Enloquece Feliciano Castro por sentencias a favor de Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga

Álvaro Aragón Ayala

El diputado local Feliciano Castro Meléndrez, involucrado en tres asesinatos, pero protegido por “la otra humanidad”, el gobernador Rubén Rocha Moya y la Fiscal Sara Bruña Quiñónez, enloqueció por las sentencias de los jueces federales que impiden que el Rector -ilegalmente suspendido- de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y el encargado del despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, sean juzgados y encarcelados por delitos que no existen y que fueron prefabricados de manera dolosa y perversa.

Dos Jueces Federales de juzgados distintos declararon inconstitucional la vinculación a proceso por parte del Juez de Control en contra de Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga, a quienes, de manera arbitraria e ilegal, la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, intentó clavar el delito de abuso de autoridad bajo el argumento de que obstaculizaban la fiscalización los recursos propios de la Universidad. La ASE no tiene facultades para auditar los recursos propios de la Casa Rosalina.

VER ARTÍCULO SOBRE EL TEMA: NO EXISTEN DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD

No hay delito que perseguir. No se configura el delito de abuso de autoridad. La vinculación a proceso fue una medida extralegal. Así se sintetizan las sentencias con las que los Juzgados de Distrito tumbaron los montajes judiciales con los cuales el gobernador Rubén Rocha, los diputados de Morena, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, amafiados con los Jueces de Control local, pretendían meter a la cárcel a los directivos de la UAS.

Enloquecido por los dictámenes federales, Feliciano Castro convocó a conferencia de prensa para desacreditar las sentencias, argumentando que -¡para ripley!-los jueces federales desconocían la Constitución Federal y la Local, lo cual levantó la carcajada de los periodistas, porque el diputado no aportó materia jurídica de peso para respaldar su versión que se perdió en la retórica chafa de la transparencia y la rendición de cuentas, sonsonete con el que Rubén Rocha intenta criminalizar a la UAS y sus autoridades.

No es la primera ocasión en que Feliciano Castro raya en la locura. La primera fue cuando un Juez Federal echó abajo varios artículos de la Ley de Educación Superior del Estado por violar la autonomía universitaria. La Ley de marras -conocida como “Ley Rocha”- fue aprobada por los diputados de Morena y sus aliados del Congreso Local con el propósito de reformar la Ley Orgánica de la Casa Rosalina y abrir la “puerta” universitaria al cartel rochista que planea tomar por asalto la Casa Rosalina.

El expediente negro, secreto, de Feliciano Castro, revela su involucramiento en tres crímenes. En el de Octavio Atilano Román Tirado, líder de los desplazados de la presa Picachos ocurrido en el 2014. Una ficha criminal precisa que la Policía Judicial del Estado capturó a Feliciano Castro Meléndrez, Víctor Joel Armenta Osuna, Vicente Armenta Atondo, Ramón Martínez Huerta y Enrique Nevárez Peña acusados de los asesinatos del velador Marciano García Esparza y del agente judicial Jesús Zavala Rocha, a quien el 16 de enero de 1974 torturaron y mataron a balazos en el interior de la preparatoria central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

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