Caso Ayotzinapa: la promesa de justicia que AMLO no cumplió
Proceso
Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 no recordaban una agresión directa como la que sufrieron en Palacio Nacional, a poco más de seis meses de que concluya su mandato, cuando fueron dispersados con gas lacrimógeno.
La relación ha dado un giro desde su llegada a la silla presidencial, pues en 2018 el primer decreto que firmó fue la creación de una comisión para la verdad en la búsqueda de los normalistas desaparecidos. En 2024 la imagen se tornó en la protesta de jóvenes que acompañaban a los familiares y que entre otros actos violentos tiraron una puerta del Palacio Nacional.
Al mandatario federal aún le tocará la conmemoración del décimo aniversario de la desaparición de los jóvenes; cuatro días después dejará la Presidencia.
Cristina Bautista, madre de uno de los normalistas desaparecidos, relató que buscaban entrar a Palacio Nacional para entregar una carta en la que solicitan una nueva reunión con el mandatario federal, hecho que del lado del jefe del Ejecutivo Federal se mantiene entrampada al afirmar que, en efecto, quiere reunirse con ellos, pero sin sus asesores legales.
La madre víctima también afirmó que acuden a todas las reuniones con sus abogados “porque nosotros somos campesinos, no sabemos sobre los términos que manejan, no sabemos si lo que nos digan sea la verdad”.
Antes y después de ese 6 de marzo, cuando irrumpieron en Palacio Nacional tirando una de sus puertas, el presidente López Obrador detonaba el tema en contra de quienes acompañan a las madres y padres que, aseguran, estuvieron mientras se manifestaban los jóvenes encapuchados a quienes el mandatario federal puso bajo sospecha de no ser realmente normalistas.
A partir de ese momento el presidente aún espera que los familiares acepten dicha reunión solo con él y sus funcionarios. “Vamos a dialogar, estamos esperando que nos den sus puntos de vista acerca del planteamiento que les hice de que quiero hablar con ellos sin los abogados y sin sus asesores de las organizaciones supuestamente de defensa de derechos humanos; quiero hablar con ellos”, declaró apenas este 21 de marzo en su conferencia desde Oaxaca.
Una de las organizaciones que acompañaron a los familiares de los jóvenes desde la desaparición de 43 normalistas en Guerrero y que les dieron un foro para que hablaran del caso es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Santiago Aguirre, director del CentroPro, asegura que en este sexenio hubo “un intento relevante de esclarecer el caso Ayotzinapa y de llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación sobre el contexto macro criminal de Iguala, del que eran parte elementos del Ejército, sin duda alguna, y vimos en primera línea cómo ese esfuerzo fue impulsado por funcionarios que intentaron hacer bien las cosas; nos parece que ese fue el caso de Alejandro Encinas”.
Giro en el discurso
El 3 de diciembre de 2018, al firmar el decreto, el presidente López Obrador aseguró: “Con este decreto se ordena a todo el gobierno, en lo que corresponde el poder Ejecutivo, para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar, para llegar a la verdad. Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”.
El entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, asumió la tarea de coordinar ese esfuerzo en ese momento, cuando destacó que este caso es “una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia de nuestro país”.
Aseguró que serían retomadas las investigaciones de organismos de derechos humanos; del Alto Comisionado de Naciones Unidas; del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como la investigación trunca de la Procuraduría General de la República (PGR) de la administración de Enrique Peña Nieto.
Además, se daría la instrucción a todas las dependencias del Ejecutivo federal para que facilitaran la información que les sea requerida y que no se podría clasificar como reservada la que tuviera relación con violaciones a los derechos humanos o que obstruyera la persecución de delitos, se dijo.
Hubo un cambio en el discurso presidencial porque ahora el mandatario federal ha declarado en repetidas ocasiones que no le tiene confianza ni a las organizaciones ni organismos de derechos humanos, lo relacionado con la Comisión Interamericana, ni con el trabajo hecho por el GIEI, incluso sugiere que actuaron a favor de los detenidos que presuntamente participaron en la desaparición de los jóvenes. Ha dicho que los mismos que acompañan a los familiares son quienes colaboraron para dejar libres a los responsables, quienes después declararon que en efecto tomaron parte en los delitos.
Por ejemplo, al extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, y parte de su equipo los acusó de colaborar en una especie de protección al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam. El presidente también sospecha de integrantes del GIEI en este caso.
Para este gobierno, la apertura de los expedientes que tienen en su poder los militares fue el punto crucial en que se ha roto el diálogo porque los familiares de los jóvenes y las autoridades exigen 800 folios que, afirman, la Sedena no quiere dar a conocer. Pero es esta institución la que ha tomado en sus manos la respuesta, ante la que nadie ha podido hacer más.
Dicha respuesta fue repetida por el presidente López Obrador en la conferencia del 3 de octubre de 2023.
