El autoritarismo también es contagioso

Si el autoritarismo puede aprender de lo que ocurre del otro lado de una frontera, la defensa de la democracia tendrá que aprender a hacerlo también.

María Emilia Molina de la Puente

La tentación de ejercer el poder sin límites no es nueva. Probablemente acompaña al poder desde que existe. Precisamente por eso construimos constituciones, dividimos funciones, reconocimos derechos y creamos tribunales independientes: no porque supusiéramos que quienes llegan al gobierno necesariamente quieren convertirse en autócratas, sino porque aprendimos, después de siglos de experiencia, que ninguna democracia puede depender exclusivamente de la voluntad, la prudencia o la virtud de quien gobierna.

Lo que resulta inquietante en este momento es la facilidad con la que distintos gobiernos elegidos democráticamente están cediendo a esa tentación. Llegan al poder mediante elecciones, invocan esa legitimidad democrática y, una vez ahí, comienzan a incomodarse con las instituciones diseñadas para recordarles algo elemental: ganar una elección otorga legitimidad para gobernar, pero no otorga todo el poder.

Durante décadas, Costa Rica fue una de esas excepciones latinoamericanas que permitían conservar cierto optimismo sobre la fortaleza de las instituciones democráticas en nuestra región. Una democracia estable, sin ejército desde 1948, con instituciones relativamente sólidas y un Poder Judicial que ha desempeñado un papel importante en la protección de los derechos y en el equilibrio entre poderes. Por eso, lo que está ocurriendo ahí merece atención, sobre todo de quienes hemos visto de cerca cómo comienza y hasta dónde puede llegar un proceso de debilitamiento de la independencia judicial.

En mayo de 2025, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, dirigió una comunicación formal al gobierno costarricense en la que expresó su preocupación por presuntas presiones ejercidas desde el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. El documento daba cuenta de declaraciones del entonces presidente Rodrigo Chaves contra integrantes de la judicatura y del Ministerio Público, así como de expresiones relacionadas con la permanencia futura de determinados funcionarios judiciales. La Relatora también se refirió a una manifestación realizada frente a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General, en la que participaron el propio presidente y miembros de su gabinete.

Nada de esto debería analizarse simplemente como un conflicto entre poderes. Una democracia permite, y necesita, la crítica a las decisiones judiciales. Los jueces no están exentos del escrutinio público y sus resoluciones tampoco. El problema comienza cuando la crítica deja de dirigirse a decisiones concretas y se transforma en una estrategia de deslegitimación de la institución que tiene precisamente la función de controlar al poder.

En México conocemos bien ese proceso. Antes de que se modificara una sola palabra de la Constitución ya se había construido durante años una narrativa en la que jueces, magistrados y ministros aparecíamos como privilegiados, corruptos, conservadores o adversarios de un proyecto político. Los problemas reales del sistema de justicia, que sin duda existían y siguen existiendo, fueron utilizados para desacreditar al Poder Judicial en su conjunto, aun cuando muchas de las deficiencias que afectan cotidianamente a las personas corresponden a fiscalías, policías, defensorías y poderes judiciales locales.

Esa narrativa consiguió modificar la discusión. Ya no se trataba de cómo mejorar la justicia o garantizar que las instituciones funcionaran mejor para las personas, sino de cómo controlar a quienes supuestamente impedían que la voluntad popular pudiera realizarse. Cuando se instala esa idea, la independencia judicial deja de presentarse como una garantía de la ciudadanía y empieza a parecer un privilegio de quienes juzgan. A partir de ahí, intervenirla puede incluso presentarse como un acto de democratización.

Lo ocurrido después en México lo conocemos. La reforma judicial de 2024 interrumpió carreras judiciales, alteró las condiciones de permanencia, transformó la administración y la disciplina judicial y sometió a elección popular una parte sustancial de los cargos jurisdiccionales. No cambió solamente el mecanismo para seleccionar personas juzgadoras. Se modificó una arquitectura institucional construida para intentar separar la función de juzgar de los intereses políticos.

Por eso importa mirar nuevamente hacia Costa Rica. Las tensiones alrededor de su Poder Judicial no terminaron con el gobierno de Chaves. En junio de 2026, la Corte Plena acordó reducir en ₡13.242 millones el presupuesto judicial que ya se encontraba en ejecución, en atención a una solicitud del Ministerio de Hacienda. El propio Poder Judicial advirtió sobre el impacto que esa reducción tendría en áreas sensibles, incluido el combate a la criminalidad. La presión presupuestaria continuó con una solicitud adicional para rebajar ₡26.549 millones del anteproyecto de presupuesto para 2027, que esta vez fue rechazada por la Corte Plena. 

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York expresó recientemente su preocupación por el riesgo de debilitamiento presupuestario y operativo y recordó algo que a veces olvidamos: la autonomía presupuestaria también forma parte de las condiciones que hacen posible la independencia judicial.

El presupuesto puede parecer un asunto administrativo hasta que se entiende lo que significa en la práctica. Un Poder Judicial puede conservar intactas todas sus atribuciones constitucionales y, al mismo tiempo, perder progresivamente la capacidad material de ejercerlas si no cuenta con recursos suficientes para sostener tribunales, investigación criminal, defensa pública, atención a víctimas y personal judicial. La independencia no desaparece sólo cuando alguien llama a un juez para ordenarle cómo resolver. También puede debilitarse cuando se modifican las condiciones que hacen posible que cumpla su función.

