Y, sin embargo, la inseguridad sigue siendo seguridad interior
Carlos Ramírez
La revisión del tema concreto de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional hizo perder de vista, inclusive a los ministros de la Corte, que el problema de que la inseguridad no es un asunto de policías y ladrones, sino que el crimen organizado se ha convertido ya en un poder criminal que le disputa hegemonía, espacios territoriales y control de instituciones al Estado.
La decisión de los ministros de la Corte de mantener la configuración civil de la Guardia puede considerarse una victoria de los diferentes grupos del crimen organizado que están capturando las estructuras del Estado y que tienen ya algunas zonas francas territoriales en la República, además de mantener una disputa violenta por el dominio nacional con las instituciones del propio Estado.
La lectura estratégica de la decisión de ocho ministros de la Corte el martes 18 de abril no debe verse como una victoria/derrota entre poderes constitucionales, sino que debiera atender a cuando menos cinco crisis fundamentales:
1.- La Constitución no ha dado el paso adelante en materia de seguridad y sigue estancada en la conceptualización de la seguridad pública que involucra sólo a los bienes de los particulares.
2.- Sin embargo, el país se encuentra en un hoyo determinado por una crisis de la seguridad interior, un concepto que señala un enfoque interno de las percepciones que ven la inseguridad como una disputa entre el Estado con responsabilidad de seguridad nacional/gobernabilidad democrática y el crimen organizado que está avanzando como la humedad en el control de las estructuras del poder institucional.
3.- La decisión de vincular a la Guardia Nacional con la Sedena no fue un acto de autoritarismo represor contra la disidencia civil, sino el reconocimiento de que las bandas del crimen organizado quieren capturar el poder público para sus beneficios, como lo demuestran los casos de funcionarios civiles de seguridad corrompidos por la delincuencia.
4.- Las evidencias estadounidenses que revelan la capacidad de fuego, fuerza y objetivos de dominación institucional de los cárteles del narcotráfico debieron haber estado en el escenario analítico de los ministros que decidieron regresar la Guardia Nacional a un cuerpo policiaco y no asumir la responsabilidad de considerarlo una estructura de seguridad nacional del Estado.
5.- La nueva caracterización del Estado retorna a sus términos originales: defender la seguridad del ciudadano y sus bienes, pero también proteger al Estado de estructuras delictivas internas que se han expandido en verdaderas organizaciones transnacionales del crimen organizado. Los ministros de la Corte tenían la obligación jurídica de tomar sus decisiones en el escenario del nuevo paradigma de la seguridad interior entendida como la obligación del Estado de usar la fuerza pública contra organizaciones criminales que le disputan poder al estado.
La decisión gubernamental del presidente López Obrador de involucrar a las Fuerzas Armadas en acciones de apoyo a la seguridad pública tuvo que ver con la estructura del poder criminal que está tomando el control de zonas territoriales de la soberanía del Estado en la República y que no sólo se dedica a delinquir o a vender droga en las esquinas, sino que ya se involucró en actividades que en el 2021 revelaron la participación de los cárteles en la imposición de candidatos y en el apoyo a algunas victorias electorales.
El involucramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en labores de apoyo a la seguridad pública se dio en la percepción estratégica de que, por ejemplo, los cárteles de Sinaloa y de Jalisco no son de pandillas que asaltan ciudadanos en la calle para robarle su quincena, sino que han llegado a demostrar su poder corrompiendo a las altas autoridades de las policías civiles a fin de lograr la complicidad del Estado o de sus estructuras en el tráfico de drogas y en la gestión de negocios delictivos asociados, a partir, también, del reconocimiento implícito de que el poder criminal sólo puede ser combatido por el poder institucional de las Fuerzas Armadas.
Desde ahora se puede adelantar la certeza de que la Guardia Nacional como institución civil será otra policía más por abajo del poder criminal.
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