–¿Y no hay más que lo que dice el Ejército?
–Hasta ahora no se ha encontrado más.
–O sea, que digan: ‘No hay más’, y se les cree.
–No se ha encontrado más. Y todo es puras conjeturas.
El argumento en el que el presidente ha persistido es que en su gobierno abrió los expedientes en instalaciones militares “el tiempo que sea necesario” para que los familiares y expertos puedan entrar; sin embargo, del lado de las víctimas afirman que si el Ejército decidió ocultar dichos informes, esos mismos no estarán aunque entren de nuevo a buscar.
Encinas, aun después de dejar el cargo para irse a la campaña electoral, escribió en su cuenta de X: “Es más lamentable aún que abogados de la Sedena litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”, esto cuando se informó que se cambió de medida cautelar a los militares detenidos por el caso.
El caso, víctima de deficiencias sexenales
Pese a las acusaciones del presidente López Obrador contra Gómez Trejo, para el Centro Pro fue otro de los funcionarios que más determinación y tesón mostró. “Llevó adelante un esfuerzo importante para esclarecer”.
Después el organismo defensor de derechos humanos observó que “esa investigación empezó pronto a mostrar los estragos de los dos grandes problemas de este sexenio: el empoderamiento militar y la ausencia de una reforma real a la Fiscalía General de la República y estos dos factores determinaron que el esfuerzo quedara trunco”.
Los funcionarios que intentaron impulsar el caso están fuera del gobierno, así como la labor del grupo interdisciplinario de expertos que, recuerda Aguirre, hizo un trabajo muy importante porque “documentó la persistencia y los obstáculos militares, y hoy está afuera también del país. Y lo que observamos es un posible desenlace de impunidad en este sexenio, donde incluso se puedan presentar acciones legales contra quienes estuvieron del lado de la verdad e intentaron esclarecer el caso, como el fiscal Gómez Trejo, como el subsecretario Encinas”.
Para Santiago Aguirre este caso, que “tenía que haber sido representativo de lo que iba a transformarse en el país, está terminando el sexenio siendo demostrativo de las dos grandes decepciones de este sexenio: el nuevo poderío militar y la inacción frente a las deficiencias de la Fiscalía General de la República”.
El gobierno desairó los requerimientos internacionales cuando decidió no enviar a ningún encargado de la investigación a la audiencia que se celebró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, en los últimos meses de 2023.
“Una audiencia sobre el caso Ayotzinapa donde lisa y llanamente ya ni siquiera asistieron los responsables del caso… eso nos habla de una desatención profunda y de un desdén a temas muy relevantes para la agenda de derechos humanos y sobre todo para las exigencias de justicia y verdad de las víctimas”, señala Aguirre.
Así como el discurso, también los actos cambiaron. Desde hace meses la Covaj, creada para esclarecer este caso, se desvaneció como autoridad para llevar la investigación. Con la salida de Encinas, fue el propio presidente López Obrador quien tomó el control y ahora él decide los pasos a seguir.
El proceso electoral para la Presidencia alcanzó al caso y para el jefe del Ejecutivo Federal un tema que no favorezca a su gobierno prefiere “ni tocarlo”, pues considera que cualquiera puede usarlo a él y a su administración con fines electorales.
Esta última idea la dejó clara en la conferencia del 21 de marzo, cuando puso en duda la fecha exacta en que se reuniría con las madres y padres de los normalistas desaparecidos, ya que pese a que dijo que sería 20 días después del 6 de marzo, ahora indicó: “Vamos viendo, lo que no quiero es que en los días que faltan de la elección se use”.
Tampoco dejó de afirmar que su propuesta de diálogo con los familiares sin intermediarios se debe a que los manipulan con el avance en las investigaciones, porque hay quienes quieren que su gobierno quede mal.
“Sentimos que hay mucha hostilidad”, dijo de los asesores de los familiares, porque “hay intereses politiqueros” que además “están utilizando este lamentable caso para sacar ventajas. No van a sacar absolutamente nada, pero es gente que no quiere realmente que se haga justicia, hay gente que vive de administrar conflictos, saca provecho del dolor humano, farsantes, entonces queremos poner todo esto en claro, quiero hablar con ellos”.
Aunque las madres y los padres tampoco saben si de lo que realmente no se “sacará absolutamente nada” es sobre información veraz en torno a dónde están sus hijos, qué hicieron con ellos la noche de Iguala y hasta dónde está implicado el Ejército.
Todavía no se aclara el caso y surge un hecho que ha generado más descontento, pues está relacionado con la actuación de la autoridad que aún mata estudiantes, como el normalista Yanqui Kothan Gómez, asesinado presuntamente por policías de la Secretaría de Seguridad de Guerrero, a pesar del discurso presidencial.
