La pensión a adultos mayores acaparará gasto de programas sociales para 2024

Dulce Soto

El gobierno federal tendrá que “ajustarse el cinturón” en 2024 porque estima contar con menos ingresos. Pero eso no le impedirá destinar mayores recursos al programa Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores y a los megaproyectos.

Según los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se plantea incrementar en un 29% el presupuesto a este programa social en 2024, año de las elecciones presidenciales. Con casi 100,000 millones de pesos adicionales, la dependencia propone subir el gasto de este programa de 339,341.4 millones de pesos a 439,149 millones de pesos.

Este programa social sería el único con un aumento significativo en 2024, ya que para el resto se esperan incrementos mínimos, que apenas consideran la inflación.

“Son muchísimos recursos los que se están yendo a este programa y, obvio, no se puede dejar de analizar este escenario en 2024, que va a ser en pleno contexto electoral”, observa Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El programa Servicios a grupos con necesidades especiales, por ejemplo, pasaría de 318.8 millones de pesos aprobados en 2023 a 334.2 millones de pesos en 2024. El Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras subiría de 2,926.5 millones de pesos a 3,067.7 millones de pesos; Sembrando Vida, de 37,136.5 millones de pesos a 38,928.6 millones de pesos, y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, de 26,577.8 millones de pesos a 27,860.4 millones de pesos, según los Precriterios Económicos 2024 que la SHCP entregó al Congreso de la Unión apenas este 31 de marzo.

Es decir, en términos nominales, cada uno de estos cuatro programas sociales, a cargo de la Secretaría del Bienestar, tendría apenas 4.8% más recursos el próximo año.

La pensión con más recursos

Ya en 2023, la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores acapara el presupuesto total que se destina a los programas sociales. De cada 10 pesos dedicados a este rubro, cuatro son para esta iniciativa.

Aunque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en diversas ocasiones que su administración gastaba más en programas sociales que gobiernos anteriores, fue hasta este año que realmente rebasó el presupuesto promedio, con 865,227 millones de pesos.

“En 2014, se habían gastado 811,000 millones de pesos y, prácticamente, después de este año, se había mantenido por debajo de los 800,000 millones de pesos el gasto en programas sociales”, explica Guadarrama.

Pese a que Hacienda estima contar con 131,000 millones de pesos menos en ingresos presupuestarios en 2024, el aumento a la pensión se mantiene. El riesgo es que, para cumplir este objetivo, el gobierno aplique recortes en otras áreas importantes.

La apuesta es recortar el gasto administrativo de las dependencias de la Administración Pública federal, según la SHCP. Sin embargo, advierte Guadarrama, esta política de austeridad ya ha afectado la operación de algunas instituciones.

“Las finanzas públicas continúan presionándose. A pesar del optimismo de la Secretaría de Hacienda, sí vamos a ver un cierre de año complicado y, el siguiente año, en pleno proceso electoral, habrá que ajustar más el cinturón dentro de la administración. No es una buena noticia si consideramos que la austeridad ya está impactando la operación”, advierte.

Otra preocupación es el desbalance en la asignación de recursos para los programas sociales, pues no se considera un presupuesto intergeneracional. Es decir, el dinero se centra en adultos mayores, mientras que el destinado a otros sectores poblacionales, como niñas, niños, adolescentes, madres o emprendedores, expone, queda de lado.

“Nadie está en contra de un programa social que ayuda a este sector de la población, pero no es un presupuesto que esté pensando en futuras generaciones”, resalta.

Las elecciones 2024

Aunque la Secretaría de Hacienda ha hecho énfasis en que los recursos para los programas sociales y las obras prioritarias se mantendrán en este sexenio y, en el caso de los primeros, incluso aumentarán, el experto del IMCO considera que, en el contexto económico actual, esta decisión se relaciona también con las próximas elecciones federales.

“Se da en este contexto electoral un mayor gasto en programas prioritarios. Sin duda, sí hay un riesgo de que se den estos apoyos de forma clientelar”, subraya.

Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas, coincide. La opacidad con la que se ejercen los programas sociales en el actual gobierno aumenta el riesgo de uso clientelar rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“La falta de transparencia abre la puerta a usar los programas sociales como ‘moneda electoral’”, ha señalado.

Sin efecto en la pobreza

La pensión para personas adultas mayores no se creó en este sexenio. Opera, al menos, desde 2013. Y debido a que la entrega de este apoyo ya generaba presión a las finanzas públicas desde 2019, ese año el gobierno de López Obrador subió la edad mínima para recibir la pensión de 65 a 68 años. Sin embargo, diversas críticas echaron para atrás la decisión.

En 2022, disminuyó de nuevo la edad para recibirla y, además, el presidente anunció un incremento de 25% a este programa social.

“Obviamente, es un sector clave en términos electorales”, afirma Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Ambos especialistas indican que, además, hasta ahora estos programas sociales no han logrado disminuir la proporción de la población que vive en pobreza y tampoco llegan a las personas con menos ingresos.

Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que la pensión de las personas adultas mayores ha aumentado las carencias en materia de salud y educación en este sector de la población.

Esto se debe a que, aunque el programa tiene por objetivo contribuir a la protección social de las personas adultas mayores por medio de apoyos económicos, eliminó las acciones adicionales de protección social en salud, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). También eliminó el componente que priorizaba a personas indígenas.