“Nos quieren volver a sacrificar”: organizaciones exigen prohibir el fracking en todo el país
Alertan sobre daños severos en las comunidades en las que se proyecta abrir pozos de manera piloto para extraer gas
Camelia Muñoz
Cuarenta organizaciones que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking manifestaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sólo ha escuchado a la industria, a quien protege mientras que habrá daños severos en las comunidades en las cuales se proyecta abrir pozos de manera piloto para extraer gas, si se encuentra agua salina en los estados de Nuevo León, Coahuila y el norte de Tamaulipas, donde se localizan la Cuenca de Burgos y la de Burro Picachos.
Representantes de las ONG cuestionan que el grupo de expertos que reservaron la Cuenca Tampico-Misantla que comprende la zona sur de Tamaulipas, Veracruz, así como los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, no hayan iniciado una consulta con las comunidades consideradas para hacer pozos de manera piloto.
“Esa zona no es desértica; hay población que está en riesgo y también necesita agua y esa agua que se quiere extraer tendría que ser destinada para las comunidades y habitantes que están en esta zona y no prever como potencial para desarrollar el fracking”, señaló Beatriz Olivera, de la organización civil Engenera, quien señaló que en la zona donde se localizan los yacimientos de origen no convencional habitan 1.3 millones de personas y está una porción del pueblo Kikapú.
En cuanto a inversión señala que, en un escenario moderado, se requerirán de 24 mil 42 mil millones de dólares para perforar de dos mil a tres mil 500 pozos y para hacerlo tiene dos vías: Pemex deberá endeudarse o establecer contratos mixtos con empresas privadas estadunidenses, pero podría en riesgo el discurso de proteger la soberanía.
“Este presupuesto; esta inversión que se requeriría puede ser entre dos y cuatro veces el presupuesto que recibe la paraestatal solamente para la operación en hidrocarburos. Hacerlo a través de contratos mixtos con empresas privadas, que es la parte que más nos preocupa porque el gobierno está apuntando hacia una soberanía energética en nuestro país, pero también nos está diciendo que es muy probable que estos proyectos, si es que se realizan, se hagan con capital privado a través de contratos mixtos con estas grandes empresas estadunidenses que son las que tienen hasta ahora la mayor experiencia”, explicó.
Zonas de sacrificio
Cristina Auerbach Benavides, integrante de Familia Pasta de Conchos y Noreste sin Fracking, señaló que la región carbonífera de Coahuila sabe lo que es una zona de sacrificio y consideró que es lo que dejará la extracción de gas a través de la fractura hidráulica.
“Aquí podemos identificar que la diferencia entre las decisiones que ha tomado Morena, el PRI y el PAN es que los gobiernos de Morena están dispuestos, si políticamente les conviene, a devolver los restos de los muertos pero no a evitar la muerte para obtener combustibles fósiles. Y el anuncio que se ha hecho hoy es que nos quieren volver a sacrificar. No hay fracking seguro, no hay fracking ecológico, sólo zonas de sacrificio”, afirmó.
Sostuvo que los habitantes de la región han visto por un siglo el deterioro ambiental, pero también la muerte de más de tres mil mineros y miles de huérfanos y viudas, que deben esperar 20 años para que les entreguen los restos de sus seres queridos, como ocurre en Pasta de Conchos.
También sostuvo que cuando se habla de soberanía energética, para la comunidad significa que habrá más explotación y muerte para entregar gas a la industria y no para el uso doméstico.
“No es admisible que con esta falsa soberanía energética pretendan sacrificarnos y sacrificar nuestros desiertos o semidesiertos diciendo que no hay nada ni que es aceptable porque hay poquita gente. El fracking no debe hacerse en ningún lado. Nos han mentido tanto que no dudo que digan que encontraron agua salada en Coahuila y que estén usando agua dulce, pero que cuando logremos demostrarlo, le pongan una multa ridícula como lo hacen cada vez que Grupo México hace un derrame o cada vez que muere un minero y entonces lo que hacen es entregarle el muerto a la familia”, expresó
En la rueda de prensa estuvieron presentes integrantes de organizaciones de Veracruz y San Luis Potosí quienes aplaudieron que no se contemplara la exploración y explotación en sus zonas, pero manifestaron su apoyo para que tampoco se realice en el noreste del país con lo que llamaron “grave técnica destructiva”.
“El problema no termina mientras continúe este este modo de extracción de hidrocarburos y tampoco aceptamos que el riesgo simplemente se traslade ahora a otros estados. Lo que hoy vivimos en Veracruz es muy fuerte, es imperdonable y no es justo que ahora a Coahuila y Tamaulipas los quieran convertir en nuevas zonas de sacrificio como lo hicieron en nuestro estado de Veracruz”, señaló Rodolfo Viviano, habitante de la comunidad de Totonicapan.
Las organizaciones demandaron la prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, para proteger los derechos a la salud y medio ambiente sano; la inclusión de las comunidades potencialmente afectadas, transparencia de las acciones del comité de expertos y de la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, a quien señalan de apoyar que se realice dicha práctica en el país.
