Sinaloa: los empresarios de Sinaloa y su jugada estratégica rumbo al 2027

Alvaro Aragón Ayala

La fotografía de un grupo de los principales empresarios de Sinaloa reunidos con el diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, provocó una tormenta política. La oposición percibió una traición, como si la máxima responsabilidad del sector productivo fuera puramente partidista y enfocada a ganar elecciones. Algunos críticos hablaron de alineamiento e incluso de una supuesta rendición del empresariado frente al poder.

Sin embargo, quizá la imagen transmite un mensaje completamente distinto. La corriente opositora y sus analistas han interpretado el encuentro desde una lógica netamente electoral. Plantean que, si hombres de negocios identificados como impulsores de una eventual alianza PRI-PAN-MC se sientan con un operador del partido oficial, entonces abandonaron el proyecto opositor.

Es una conclusión demasiado simple para un escenario mucho más complejo. Los empresarios no son militantes partidistas; son generadores de inversión, empleadores, administradores de capital, evaluadores de riesgo y, sobre todo, estrategas que buscan que sus patrimonios sobrevivan a los recambios gubernamentales.

Su prioridad no es ganar una contienda electoral, sino garantizar la continuidad de sus proyectos frente a la administración entrante. Ahí comienza una lectura diversa de la fotografía. Agustín Coppel, Luis Osuna Vidaurri, Diego Ley, Juan Haberman, David Tamayo, Juan Ley, Sebastián Arana y Amado Guzmán -los participantes en dicho encuentro- no necesitan encadenarse a una sola bandera para defender sus intereses, sino mantener abiertos los canales de comunicación con todos los centros de decisión.
La reunión con Alfonso Ramírez Cuéllar, por lo tanto, puede interpretarse como una operación de interlocución política, pero también como un mensaje cuidadosamente dirigido hacia Palacio Nacional.

La postura podría resumirse así: “En Sinaloa no estamos cerrados al diálogo con Morena. Queremos conversar, participar y obtener certidumbre. No vamos a alimentar una disputa política que ponga en riesgo nuestras inversiones”. Esto dista mucho de afirmar que el sector privado ya definió la titularidad del próximo Gobierno estatal.

LOS RIESGOS DE CUATRO AÑOS DE PLEITOS

Existe un factor que modifica sustancialmente el escenario: Claudia Sheinbaum Pardo inició su mandato el 1 de octubre de 2024 y concluirá el 30 de septiembre de 2030. Esto significa que quien encabece la gubernatura de Sinaloa a partir de 2027 deberá convivir con la titular del Ejecutivo Federal durante prácticamente todo su sexenio.

Para la iniciativa privada, cuatro años de confrontación con la Federación pueden representar una eternidad. Infraestructura, gestión hídrica, carreteras, puertos, energía, atracción de capitales, seguridad, regulación, presupuesto federal, esquemas agrícolas y condiciones de desarrollo económico dependen, en gran medida, de una interlocución fluida con el Gobierno central.

¿De qué serviría entonces conquistar la gubernatura con una alianza opositora si el mandatario entrante termina en permanente pugna con la Presidenta? El triunfo electoral podría derivar en una contingencia económica; ese es precisamente el tipo de riesgo que todo inversionista busca neutralizar.

Tampoco existe garantía de que un eventual gobernador opositor permanezca alineado indefinidamente con los grupos que impulsaron su ascenso. La política contempla una premisa elemental: los candidatos reciben respaldo para llegar al cargo y, una vez instalados en él, ejercen el poder con criterio propio.

Un gobernante puede distanciar su agenda de la de los grupos que lo financiaron o promovieron. Puede modificar reglamentaciones, favorecer a otros sectores, alterar prioridades o construir su propia estructura de influencia. Por ello, desde una perspectiva estrictamente patrimonial, depositar todo el capital político en una sola opción resultaría imprudente.

LA FOTOGRAFÍA NO SEPULTA A LA OPOSICIÓN

Los líderes económicos pueden mantener abierto el diálogo con Morena y, simultáneamente, impulsar la construcción de contrapesos legislativos. Una cosa es la gubernatura; otra, las diputaciones locales y federales; y otra más, la relación institucional permanente con el poder público.

