No fue el Ejército ni el Estado; Sedena señala a Guerreros Unidos
Carlos Ramírez
En un hecho sin precedente en materia de información que tiene que ver con asuntos militares de seguridad nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional contestó por enésima ocasión las argumentaciones el grado de insidia de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y reiteró que los muchachos fueron detenidos por la policía municipal de Iguala y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
La primera explicación oficial fue la del presidente Peña Nieto y su procurador Jesús Murillo Karam señalando que se trató de un incidente no definido por el Estado nacional, sino con consideraciones de fuero común y que tenía como principal involucrado y responsable a Gildardo López Astudillo, un capo que ordenó al subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, que le hiciera entrega de 17 estudiantes detenidos.
La tesis de los padres de los 43 es muy simple: el Estado federal ordenó el arresto de los estudiantes y los entregó al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los llevaron a un lugar específico y los desaparecieron. La presión de los padres llevó a la decisión del presidente López Obrado de autorizar el arresto de militares del 27 batallón de infantería que eran señalados como responsables directos del secuestro y la matanza, pero hasta el momento no existen pruebas periciales que apoyen esta versión.
A nueve años del suceso, el secretario de la Defensa Nacional, general Cresencio Sandoval González, difundió la tarde del martes 26 de septiembre una amplia carta de 8 folios a renglón seguido dirigida al presidente de la República para informarle del cumplimiento de las instrucciones presidenciales de entregar toda la información que la dependencia tenía sus archivos, pero para señalar también con mucha claridad que los padres están exigiendo otros documentos que no están en las instalaciones militares. Esta difusión de la información, acompañada de copias de documentos oficiales, complementa la decisión gubernamental y militar de abrir todas las instalaciones militares para que agrupaciones civiles ligadas a los padres de los 43 estudiantes pudieran revisar la inexistencia de presuntas salas de tortura o cementerios clandestinos.
Aún con decisiones que pudieran afectar la información de seguridad nacional en Sedena, el mando militar ha respondido de manera positiva a todas las exigencias de los padres y de los grupos asesores que deslizaron insinuaciones negativas ante la falta de pruebas contundentes. Y de manera inusual, la dependencia castrense también permitió citatorios a todos los militares mencionados por los padres, incluyendo el arresto de miembros del 27 batallón, con la circunstancia agravante de que esas aprehensiones se hicieron sin cumplir con los requisitos de aportación de pruebas, pero aceptados como parte de la voluntad militar de desahogar todas las insinuaciones de los padres.
La larga carta del general secretario del presidente de la República –ocho folios a renglón seguido y 41 páginas de documentos, ahora de conocimiento público– enlista de manera exhaustiva todas las acciones y decisiones de la Sedena para responder a las quejas y protestas de los padres.
En este contexto, el general secretario Sandoval González reitera en su carta “el pleno compromiso” de la Secretaría de la Defensa Nacional con “la justicia y la verdad” y refuerza que en todo momento ha colaborado con todas las agrupaciones que asesoran a los padres de los 43 estudiantes para aclarar las actividades militares la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Asimismo, el general secretario establece con precisión que la Sedena ha puesto a disposición de todos los involucrados toda la información disponible que le ha sido requerida y los archivos de los organismos militares para la búsqueda de documentos relacionados con el caso, sobre todo a los integrantes de la Comisión de la Verdad y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En el último párrafo de su carta, el general secretario redobla el compromiso y disposición para seguir apoyando a los madres y padres de los afectados, pero dejó muy en claro que “existen otros actores que pueden aportar valiosos datos para coadyuvar a este esfuerzo conjunto, como es el caso del propio testigo Gildardo López Astudillo alias el Cabo Gil, señalado como el orquestador y uno de los principales autores materiales de la desaparición de los estudiantes normalistas, tal como se desprende de los chats telefónicos proporcionados por la DEA”.
Lo malo del asunto, sin embargo, radica en la insistencia de los padres de los estudiantes de culpar al Estado y al Ejército de un suceso que involucró a funcionarios municipales y estatales del PRD y a sus policías también municipales que estaban al servicio del crimen organizado.
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