Contagios y muertes: Quirino y su responsabilidad penal
Álvaro Aragón Ayala
Sobre la exigencia del regreso a clases de manera “voluntaria”, la polémica se centra sobre los riesgos de contagio y muerte por los “focos de infección” en que seguramente se convertirán las aulas, pero hasta ahora no se profundiza en las responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas en que incurriría, al exponer a la enfermedad y al fallecimiento a estudiantes y maestros, el principal responsable en Sinaloa de esta iniciativa: el gobernador Quirino Ordaz Coppel.
Es de la competencia del gobierno estatal velar para que se garantice el derecho a la vida y el derecho a la salud de los sinaloenses, agendas que han sido olvidadas en la pandemia bajo el argumento de “proteger” las actividades productivas, dejando a expensas del coronavirus a miles y miles de familias.
El gobierno no asume acciones coercitivas ni de atención de los enfermos ni ayuda a las familias víctimas mortales de la pandemia, ocultando su responsabilidad en el chip o sonsonete en ristre de la “confianza” quirinista hacia la población para que se cuide de no contraer la infección viral.
El derecho a la vida es un derecho universal, es decir que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales.
Igualmente, toda persona tiene derecho a la salud, a obtener un cierto nivel de atención sanitaria y salud, como a la obligación del Estado (en este caso el gobierno del estado) de garantizar un cierto nivel de salud pública y/o un sistema de protección sanitaria.
El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud posible. Esto significa que el estado de salud dependerá de cada uno y que el Estado debe asegurar el mismo acceso a la atención médica al conjunto de su población (obligación de medio).
De este modo, el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que el gobierno estatal debe asegurar:
1-El derecho a un sistema de protección de la salud
2- El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades
3-El derecho al acceso a los medicamentos esenciales
4-El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados
5- El derecho a la educación y la concienciación sobre la salud
Quirino Ordaz Coppel le ha mentido en varias ocasiones a la población sobre el control de la pandemia y no le ha interesado imponer medidas estrictas de sanidad pública porque bajo su apreciación esto provocaría el colapso de las actividades productivas primarias y de otros sectores como la industria hotelera y gastronómica. El caso de Mazatlán es punto de referencia de los intereses personales del gobernador, a quien le importa más que sus hoteles permanezcan abiertos, pese al extremo de los contagios y muertos en el municipio porteño.
El mandatario estatal engaña y se autoengaña cuando su aparato de comunicación y el Comité de Salud difunden que hay camas suficientes en los hospitales públicos para atender a los contagiados de coronavirus, nosocomios en donde no cabe ni un alfiler y hace falta lo indispensable: medicamentos para atender a los infectados. Los particulares tienen que cubrir los gastos de las medicinas para sus enfermos porque el gobierno de Quirino prefiere pagar por calles pavimentadas y por la ejecución de obras suntuosas que atender a las víctimas de la pandemia.
En este escenario y en el pico de la “tercera ola” de contagios y muertes –en Sinaloa el reporte oficial es de más de 7 mil 200 fallecidos- el gobierno de Quirino Ordaz presiona, exige, el retorno a clases “no obligatorio”. A la demanda se suman autoridades de Educación con el tradicional doble discurso como si trataran de convertir las escuelas de todos los niveles, incluyendo las Universidades Públicas y privadas, en laboratorios de experimentación antiCovid en donde los maestros y alumnos sean tratados como “conejillos de indias” y sometidos al método de ensayo y error, metiéndose por el arco del triunfo el reporte semanal de 222 muertos más.
Pero a estas alturas es difícil engañar a la sociedad: Irrita a los maestros y alumnos, a los padres de familia, que en plena pandemia, con el reporte de la acelerada mutación de variantes del virus del Covid altamente letales, se quiera usar dolosamente a las escuelas y universidades para lograr la inmunidad de rebaño, sin importar el alto número de muertes que eso ocasionaría; insulta por enésima ocasión la “memoria” de miles de fallecidos y sus familias y de miles y miles de contagiados con secuelas pulmonares y cardiacas, el hecho de que el gobierno y continúe haciendo alarde de sus frivolidades y mentiras para culpar de las muertes a la “población irresponsable”.
Quirino Ordaz Coppel y las autoridades educativas y sanitarias incurren en poses y actitudes pueriles, irresponsables, dolosas e imprudentes. La soberbia y los intereses económicos los ciega y maniata. No escuchan a nadie: En Derecho, la situación de contagio de Covid deliberado o negligente, sí franquea diversas categorías de responsabilidad penal, civil y administrativo por “la transmisión de persona a persona” del mortal virus.
En caso del regreso a clases, sí se podrán configurar delitos y penalidades si la conducta que conduce al contagio y muerte de estudiantes, maestros, personal administrativo y de intendencia, se sustenta en una errática política gubernamental, basada en caprichos o el manejo doloso de datos falsos de contención de la pandemia para aparentar supuestos éxitos en materia de salud, a sabiendas de que, a estas alturas, todos sin excepción, potencialmente todos, pueden diseminar el coronavirus.
Por ser Quirino Ordaz el responsable o al garante de la vida y salud de los habitantes de Sinaloa –en este caso de la comunidad estudiantil y el gremio de los maestros-, pude ser blanco de demandas penales, civiles, administrativas y políticas para que indemnice, por sus erráticas acciones, por los perjuicios y daños, contagios y muertes que ya causó y pueda seguir causando, comprometiendo igualmente al Estado y la responsabilidad patrimonial de éste al atentar contra la vida y salud con el cacareado regreso a clases.
