México enfrenta evaluación de medidas antilavado con debilidades y falta de controles
Carina García
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) evaluará a México en materia de controles al lavado de dinero y el panorama no es optimista. Casos como el de Vector Casa de Bolsa y los bancos CIBanco e Intercam —señalados por el gobierno de Estados Unidos por acciones ilícitas y relación con cárteles mexicanos– o el de huachicol fiscal empañan los esfuerzos del gobierno de México.
En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó más de 10 millones de actividades vulnerables y presentó denuncias en 150 casos, sin embargo fue el gobierno de EU el que reveló el escándalo de lavado de dinero que involucró a los bancos con el crimen organizado.
En junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EU señaló a Vector Casa de Bolsa, fundado por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; CIBanco, del empresario Jorge Rangel de Alba Brunel, e Intercam, del empresario Eduardo García Lecuona Mayeur, como instituciones financieras de “principal preocupación” por presuntas operaciones ilícitas ligadas al Cártel de Sinaloa, así como sobornos al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, preso en ese país.
La sanción se dio en medio de la estrategia que emprendió el presidente Donald Trump para debilitar la estructura financiera de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, nombradas previamente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE).
A siete meses de que se reveló el caso, los bancos tuvieron consecuencias: CiBanco fue vendido a Grupo Multiva y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) intervino y revocó la licencia a Casa Vector, pero no se conocen acciones penales por este caso y bajo esas condiciones es que México enfrentará su evaluación de controles antilavado.
Gabriel Regino, abogado penalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, considera que la revisión a México detectará la persistencia de vacíos en instituciones y legislación que frenen efectivamente el blanqueo de activos.
“La evidencia señala que faltan controles y hay actividades vulnerables que siguen desarrollándose fuera de los márgenes de ley”, dice en entrevista.
¿Por qué México será evaluado por GAFI?
El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 para indicar medidas y estándares internacionales que frenen el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, el fraude cibernético y otros delitos; 200 países se comprometieron a asumir sus recomendaciones, por lo que sus medidas son revisadas periódicamente.
Actualmente hay 40 recomendaciones a cumplir que se han perfeccionado con los años debido a que los grupos criminales también sofisticaron sus mecanismos para blanquear fondos.
La revisión de GAFI consiste en la visita de expertos internacionales que se entrevistan con distintas autoridades, van evaluando la legislación, los resultados que se han tenido, por ejemplo, en decomisos, para ver si se está cumpliendo con las recomendaciones.
En la más reciente revisión, la de 2017-2018, no hubo una buena evaluación, por lo que la SHCP solicitó la recalificación de siete de 16 recomendaciones que fueron calificadas como parcialmente cumplidas (PC), y en 2021 se reportó que GAFI determinó que “México ha mejorado en seis de las siete recomendaciones en las cuales solicitó recalificación”.
Actualmente, la mexicana Elisa de Anda Madrazo encabeza la GAFI, por lo que liderará al grupo de expertos que realizará la evaluación a México.
Esfuerzos desde México
En los últimos años se ha reforzado la legislación en la materia, por ejemplo, con las reformas “antilavado” –vigentes desde julio de 2025– que prevén mecanismos de colaboración entre la SHCP, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y organismos internacionales.
En 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la institución mexicana encargada de detectar, recibir avisos sobre posibles actividades de riesgo vinculadas al lavado de dinero y promover denuncias, recibió 10.1 millones 122,662 avisos de las actividades vulnerables, que van desde operaciones con activos virtuales, juegos de apuestas, concursos y sorteos, hasta el uso de tarjetas prepagadas.
Sin embargo, solo se presentaron 150 denuncias en contra de 1,329 sujetos, ya que el grueso de las operaciones, al menos las reportadas por la UIF, son transferencias internacionales de fondos de escaso monto: 9.5 millones de reportes por envíos por un monto igual o superior a 1,000 dólares de los Estados Unidos o su equivalente en moneda extranjera.
Los datos de la UIF muestran que en relación a otros años, el 2025 tuvo el más alto número de “operaciones preocupantes” registradas en 21 años, de 2004 a diciembre de 2025, con 918 casos.
Aun con estos resultados en México, el caso de Vector Casa de Bolsa se detonó en el extranjero, y la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no tenían información al respecto, es decir, que la UIF no logró detectar las presuntas operaciones ilícitas.
En ese contexto, el especialista Gabriel Regino insiste que estos casos ponen en evidencia que no se han atajado los delitos y no podrá hacerse si aún hay canales financieros por los cuales se blanqueen los capitales.
Esas circunstancias, obviamente que nos van a golpear en la próxima evaluación (de GAFI), porque van a decir que México sigue sin cumplir los estándares de controles y prevención de lavado de dinero. Gabriel Regino, abogado penalista.
