Enloquecen los diputados y al margen de la ley, giran “orden” a la UAS
Álvaro Aragón Ayala
Como si la Universidad Autónoma de Sinaloa fuera una dependencia del Poder Legislativo o estuviera bajo el mando del gobernador Rubén Rocha Moya, extralimitándose en sus funciones, por encima de la Constitución, los diputados de Morena y sus aliados traidores del PRI y del PAN, ejercen una enloquecida presión, para que, a fuerza, “a huevo”, la institución realice una consulta universitaria para que reforme su Ley Orgánica. Que conste: todas las Universidad Pública Autónomas son órganos de Estado, pero no son organismos del gobierno.
Los legisladores son usados, al margen de la ley, por Rubén Rocha como instrumento de ataque y de coerción contra directivos de la Universidad. Violando la ley, más allá de su “imperio”, el gobernador quiere a toda costa que el Consejo Universitario y los órganos colegiados de la UAS autoricen una consulta para modificar la Ley Orgánica, estatuto interno que junto con la Constitución y la Ley General de Educación Superior impiden que tome por asalto la Casa Rosalina.
Pasando por encima la autonomía universitaria y su facultad para autogobernarse y tomar decisiones sobre la normatividad de su vida interna, los diputados aprobaron un “acuerdo” de la Junta de Coordinación Política, dirigida por Feliciano Castro Meléndrez, preso por asesinato en el 1974 en el penal de Aguaruto, mediante el cual ordenan realizar del 26 de agosto al 6 de septiembre una consulta previa, libre e informada a la comunidad Universitaria y a sus órganos de gobierno competentes.
El acuerdo pisotea el principio de autonomía consagrado en el Artículo 3°, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También violenta el artículo segundo, tercer párrafo, de la Ley General de Educación Superior. Los diputados morenistas pegaron a la orden 36 iniciativas de modificación y/o abrogación de la Ley Orgánica, todas violatorias a la autonomía de la UAS, pues ninguna cuenta con la certificación o legitimidad del Consejo Universitario.
Los diputados mienten cuando señalan que el Congreso del Estado se encuentra en omisión legislativa, pues según ellos tienen la obligación de armonizar la legislación estatal a la Ley General de Educación Superior y con ese pretexto intentan modificar la Ley Orgánica de la UAS. Sin embargo, ni la Constitución ni la LGES obligan a la UAS a modificar su Ley Orgánica y mucho menos establecen el predominio del Congreso Local sobre la Casa Rosalina.
Por el contrario, la Constitución y Ley General o Federal de Educación Superior, norman la vida interna de las Universidades Públicas Autónomas y le conceden facultades de autogobierno, autoregulación y autotutela y priorizan las atribuciones para que en el seno de las instituciones decidan y construyan el tipo de leyes orgánicas que deseen tener. A contracorriente, los diputados locales intentan someter a los caprichos del gobernador a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
La Ley General de Educación Superior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril del 2020 fijó 180 días para elaborar, homologar o modificar las Leyes Estatales de Educación Superior, nada más, sin embargo, no otorga facultades a los Congreso Locales para que “por sus pistolas” o por órdenes de los gobernadores modifiquen las Leyes Orgánicas de las Universidades Públicas Autónomas.
En la Constitución y la Ley General de Educación Superior, el Poder Legislativo Federal se incorporó una fórmula general que protege y autoriza a los universitarios normar las nuevas circunstancias de la vida universitaria. Esto significa el derecho y la facultad para elaborar o modificar sus Leyes Orgánicas ampliando el margen de maniobra legislativa de las universidades; acota, pues, la injerencia de los Poderes Legislativos, uno federal y los otros estatales.
Significa que las Universidades Públicas Autónomas no quedaron supeditadas a los caprichos, presiones ni ambiciones externas de los gobernadores o los caciques locales que sueñan con controlar las universidades públicas. La legitimización de los procesos de reforma a las Leyes Orgánicas Universitarias únicamente se alcanza con la decisión exclusiva, por parte de las universidades, de enviar o someter a los Poderes Legislativos cualquier tipo de reformas. En concreto: todos los proyectos de modificación de las leyes orgánicas deben provenir de las universidades.
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