Caso Luis Enrique: el “informe” novelesco de la Fiscal Sara Bruna Quiñonez
Álvaro Aragón Ayala
El miedo, la falta de capacidad investigatoria, la inercia y los intereses que se mueven al interior y exterior de la Fiscalía General de Justicia mantienen trabado y en el filo de la impunidad el caso del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, columnista de El Debate. Igualmente: los nulos resultados de la Fiscal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, en las supuestas indagatorias en relación a otros crímenes impactan negativamente en el proyecto del gobernador Rubén Rocha Moya que ofreció llevar justicia a las familias víctimas de la violencia criminal que se registra en Sinaloa.
El no esclarecimiento del crimen del autor de la columna El Ancla y fundador del portal Fuentes Fidedignas es un asunto que horada el sistema estatal de seguridad y justicia y que podría estigmatizar el gobierno de Rocha Moya, porque hay otros homicidios que permanecen impunes que revelan la arista incompetente de la Fiscal. Que conste: el del periodista no es el único: se le suman otros más -José Ramón Rubio López, Esteban López Beltrán, Miguel Ángel Sánchez Díaz -El Boxer-, Karla Pardini, etc.-. La lista de crímenes no resueltos es extensa. Casi a diario se registran asesinatos de “ciudadanos anónimos” que a la Fiscalía no le interesa investigar porque no levantan ruidos mediáticos ni protestas sociales.
Sara Bruna Quiñonez llegó a la Fiscalía recomendada por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, arribó con la derruida vestimenta de “la Juez de Hierro”. Gracias a la narrativa cursi, facilona, ganó fama pública de jueza dura, fuerte e incorruptible al hacerse cargo del juicio del exsecretario estatal de Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, al que se le quería penalizar por el “desvío” de 300 millones de pesos. Al final, el ex funcionario estatal quedó libre, exonerado, perdonado e higienizado. El show montado para “engrandecer” a Bruna Quiñonez, resultó una vergüenza para el Supremo Tribunal de Justicia, toda una mezcla de impunidad, simulación y del sometimiento de la ley a los acuerdos políticos.
Con la inexperiencia en el armado de la teoría del delito y la teoría caso, acostumbrada nada más a calificar expedientes o emitir sentencias sustentadas en investigaciones realizados por otras personas, la Fiscal Sara Bruna Quiñónez no sabe diferenciar la investigación policial de la “hipótesis delictiva” quedando atrapada por la teoría del “celular desaparecido” que dibuja la narrativa de una novela policial increíble con la que se “identificó” y en apariencia tratan de capturar y llevar a juicio a los supuestos autores del asesinato de Luis Enrique Ramírez.
Para identificar a los aparentes criminales del periodista y emitir dos órdenes de aprehensión, se tomó como cierta una “conclusión policial”, no una investigación que reúna los datos de prueba obtenidos de manera científica ya sea de la escena del asesinato, de intervenciones telefónicas, de cateos o de entrevistas de testigos reales no fabricados o montados. La Fiscalía eslabonó al homicidio y judicializó a Brisya Carolina, esposa de uno de los presuntos autores del asesinato, a quien endilgó el ilícito de encubrimiento por favorecimiento, delito que en este caso no se da, no procede, por la relación de pareja con el acusado.
Todavía está en el limbo si la noche o madrugada en que lo mataron, Luis Enrique Ramírez salió de su casa rumbo a un expendio cervecero, en cuya cercanía, en un principio, se dijo que fue agredido y baleado y si desde ahí, ya herido, corrió a la casa de Brisya Carolina, pidiendo ayuda o si marchó directo al domicilio de Brisya a la que le gritaba desde la reja de ese hogar a que le abriera la puerta, hasta donde llegaron, se dice, dos personas que lo balearon, lo subieron a un automóvil, lo mataron y arrojaron su cuerpo emplayado en las cercanías de El Ranchito.
Desde un principio, la “investigación” fue arropada por el chismerío policial y político. El crimen del comunicador fue politizado intentando elevarlo a mártir, plan que falló cuando la indagatoria entró en “un plan serio” que desacralizó post morten a Luis Enrique; después se pretendió criminalizar a su pareja. La demonización del comunicador bajó de intensidad la exigencia del esclarecimiento de su asesinato, quedando en el escenario únicamente la “conclusión policial” de Sara Bruna Quiñonez: “fue un asesinato circunstancial”.
Fortuito o no, el crimen no ha sido resuelto ya que aunque se liberaron dos órdenes de aprehensión, nadie se atreve a ejecutarlas por temor a que se desaten actos de represión contra la Policía Investigadora o contra funcionarios de primer nivel de la Fiscalía General de Justicia, reforzándose la hipótesis y la sensación social de que los crímenes “del tamaño” del de Luis Enrique Ramírez, de El Debate, y otros como el de José Ramón Rubio López, Esteban López Beltrán, Miguel Ángel Sánchez Díaz -El Bóxer-, Karla Pardini; más los que matan y tiran sus cadáveres aquí, allá y acullá, no son investigados por miedo a los grupos delictivos, por falta de capacidad, por la inercia y por los viejos intereses internos y externos que siguen anidados en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
