Desplazados hasta de la ley
El desplazamiento forzado interno en México continúa sin una ley que lo regule, pese a dos recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a un amparo pendiente en la Suprema Corte
Juan Carlos Cortés
Durante la autollamada Cuarta Transformación ni el Ejecutivo federal, el Senado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación han querido enfrentar el problema del desplazamiento forzado en México, que afecta a casi medio millón de personas y que ha propiciado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2020, después de 14 años de iniciada la guerra contra el narcotráfico emprendida durante el gobierno de Felipe Calderón y luego de dos recomendaciones de la CIDH, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Pero casi seis años después la minuta está congelada en el Senado.
También existe un amparo que busca obligar al Congreso para que legisle en materia de desplazamiento forzado, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pospuesto en dos ocasiones la discusión del proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos, quien rechaza la recomendación de la CIDH para pedirle al Senado que legisle.
Pese a no haber datos oficiales, puesto que el gobierno federal carece de un registro nacional de víctimas de desplazamiento forzado, asociaciones de derechos humanos e instituciones educativas han documentado que estos movimientos migratorios se deben principalmente a la violencia ocasionada por grupos delictivos.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) detalló en su monitoreo que desde 2006 hasta finales de 2022, 386 mil 197 personas han sido desplazadas en México por violencia.
El informe “Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México 2025”, realizado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, calculó que en 2025 tan sólo 15 mil 795 personas abandonaron sus localidades, en 83.6% de los casos por acoso del crimen organizado.
De acuerdo con el informe, tres estados concentran la mayor parte de las personas desplazadas documentadas: Sinaloa, con seis mil 195; Chihuahua, con cuatro mil 492 personas, y Michoacán, con tres mil 363.
Asimismo destaca Guerrero con 785 personas, Jalisco con 360, Oaxaca con 319, Chiapas con 203, San Luis Potosí con 67 y Sonora con seis personas desplazadas.
Alejados de los desplazados; cercanos al gobierno
El 6 de noviembre de 2023 el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) promovió ante la justicia federal un amparo para que se legisle en materia de desplazamiento. Al negársele, tramitaron un recurso de revisión y un tribunal colegiado ordenó enviar el caso a la SCJN para que analice ordenar al Congreso a que legisle en la materia o retome la reforma aprobada en 2020 en la Cámara de Diputados.
En el amparo el CNLE detalló que el desplazamiento forzado interno afecta principalmente a grupos vulnerables que se ven obligados a abandonar su lugar de residencia por causas externas como violencia, desastres naturales o megaproyectos.
Recuerda que en 2013, 2015 y 2022 la CIDH emitió recomendaciones al Estado mexicano para expedir la legislación federal y la estatal en la materia.
El proyecto estuvo a cargo de la ministra María Estela Ríos González, integrante de la actual conformación electa por primera vez por voto popular. Según la propuesta, la ministra buscará que el Pleno de la Corte declare que el Congreso de la Unión no está obligado a legislar en materia de desplazamiento forzado porque las recomendaciones de la CIDH no son vinculantes.
La discusión del proyecto se ha pospuesto sin explicaciones en dos ocasiones: el 10 de marzo y el primero de junio últimos.
La directora del CNLE, Mariana Calderón Aramburu, explicó en entrevista que, con esa propuesta, la ministra Ríos González incumple con su obligación de acercar la justicia a la gente, en este caso, a las víctimas de desplazamientos forzados.
“El desplazamiento es una de las problemáticas más complejas que tenemos en el Estado mexicano, más complejas, más profundas y más delicadas”, afirma.
De igual manera, la directora del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, en el estado de Guerrero, Teodomira Rosales, realata a Proceso que cuando el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, fue electo, ella se reunió con él y le habló de la urgencia de legislar el desplazamiento forzado en el país.
