La violación de la dignidad póstuma de Luis Enrique 

Álvaro Aragón Ayala 

Si bien el gobernador Rubén Rocha Moya precisó que antes del 7 de junio -Día de las Libertad de Expresión- se darán a conocer los resultados de la investigación del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos y tal vez, también, se “presente” a los probables autores materiales del proditorio homicidio, para el grueso de la sociedad y el gremio periodístico con capacidad de análisis es clara la violación póstuma a la dignidad del comunicador, la politización de su cadáver y el uso perverso del crimen.  

El atentado criminal y el cuerpo inerte, sin vida, de Luis Enrique fue instalado “simbólicamente” en el Tercer Piso del gobierno del Estado para entronizar una jugada maquiavélica y poder procesar, con engaños y una trampa legaloide violatoria a la Constitución y a los derechos humanos, el despido del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, dando a entender que el asesinato le cayó como “anillo al dedo” al gobierno estatal para deshacerse de quien, en calidad de dirigente del Partido Sinaloense, fue factor decisivo en el triunfo electoral de Rubén Rocha. 

La felonía política reflejó la “estructura mental” de los funcionarios del gobierno estatal, quienes, apropiados del cadáver de Luis Enrique, por un lado, soban la espalda a un segmento de comunicadores que se trasmutan en corte adulación y, por otro, desacreditan a quienes revelan los enjuagues del poder y aportan las primeras pistas de la corrupción de un gobierno que apenas inicia y que manda la lectura de que está dispuesto a todo con tal de mantener un estatus de credibilidad aceptable.  

Es una verdad inobjetable que la Fiscal General de Justicia del Estado, Sara Bruna Quiñónes Estrada, no es quien dirige la investigación del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Desde un principio, la carpeta de investigación cayó en manos del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez. Así, en la indagatoria fueron clavadas las raíces de la perversidad y la duda. El aserto periodístico se fortalece con la certeza de que Inzunza manipula a Sara Bruna. El sonsonete que el funcionario estatal blasona es que es el poder atrás y adelante del trono estatal.  

Al politizar el cadáver de Luis Enrique Ramírez y pretender direccionar la inconformidad provocada por el asesinato, al querer “manipular” el impacto psicológico que generó el crimen en la sociedad y en el gremio periodístico mandando un falso mensaje de respeto y buena voluntad a los comunicadores, el gobierno de Rubén Rocha vulneró  la memoria póstuma del columnista de El Debate y faltó a los principios de la necroética, que considera las relaciones afectivas y simbólicas en torno al cadáver como extensión de la dignidad humana, la cual no claudica con el término de la vida.  

El manoseo político del cuerpo sin vida y los traspiés y escarceos publicitarios-propagandísticos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa fueron más allá de la presentación de la evidencia física-criminalística de muerte de Luis Enrique, de la necropsia y la de una “investigación normal”. Rayó en el descaro y la ruindad política. El decoro post mortem del periodista fue violado. Fue un insulto a la inteligencia colectiva. 

En manos de Enrique Inzunza, los resultados de la investigación del asesinato de Luis Enrique Ramírez y la «presentación» de los presuntos asesinos, sean quienes sean, siempre estarán cubiertos por la duda razonable, por la desconfianza ciudadana y la sospecha del gremio periodístico. Queda claro: el gobierno estatal desfila por los peligrosos senderos de la mentira y la institucionalización de la grilla y la venganza política.    

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