Rocha Moya busca “chivos expiatorios”

Álvaro Aragón Ayala

En medio de la vorágine de las fallas en la comercialización de maíz, el gobernador Rubén Rocha Moya utiliza a las empresas internacionales Gruma, Cargill y Minsa como “chivos expiatorios” en los que descarga las culpas del fallido programa de compra del cereal que dejó al libre mercado más de 4 millones de toneladas del grano.

Los agroproductores han denunciado el fracaso del programa de adquisición de maíz y el colapso que envuelve a la actividad agrícola comercial. El gobierno “tronó” la agricultura al cancelar los subsidios y los programas de apoyo al campo. La elevación en los costos de producción sume en la quiebra a los agroproductores.

La agricultura está en bancarrota; no recibe ningún apoyo del gobierno que además cerró las operaciones de la Financiera Nacional de Desarrollo Rural que ofrecía créditos baratos a los productores del campo. La siembra de maíz se convirtió en una actividad no rentable.

Bajo la presión de los agroproductores que consideran que el gobierno los abandonó, Rubén Rocha Moya y Segalmex echaron a andar un programa de adquisición de un millón 800 mil toneladas de maíz a un precio de 6 mil 965 pesos la tonelada con la intención de “presionar” a los industriales para que lo adquieran más de 4 millones de toneladas al mismo precio o bien a 6 mil 300 pesos la tonelada del cereal.

Sin embargo, las empresas Gruma (Maseca es su subsidiaria en México), Cargill y Minsa no tienen ninguna obligación legal o jurídica para adquirir la tonelada del maíz a un precio fijado por Segalmex y el gobierno del estado. Los industriales se rigen por los precios fijados por la Bolsa de Chicago. El mercado fluctúa entre los 5 mil 200 a los 5 mil 350 pesos la tonelada.

Sin reparar en que los altos costos de producción y sin considerar que el gobierno desapareció los subsidios y más de 10 programas de apoyo a la agricultura, Rocha Moya trabaja en un esquema publicitario para culpar a los industriales de la falta de solidaridad con los productores por negarse a comprar la tonelada del cereal cuando menos a 6 mil 300 pesos la tonelada.

El plan de Rocha Moya es exonerar al gobierno de las fallas del programa de comercialización y de la bancarrota del campo sinaloense y usar como “chivo expiatorio” a Gruma, Cargill y Minsa, cuyos directivos están seguros de que es obligación del gobierno equilibrar con una serie de estímulos la compra de cosechas cuando los precios se desplomen y pueden provocar la ruina de los productores agrícolas.

El gobernador trata de desviar la atención para no cargar con la responsabilidad de la falla del programa de comercialización del maíz y para aparentar que se suma a los productores en su lucha por alcanzar un precio base a sus cosechas el cual es un compromiso del gobierno, no de los industriales que se rigen bajo las reglas del mercado internacional.

Las compras gubernamentales ascenderán a un millón 800 mil de toneladas -según confirmó el pasado 3 de mayo el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha- las cuales se pagarán a 6 mil 965 pesos por tonelada, precio 34 por ciento superior a los casi 5,200 pesos del mercado, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.

El gobierno federal y el estatal ofrecieron para pequeños productores de hasta 10 hectáreas, la compra de un millón de toneladas. Para productores de hasta 50 hectáreas, la compra de un volumen de 300 mil toneladas a través de Segalmex y 500 mil toneladas a través del gobierno del estado, alcanzando así las 1.8 millones de toneladas.

Sin embargo, ese monto representa únicamente 30 por ciento de la producción de Sinaloa, estado mayor productor del país, con un aporte de casi una cuarta parte de la cosecha nacional. La propuesta gubernamental no considera al resto de la producción (de Sinaloa) que estará entre 4 a 4.3 millones de toneladas.

La apuesta del gobierno es apuntalar el precio de mercado en México retirando una parte de la producción con el precio de garantía. La función del arancel sería encarecer la importación de producto, con la clara intención de evitar que Gruma, Cargill y Minsa miren al exterior buscando precios más bajos.

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