A ello se suma la falta de nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, que ha generado dificultades para integrar el tribunal cuando alguno de sus miembros titulares debe excusarse. La consecuencia puede alcanzar directamente la resolución de asuntos relacionados con derechos fundamentales.

Para debilitar un tribunal no siempre es necesario desaparecerlo. Puede conservar su nombre, su edificio, sus integrantes y buena parte de sus competencias mientras se reducen de manera progresiva las condiciones que necesita para funcionar con independencia y eficacia.

El pasado 7 de agosto, diversas organizaciones internacionales alertaron sobre el deterioro de la institucionalidad democrática en Costa Rica y señalaron que estos fenómenos no deben analizarse de manera aislada, porque la experiencia regional demuestra que la erosión democrática suele producirse mediante estrategias acumulativas. La Asociación Mexicana de Juzgadoras estuvo entre las organizaciones que suscribieron ese pronunciamiento.

Esa idea de acumulación es fundamental. Uno de los errores que cometemos al observar procesos de erosión institucional consiste en exigir que cada decisión, considerada individualmente, sea suficiente para demostrar una ruptura democrática. Pero una democracia rara vez se desmantela mediante una sola decisión. El problema no siempre está en la ilegalidad de cada pieza, sino en el sentido que adquieren cuando se ensamblan.

En México tardamos demasiado en mirar el conjunto. Durante años discutimos cada episodio por separado y nos preguntamos si determinada declaración, iniciativa o reforma era suficientemente grave para hablar de un riesgo para la independencia judicial. Cuando observamos el proceso completo, una parte importante de la arquitectura institucional ya había sido modificada.

Eso no significa que Costa Rica esté siguiendo el modelo mexicano. No tenemos elementos para afirmarlo y sería irresponsable hacerlo. Las instituciones, los actores y las circunstancias son diferentes. Pero tampoco deberíamos esperar a que dos procesos sean idénticos para reconocer señales que ya hemos visto antes.

Los gobiernos latinoamericanos no necesitan copiarse unos a otros para descubrir que los contrapesos resultan incómodos. Eso lo sabe cualquier poder. Lo que sí pueden aprender de la experiencia ajena es hasta dónde pueden avanzar, qué narrativas funcionan para justificarlo y cuáles son los costos -o la ausencia de ellos- de debilitar a las instituciones que los controlan.

Por eso quizá lo verdaderamente contagioso no sea la tentación autoritaria. Esa siempre ha existido. Lo contagioso es descubrir que se puede ceder a ella.

La erosión democrática contemporánea puede, además, conservar durante mucho tiempo una apariencia de legalidad. Ya no requiere necesariamente golpes de Estado, clausuras de congresos o tanques frente a los tribunales. Puede avanzar mediante reformas constitucionales aprobadas por mayorías legislativas, decisiones presupuestarias, mecanismos de nombramiento, omisiones institucionales y campañas permanentes de deslegitimación.

Muchas de esas herramientas provienen de la propia democracia. Mayorías legislativas, reformas constitucionales, presupuestos, nombramientos y elecciones son instrumentos perfectamente legítimos. El problema aparece cuando dejan de utilizarse dentro de un sistema diseñado para distribuir y limitar el poder y comienzan a emplearse para concentrarlo.

México representa en ese sentido un precedente especialmente delicado. Aquí se utilizó la propia Constitución para transformar de forma radical las condiciones de independencia del Poder Judicial y sustituir, mediante un mecanismo de elección popular, a una parte sustancial de quienes ejercían la función jurisdiccional. Lo extraordinario no es sólo que haya ocurrido, sino que haya podido presentarse como una profundización democrática.

Ese precedente importa más allá de nuestras fronteras. Si la independencia judicial puede redefinirse como privilegio; si la estabilidad de quienes juzgan puede presentarse como falta de democracia; si los límites constitucionales pueden calificarse como obstáculos para la voluntad popular, entonces la discusión deja de ser exclusivamente mexicana.

Durante mucho tiempo analizamos los retrocesos democráticos latinoamericanos como fenómenos nacionales. Esa aproximación resulta cada vez más insuficiente. Los gobiernos observan lo que sucede fuera de sus fronteras, pero también lo hacen las sociedades, los partidos políticos y quienes aspiran a gobernar. Todos aprenden qué decisiones son toleradas, qué discursos funcionan y qué límites que parecían infranqueables dejaron de serlo.

Por eso lo que ocurre en Costa Rica debería interesarnos. Cada vez que en algún país de nuestra región se consigue debilitar un contrapeso sin consecuencias suficientes, disminuye un poco el costo de intentarlo en el siguiente. Las instituciones democráticas no viven aisladas dentro de sus fronteras y las estrategias para debilitarlas tampoco.

La tentación del poder absoluto siempre ha existido y seguirá existiendo. Para contenerla construimos buena parte de las instituciones que hoy conforman nuestras democracias constitucionales. Lo preocupante de este momento es la facilidad con la que quienes llegan al poder están cediendo a ella y la rapidez con la que estamos normalizando que lo hagan.

Tal vez por eso la pregunta no sea por qué existe hoy una tentación autoritaria. Esa pregunta tiene siglos de respuestas. La pregunta que deberíamos hacernos es por qué estamos haciendo tan fácil ceder a ella.

Porque si el autoritarismo puede aprender de lo que ocurre del otro lado de una frontera, la defensa de la democracia tendrá que aprender a hacerlo también.