La dañina cercanía de “El Químico” Benítez
Álvaro Aragón Ayala
El pronóstico en el sentido de que la incorporación del corrupto Guillermo -El Químico- Benítez ensuciaría el gabinete de Rubén Rocha Moya fue puntual y consistente ya que se elaboró en el entendido de que no nunca se manufacturó un Plan B para contener las exigencias ciudadanas que demandan que el ex alcalde mazatleco sea procesado por el saqueo y otros atropellos cometidos en perjuicio de la buena conducción del ayuntamiento de Mazatlán.
Para encadenar la lectura del vaticinio sobre la “renuncia” de “El Químico” Benítez y su designación como titular de la secretaría de Turismo de Sinaloa, es pertinente leer el artículo LA IMPUNIDAD SIGUE IMPUNE https://vocesnacionales.com/2022/10/26/la-impunidad-sigue-impune-felicidades-quimico/ , trabajo periodísticoqueplantea la decisión de alto riesgo que tomó el gobernador al sumarlo a su gabinete.
Los factótums de Rubén Rocha Moya no valoraron el alto grado de repudio colectivo y político que generaría (y provocó, por supuesto), el nombramiento de “El Químico” Benítez y no previeron las presiones que ejercerían las organizaciones ciudadanas en el Congreso Local, la Fiscalía General de Justicia y el Gobierno Estatal para que los rapiñajes económicos y las tropelías del ex munícipe no queden impunes.
Los “operadores” políticos del gobernador, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, y Feliciano Castro Meléndez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, no diseñaron un Plan B para impedir que la agenda anticorrupción que abanderan los colectivos sociales de Mazatlán le explotara en el rostro al gobernador Rubén Rocha Moya.
Por la falta de pericia para entender que una acción provoca una reacción y que una solución de un conflicto provoca otro conflicto cuando no se tienen el control de los grupos sociales/ciudadanos, la instalación de Guillermo -El Químico- Benítez al gabinete estatal le continua generando un grave problema de imagen al gobernador Rubén Rocha Moya.
Por la inexistencia de un Plan B de contención de daños, quienes demandan juicio político, el procesamiento penal y la inhabilitación y que sueñan con el encarcelamiento del exalcalde mazatleco, siembran la percepción en la sociedad de que Guillermo Benítez es protegido por el gobernador y por el diputado Feliciano Castro.
Difunden que la aplicación de la ley es selectiva y de que el discurso y las “acciones” contra la corrupción enmascaran jugadas de tipo político. El más perjudicado con la permanencia de “El Químico” Benítez en el gabinete es el gobernador; Feliciano filosofa en el Congreso del Estado y Enrique Inzunza asume la “postura del avestruz” como si el problema no existiera.
