Caso Genaro: golpe de EU al corazón del Estado mexicano
Carlos Ramírez
El juicio de Estados Unidos contra el secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue un acto de intervencionismo extraterritorial contra el Estado mexicano, pero sin reconocer que la estructura del narcoestado es consecuencia directa de la exigencia de drogas de los adictos y consumidores estadounidenses.
Una decisión de Estado por parte del Palacio Nacional sería el sellado absoluto de la frontera mexicana con EU para que ni un gramo de droga cruce la frontera para atender las necesidades de los consumidores americanos y con ello demostrar la corresponsabilidad política y de Estado de la Casa Blanca en el problema del narcotráfico en México.
Asimismo, tendría que tomarse la decisión mexicana de Estado para replantear en su totalidad la estrategia de seguridad y lanzar una ofensiva radical para desmantelar las estructuras criminales, armadas, económicas, de corrupción y sociales de los principales cárteles de la droga, dejando a un lado los abrazos y rompiendo de tajo la estructura de poder del crimen organizado de la droga.
El problema del caso de García Luna no radica en señalar con ironías y decepciones que se trató de un juicio sin pruebas muy propio del sistema judicial penal estadounidense, sino que habría que atender el hecho de que el tribunal de Brooklyn caracterizó al Estado mexicano como un narcoestado, aunque en términos académicos se puede probar de que aún no se configuran las condiciones para un narcoestado en México.
Y como tercera gran decisión mexicana debería asumirse una campaña de Estado para denunciar que la estructura del narcotráfico en el mundo es consecuencia directa del consumo de droga en diferentes niveles a intensidades de aproximadamente 100 millones de personas dentro de EU.
En este sentido y como punto decisivo de la campaña de denuncia de que la demanda de droga determina la oferta, el gobierno mexicano podría elaborar un documento para probar con documentos oficiales de la DEA que nueve cárteles del crimen organizado mexicano han instalado con impunidad y facilidades células dentro de EU para la recepción del contrabando de droga, su distribución en 50 estados americanos, la entrega de la venta al menudeo de la droga en las calles a esos mismos cárteles y el flujo de narco dólares con libertades en el sistema financiero estadounidense.
Las evaluaciones de la DEA han reconocido desde 2005 que los cárteles mexicanos se instalaron en 44 de los 50 estados americanos y operan debajo de las narices de las oficinas de la agencia antinarcóticos. Mientras Estados Unidos no penalice con severidad el consumo de droga, el tráfico dentro de Estados Unidos estará determinando la existencia de cárteles que producen y trafican con drogas mexicanas.
El criterio de extraterritorialidad de Estados Unidos para arrestar a exfuncionarios mexicanos y el juicio contra García Luna en Brooklyn forma parte de una política intervencionista de Estados Unidos permitida por México no solo como política exterior sumisa, sino por la falta de decisión de los últimos gobiernos mexicanos para combatir en serio y a fondo a las estructuras criminales.
La declaración de culpabilidad contra García Luna lleva a punto culminante la crisis del narcotráfico en México que comenzó en Sinaloa en los setenta con la creación del triángulo dorado para producir drogas que necesitaban los soldados americanos en Vietnam y arrancó de manera formal con la penetración de policías vinculados al crimen organizado en las estructuras del Estado en 1976 con la designación de Arturo El Negro Durazo Moreno como jefe de la policía capitalina, a pesar de los avisos estadounidenses de que como comandante de la Federal de Seguridad en el aeropuerto del DF era el encargado del tráfico de drogas.
La declaración judicial de culpabilidad de García Luna pegó directo al corazón del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional y estalló en México una crisis de seguridad nacional por el arresto de un exalto funcionario mexicano a nivel presidencial y el juicio probó, de acuerdo con las reglas estadounidenses, que México debería ser considerado un narcoestado.
Finalmente, el Estado mexicano debe congelar las relaciones de seguridad con Estados Unidos, replantear su estrategia de seguridad para combatir y liquidar la producción y tráfico internacional de drogas, enfriar el funcionamiento de las oficinas estadounidenses en materia de seguridad criminal y reconstruir el aparato y la estrategia de seguridad para –ahora sí– destruir a los cárteles mexicanos.
De no hacerlo, Estados Unidos habrá asumido el dominio de México.