El empresariado podría adoptar una estrategia de diversificación: sostener un diálogo constructivo con el Ejecutivo federal y el proyecto de Claudia Sheinbaum, al tiempo que participa para consolidar la pluralidad y los equilibrios dentro de los Congresos, tanto local como federal. Esto no representa una contradicción, sino una cobertura política inteligente.

Los industriales y comerciantes no estarían abandonando el tablero opositor; simplemente evitarían quedar atrapados en una visión rígida y reduccionista. Invertir en materia política no implica apostarlo todo a un único competidor.

El razonamiento empresarial es elemental: si un grupo coloca la totalidad de sus activos políticos en una sola candidatura y esta resulta vencida, perderá también la capacidad de interlocución con la administración victoriosa. En cambio, si preserva puentes con todos los actores relevantes, mantendrá su margen de negociación independientemente del resultado en las urnas.

Por ello, el encuentro con Ramírez Cuéllar puede asumirse como una póliza de seguro político. No necesariamente comunica un “nos sumamos a Morena”, sino un “no le vamos a cerrar la puerta a Morena”. La diferencia es sustancial.

Esta acción cobra mayor relevancia porque, según la narrativa construida en torno a este grupo, algunos de sus integrantes habían sido percibidos como promotores de una eventual coalición opositora en la entidad.

Se les había vinculado con proyectos que involucraban a Mario Zamora, del PRI, y a Sergio Esquer, de Movimiento Ciudadano. Asimismo, se había mencionado a Manuel Clouthier como una figura potencial para dicha alianza, aun cuando él mismo ya declinó competir como candidato.

Por ende, la imagen no destruye esa estrategia; la vuelve más sofisticada. El verdadero blindaje radicaría en el Poder Legislativo. Aquí se encuentra la clave que han omitido quienes interpretaron la reunión como una capitulación.

Si el sector productivo considera probable -o inevitable- que Morena conserve una presencia dominante en la entidad, resulta más pragmático articular un esquema de contrapesos legislativos que empeñarse en una contienda frontal por la gubernatura.

No se trataría de apoyar y perfilar a futuros legisladores de choque, sino de negociación: representantes capacitados para entablar puentes con la administración entrante, con la Presidencia de la República y con el entorno social, en defensa de las actividades agrícolas, comerciales y de servicios; diputados capaces de respaldar coincidencias y de fijar postura cuando sea necesario.

Ese constituiría un blindaje genuino de los empresarios, dado que la gubernatura abarca seis años, mientras que la integración del Congreso se renueva con mayor frecuencia. Una fuerza legislativa plural representa un mecanismo eficaz para evitar la concentración absoluta del poder. La democracia no exige a los dueños del dinero convertirse en opositores sistemáticos.

¿Cometieron una equivocación al reunirse con Alfonso Ramírez Cuéllar? No necesariamente. La Constitución tutela las libertades de reunión y asociación, así como el derecho de petición. En un régimen democrático, empresarios, trabajadores, organizaciones civiles, agricultores, académicos y ciudadanos en general tienen la facultad de reunirse con sus representantes populares y exponer sus planteamientos.

Los diputados federales no legislan en exclusiva para sus militantes; representan a la sociedad en su conjunto. Por ello, entablar conversaciones con Morena no convierte de forma automática a un inversionista en militante del partido.

El problema surgiría si esa interlocución deviniera en tráfico de influencias, prerrogativas indebidas, captura regulatoria, financiamiento ilícito o uso del aparato gubernamental para favorecer intereses particulares.

Pero mientras eso no ocurra, un encuentro político es legítimo y puede funcionar como un instrumento de gobernabilidad. Sinaloa requiere de un empresariado en constante comunicación con las autoridades; la economía local no puede operar al margen de las decisiones públicas.

El campo demanda presupuesto, la agroindustria requiere certidumbre, el comercio exige seguridad, el turismo necesita infraestructura y los productores solicitan financiamiento y acceso al agua. Las empresas dependen de carreteras, energía, puertos y marcos regulatorios estables; y los legisladores inciden en la mayoría de los rubros que regulan esas actividades.

