben corregirse.
Los trabajadores por su cuenta deben tener una visión más amplia, deben ir más allá de sus centros de trabajo. México padece de una dependencia toral con Estados Unidos de América y se requiere no solo de la visión empresarial para impulsar modelos que potencien la industria nacional, sino también de los trabajadores quienes producen la riqueza mexicana.
Existen reclamos del sector empresarial que no se cuenta con personal suficiente o capacitado para enfrentar y atender nuevas inversiones o el nearshoring. Sin embargo, se les deja el campo libre para evitar actividad sindical que molesta, dicen ellos, como si los sindicatos fueran moscas. Eso en demérito de salarios bajos y pésimas condiciones de trabajo. Hay centros de trabajo que están exentos de inspecciones de trabajo o las aplican de manera muy superficial. Que no olvidemos la falta de personal de inspección que tiene México.
La política laboral no puede ser ausencia de Estado, por el contrario, se debe aplicar la legislación y contar con instituciones fuertes para lograr mejores acciones de trabajo con sentido social. Con todos estos retos, le deseamos mucho éxito a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De otros avatares
Llaman la atención dos decretos publicados en los últimos días. Uno, el referente a declarar el primero de octubre como día de descanso obligatorio. Tanto patrones como trabajadores ya se desgarraban las vestiduras esperando ese famoso decreto que llegaba y no llegaba, para declarar la obligación de no laborar ese día en lugar del primero de diciembre de cada seis años.
El segundo, el decreto sobre la guardería ABC en donde se declaran medidas vitalicias en favor de todas las madres y padres de las niñas y niños que fallecieron el cinco de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y los sobrevivientes al trágico incendio.
El apoyo se mantiene para los hijos aún cuando cumplan 18 años por su lesión incapacitante por quemaduras, así como para los que inhalaron humo o tóxicos en el incendio; becas hasta nivel superior para todos los menores afectados, incluido el pago de energía eléctrica para aquellos que por prescripción médica hagan uso de equipos que lo requieran. Una herida que nunca se podrá sanar por mil apoyos extraordinarios que se reciban.
