CULIACÁN: LA MARCHA DEL 13 DE SEPTIEMBRE ¿LABORATORIO POLÍTICO?
Alvaro Aragón Ayala
La marcha por la paz convocada para el domingo 13 de septiembre en Culiacán -apenas tres días después del inicio formal del Proceso Electoral Local 2026-2027- analizada desde su estrecha proximidad con el arranque de las contiendas políticas le añade una dimensión estratégica, convirtiéndola en el primer gran ensayo público para evaluar el hartazgo social, la capacidad de convocatoria de nuevos liderazgos y el potencial de una oposición decidida a disputar el poder en Sinaloa. El calendario electoral local inicia formalmente el 10 de septiembre.
Llaman a la movilización la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, y el activista y restaurantero José Miguel Taniyama. Prevista para las ocho de la mañana, los organizadores aún no definen su itinerario total entre La Lomita y el Parque Revolución con destino a la Catedral. En este contexto, la afirmación de Reyes Zazueta sintetiza la naturaleza del acontecimiento: “el termómetro va a ser la marcha”. En efecto, los líderes buscan constatar el alcance de la inconformidad ciudadana y, de manera implícita, explorar la viabilidad de una alternancia política en el estado.
En consecuencia, surge la paradoja de si se trata de una genuina manifestación pacífica o de un ejercicio de medición política. La evidencia sugiere que abarca ambos aspectos. Una movilización puede emerge de una exigencia legítima de seguridad y, de forma simultánea, constituirse en un instrumento para calibrar la fuerza de quienes aspiran a posicionarse como actores políticos. No existe una contradicción inherente entre ambas facetas; por ende, el reto analítico radica en identificar el momento preciso en que la protesta social comienza a capitalizarse en rendimiento político.
Esta nueva marcha se insertará en una secuencia de movilizaciones iniciada tras el estallido de la pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024. Inicialmente, surgieron expresiones ciudadanas orientadas a recuperar los espacios públicos; posteriormente, se sumaron colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas directas. Con el tiempo, estas manifestaciones derivaron en reclamos abiertos ante la ineficacia gubernamental para contener la violencia, hasta consolidarse en actos con consignas marcadamente políticas. Así, la protesta social en Culiacán ha experimentado una clara metamorfosis: del temor al reclamo, del reclamo a la organización y, finalmente, de la organización pasó a la disputa por la narrativa del poder.
Este proceso alcanzó un punto de inflexión decisivo en enero de 2025, cuando las protestas desencadenadas por el asesinato de dos menores y su padre incorporaron exigencias directas contra el gobernador Rubén Rocha Moya. Más tarde, en septiembre de 2025, la primera gran Marcha por la Paz agrupó a sectores civiles, empresariales y religiosos, contando incluso con la participación activa del obispo de Culiacán, Jesús José Herrera Quiñónez. Aquella jornada demostró la capacidad de la protesta para articular bajo una misma causa a sectores que tradicionalmente no comparten la misma agenda política.
Por lo tanto, la nueva convocatoria del 13 de septiembre pondrá a prueba si dicha capacidad de integración fue un fenómeno coyuntural o si responde a una estructura ciudadana con potencial de traslape electoral, lo cual le confiere la categoría de laboratorio político. Aunque la movilización no arrojará un resultado en urnas, sí proveerá datos estratégicos fundamentales: permitirá fiscalizar quién convoca, quién organiza, quién articula la logística, quién gestiona la comunicación, quiénes asumen el liderazgo visible y, de forma determinante, quiénes logran consolidarse como aspirantes a cargos de elección popular.
No obstante, conviene evitar lecturas simplistas, ya que una concurrencia masiva no se traduce automáticamente en votos. Una manifestación puede convocar a miles de asistentes y, aun así, fracasar en la consolidación de una candidatura competitiva. La movilización dimensiona la indignación y la logística, pero no sustituye al instrumento electoral. El verdadero valor político de la jornada del 13 de septiembre residirá en la capacidad de sus articuladores para preservar la organización una vez concluidos los discursos y retiradas las pancartas.
Ciertamente, el verdadero indicador de impacto posterior radicará en la conformación de comités ciudadanos, mesas sectoriales, propuestas integrales de seguridad y desarrollo económico, observatorios electorales y redes territoriales. Si estos elementos se materializan, se habrá gestado algo más amplio que una simple marcha: una plataforma política no partidista con capacidad real de incidir en los comicios. Por el contrario, si el evento se limita a la foto multitudinaria y al intercambio de consignas contra el gobierno en turno, su alcance será meramente testimonial y su efectividad electoral insignificante.
A la par de la vertiente política, existe un eje de análisis indispensable: el impacto económico. Si bien los convocantes publicitan la parálisis mercantil, la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos -daños reales y debidamente documentados-, la dinámica de Culiacán no se reduce a un colapso absoluto. La actividad productiva muestra matices de resiliencia: persisten empresas operando, instituciones educativas en funciones, el sector restaurantero activo y diversos gremios adaptándose a las condiciones adversas.
En esta misma línea de complejidad social se ubica la Iglesia. A pesar del contexto de inseguridad, los templos han mantenido sus puertas abiertas; sin embargo, la institución no ha permanecido ajena al conflicto. La Diócesis de Culiacán se ha sumado de manera decidida al discurso por la paz, destacando la participación de su obispo en la marcha de 2025. Su rol se consolida como el de un actor social con profundo arraigo territorial y notable poder de convocatoria.
Por otra parte, el grado de representatividad de las víctimas constituirá el eje moral de la manifestación. La legitimidad de la marcha dependerá de la inclusión o exclusión en su agenda de los diversos sectores afectados por la crisis: Víctimas mortales de los enfrentamientos entre facciones y civiles acaecidos en el fuego cruzado; Elementos de las corporaciones policiales y agentes estatales caídos en cumplimiento del deber; Personas desaparecidas y familias víctimas de desplazamiento forzado; Comerciantes y empresarios sometidos a la extorsión y al despojo y menores de edad alcanzados por la violencia e individuos que perdieron su patrimonio o fuente de empleo.
La amplitud e imparcialidad de esta agenda definirá la autoridad moral del movimiento. Si la marcha logra situar a la totalidad de las víctimas en el centro del reclamo, se consolidará como una causa social transversal; de lo contrario, si la protesta se sesga hacia una confrontación partidista contra Morena, se reducirá a una simple plataforma de oposición con capacidad de convocatoria.
El 13 de septiembre de 2026 se perfila entonces como una fecha determinante para el análisis político en Sinaloa. Con el proceso electoral recién inaugurado, Morena concluyendo sus definiciones internas y la oposición buscando visibilidad, la ciudadanía ponderará si asiste movilizada por la paz, el hartazgo, la justicia o el rechazo gubernamental. Si la manifestación resulta masiva y plural, confirmará la existencia de un capital de inconformidad social capitalizable en las urnas; si además emergen liderazgos capaces de estructurar ese malestar en propuesta y organización territorial, el 13 de septiembre habrá rebasado su naturaleza inicial para convertirse en un factor decisivo del proceso electoral.