Pretender que los generadores de empleo se mantengan al margen del Poder Legislativo sería tan inviable como pedirles que ignoren el marco legal que rige sus inversiones. La interlocución entre los sectores público y privado no constituye, por sí misma, un acto indebido; puede ser un motor de desarrollo.

El límite ético aparece cuando el diálogo busca privilegios. En consecuencia, ¿qué mensaje transmitió esa fotografía? Probablemente uno más estratégico del que sus críticos lograron descifrar. Los asistentes pudieron haber emitido varios mensajes en simultáneo:

A Morena: “Estamos dispuestos al diálogo”. A Claudia Sheinbaum: “No nos constituiremos en un bloque de confrontación contra su proyecto”. A la oposición: “No pertenecemos a ninguna fuerza política”. Y a la figura que asuma la gubernatura: “Sin importar quién gane, mantendremos capacidad de interlocución”.

En eso consiste la gestión de riesgos: en no entregar todas las cartas, en no arriesgar todo el patrimonio político en una sola opción, en no convertir una elección local en una disputa personal contra la Presidencia y, al mismo tiempo, en preservar la posibilidad de articular contrapesos desde el Congreso.

El yerro de la oposición puede situarse en otra parte. La dirigencia opositora en Sinaloa parece haber incurrido en un error de apreciación al asumir que el sector empresarial le pertenecía políticamente. Ningún inversionista serio queda supeditado a las directrices de una alianza.

Un empresario puede coincidir con una corriente política, respaldarla, impulsarla o dialogar con ella, pero mantendrá la libertad de ajustar su postura cuando las circunstancias se transformen. La fotografía con Ramírez Cuéllar no demuestra que la iniciativa privada haya abandonado a la oposición.

Muestra que no pretende depender de ella ni de los giros de sus analistas. Esa distinción es fundamental. No se trata de un escenario de desbandada individual, donde cada quien busque salvarse por su cuenta.

Desde la perspectiva empresarial, la postura es clara: “Que nadie ponga en riesgo las inversiones ni los empleos por una disputa política”. Esta postura, aunque resulte incómoda para la oposición, es completamente racional.

El sector privado evalúa escenarios, riesgos, rendimientos y pérdidas; proyecta quién ostentará el poder en los próximos años. Por ello, resulta lógico que busque comunicación con quienes hoy gobiernan y, simultáneamente, preserve lazos con las alternativas del mañana.

LA POLÍTICA EMPRESARIAL DEL 2027

El empresariado podría terminar respaldando la continuidad del proyecto oficial en la gubernatura e impulsando, al mismo tiempo, candidaturas opositoras en distritos locales y federales; no por incongruencia, sino porque se trata de dos inversiones políticas con propósitos distintos.

Una procura la gobernabilidad; la otra busca equilibrios. La primera intenta evitar una confrontación entre el Gobierno local y la Presidenta; la segunda impide la concentración absoluta del Poder Legislativo en una sola fuerza.

Eso definiría una verdadera estrategia política empresarial. Visto así, la imagen que generó la polémica adquiere otra dimensión: no refleja a un grupo entregando las armas, sino a hombres de negocios reacomodando sus posiciones en el tablero.

El capital no vota por ideología ni suele apegarse a los partidos políticos; busca certidumbre, reglas claras, estabilidad, interlocución y seguridad jurídica. Si el panorama político se vuelve incierto, diversifica sus riesgos. Eso es precisamente lo que ocurre en Sinaloa.

Asi, pues, en tanto algunos analistas interpretan la reunión como una claudicación, los empresarios parecen estar ejecutando un movimiento elemental: asegurar su lugar en la mesa de diálogo, sin importar quién resulte victorioso.

Ese puede ser el verdadero significado del encuentro con Alfonso Ramírez Cuéllar: ni una rendición, ni necesariamente un abandono de la oposición, ni una adhesión ciega a Morena, sino un mensaje tácito para la clase política: el sector productivo no apostará el futuro económico del estado a una sola carta.

Si para ello es preciso dialogar con Morena, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano o cualquier otra fuerza determinante para Sinaloa, lo hará; pues mientras los políticos se concentran en ganar elecciones, los empresarios planifican lo que vendrá después de las votaciones.