Trama “legal” contra Felton y la secretaria de Turismo de “El Químico” Benítez y “El Diablo” Higuera
Álvaro Aragón Ayala
El alcalde Guillermo -“El Químico”- Benítez Torres opera la limpieza del “Caso Nafta” para eludir su responsabilidad en el pago de una “indemnización” millonaria y poner a salvo a su amigo el expanista, Alejandro –“El Diablo”- Higuera Osuna, brazo político de los hermanos Arellano, turnando el expediente, en calidad de demanda, al Órgano Interno de Control del ayuntamiento. El munícipe fabricó una querella, sin sustancia jurídica, la cual tiene como propósito deshonrar a un ex alcalde del Partido Acción Nacional no alineado al gobierno municipal y destituir a la titular estatal de Turismo, Rosario Torres Noriega.
Alejandro Higuera, ex presidente de Mazatlán y secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya, participa en el procesamiento, al lado de su aliado “El Químico” Benítez, de la “trama legal” con la que pretenden que el mandatario estatal cese a Rosario Torres. La actual secretaria de Turismo es considerada un “obstáculo” para los planes de inversión de dinero de dudosa procedencia en la construcción de nuevos hoteles y restaurantes en el puerto. El alcalde traza planes para incursionar como coinversionista en proyectos turísticos de alto calado.
Higuera Osuna fue quien otorgó los permisos de construcción de la gasolinera Nafta a los hermanos Juan José y Erik Arellano Hernández en terrenos no aptos para la edificación de una distribuidora de combustibles. Los Arellano son populares entre la clase política y los dueños del gran capital porque los mantiene sobrevigilados la Unidad de Inteligencia Financiera y el Sistema de Administración Tributaria ya que son “propietarios” de una red de empresas “fachada” ideales para la “fuga de capitales”, triangulación de inversiones o depósitos bancarios y blanqueo de dinero público y privado.
El otorgamiento de los permisos irregulares para la construcción de la gasolinera desató un litigio que dejó crecer Alejandro Higuera como alcalde en funciones; la querella se trasladó y “caminó” por varias administraciones municipales. En el 2021, el propio Guillermo -El Químico- Benítez y el secretario del ayuntamiento de aquel entonces, José de Jesús Flores Segura, aceptaron y firmaron ante un magistrado “la derrota jurídica” del caso dando paso a la sentencia que obligó a la comuna a rubricar un convenio de pago por “indemnización” a favor de Arellano, propietarios Nafta Lubricantes por 141 millones 802 mil pesos.
La responsabilidad jurídica, penal y administrativa por el boquete financiero por más de 141 millones de pesos recae directamente en el ex alcalde Alejandro Higuera por haber autorizado el permiso de construcción y el uso del suelo; “El Químico” Benítez al aceptar la “derrota jurídica” es también responsable directo de la sentencia contra el ayuntamiento y de los pagos que ocasionaron daños al erario público. Los hermanos Arellanos se dieron el lujo de contabilizar y cobrar a la comuna gasolina que nunca vendieron, pero que pudieron haber vendido, dado que la gasolinera nunca se construyó.
Para limpiar su imagen, proteger a Alejandro Higuera Osuna, enmascarar el trinquete y orientar el cese de la secretaria de Turismo, el alcalde “demandó”, por el “caso Nafta”, ante el Órgano Interno de Control del ayuntamiento controlado por el propio “Químico” Benítez, al exalcalde panista Carlos Felton González, al ex síndico procurador Javier Magaña Lizárraga, y a la exsecretaria del ayuntamiento, Rosario Torres Noriega, actual secretaria de Turismo en Sinaloa.
Aunque al final fue el edil quien justificó el pago de la indemnización a los hermanos Arellano al firmar la “derrota jurídica” del litigio, el cual se podría resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Benítez Torres señaló que, además de estos tres exfuncionarios municipales, el alcance de la demanda es contra quien o quienes resulten responsables de que el Ayuntamiento haya perdido la demanda por la que se pagó poco más de 141 millones de pesos en efectivo y en especie. No incluyó al ex alcalde Alejandro Higuera, ni a Fernando Puchera ni a Joel Buciéguez, en cuyo trienio 2017-2019 invirtieron más de 10 millones de pesos por la defensa legal-municipal contra la demanda de los hermanos Arellano.
El OIC municipal es un órgano para aplicar sanciones de carácter administrativas y solicitar la devolución de recursos por reparación de daños al erario municipal, además de poseer capacidad jurídica para turnar hechos que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El plan de “El Químico” y de “El Diablo” es utilizar la demanda como arma de desprestigio contra Felton, Javier Magaña y Rosario Torres, para después turnarla a la Fiscalía. La apuesta inmediata es que el gobernador cese a la secretaria de Turismo.
El contenido de la demanda es una aberración jurídica. Carece de fundamento legal y está viciado de origen. Es una falacia sin ninguna argumentación sólida. Es una trama perversa, fácilmente decodificable
