Dictadura: persecución judicial contra dirigentes campesinos de Sinaloa
Álvaro Aragón Ayala
Rubén Rocha Moya determinó usar una segunda vía, la Fiscalía General de la República, para perseguir política y judicialmente a los líderes del movimiento de productores agrícolas que buscan un precio justo a la tonelada de maíz. En vez de un apoyo adicional al precio del grano, el gobernador, en su posición de dictador, agarró el garrote judicial para frenar y “paralizar” las protestas agrícolas.
La opción de la segunda vía fue armada en el Tercer Piso del gobierno estatal. La primera era abrirle carpetas de investigación por ataques a las vías de comunicación y a medios de transporte, sabotaje, motín y sedición, únicamente que la Fiscalía Estatal de Justicia está ocupada fabricándole delitos a los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se optó, entonces, por “facilitarle” a la FGR el fincamiento de delitos federales a los dirigentes agrícolas.
A principios de mayo, miles de productores agrícolas de Sinaloa bloquearon las casetas de peaje de la carretera Internacional demandando un incremento al “precio tope” de 5 mil 457 pesos, que representa mil 506 pesos menos que el pagado o pactado en el 2023. Los diputados de Morena, entre ellos, Feliciano Castro Castro, criminalizaron el movimiento agrícola argumentando que era capitaneado por los candidatos de la coalición “Fuerza y Corazón por México”.
Después de una estira y afloja, los productores agrícolas liberaron las casetas y se entrevistaron con el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ofreció seguir gestionando ante Segalmex y los industriales y otras instancias gubernamentales un mejor precio a la tonelada del maíz y conseguirles una audiencia con el presidente de la República.
Pero Andrés Manuel López Obrador dijo que todo está resuelto, que sí, que es justo (el precio que les quieren dar) y cerró el diálogo. El lunes, los dirigentes de los maiceros advirtieron que regresarían a la toma de las casetas, pues ni se gestionó un alza al precio del grano ni se concertó la entrevista con el Presidente.
La respuesta del gobierno de Rubén Rocha vino por la vía federal, por un segundo carril de represión: la Fiscalía General de la República mandó citar a los líderes del movimiento para que respondan por la obstrucción a las vías de comunicación y toma de casetas y otros delitos graves. Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, recomendó a sus compañeros tramitar de manera inmediata amparos ante la judicialización del caso.
Valdez Armentía expresó que la notificación de la Fiscalía General de la República es interpretada como una respuesta directa a las demandas y la lucha de los campesinos por la seguridad alimentaria. “Necesitamos estar muy solidarios con los compañeros. Cualquier acción en contra de ellos es una acción en contra del movimiento de campesinos y de productores agrícolas de Sinaloa”, señaló.
“Este es el gobierno que tenemos. Este es el gobierno que reacciona como cualquier dictadura. No escucha, no ayuda, no entiende y, sin embargo, quienes levantan la voz los quieren someter a través de la aplicación de la judicatura. Esto no puede ser, compañeros, no lo podemos permitir”, puntualizó. Los líderes campesinos tienen ya un pie en la cárcel.
