Institución autónoma, indispensable para garantizar derechos de audiencias: excomisionada de Ifetel
María Elena Estavillo plantea que es un falso dilema plantear que se protegen los derechos de las audiencias, como plantea el gobierno federal, o el derecho a la libertad de expresión, como dicen los concesionarios de radio y televisión
Marco Antonio Martínez
Sin un organismo autónomo, la propuesta de reforma a la ley de Telecomunicaciones para garantizar la protección del derecho de las audiencias, se puede convertir en un instrumento de intereses políticos en contra de concesionarios de radio y televisión, advierte la excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, María Elena Estavillo.
La exfuncionaria plantea que es un falso dilema plantear que se protegen los derechos de las audiencias, como plantea el gobierno federal, o el derecho a la libertad de expresión, como dicen los concesionarios de radio y televisión. Se pueden defender ambos, pero es necesario contar con una autoridad encargada independiente y que sea contrapeso del gobierno, y actualmente no la hay, luego de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Así lo expresa a La Silla Rota, luego de ser consultada sobre la propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones, presentada el 28 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Tenemos que lograr maneras de equilibrarlos y de protegerlos ambos. Pero por eso es tan importante que para este tipo de derechos contemos con autoridades independientes que rindan cuentas, que tengan contrapesos”, explica.
“Si no tenemos eso, entonces ponemos unos grandes instrumentos poderosos en manos de autoridades que no son independientes y que pueden tener intereses políticos. Y en esa situación estamos hoy, sin tener un marco de instituciones que nos den esas seguridades”.
Aleida Calleja, titular de la Defensoría del Televidente del Canal 22, coincide con Estavillo en decir que uno de los puntos que hacen falta es contar con un organismo independiente, como era el IFT.
“Hay que poner los candados necesarios para que no exista un ejercicio arbitrario de la autoridad. Ahí es donde nos está haciendo falta el organismo autónomo. Porque ahorita quien va a dirimir finalmente es la comisión reguladora, que es una instancia gubernamental que no tiene la autonomía constitucional que tenía el IFT. Pero insisto, existe el estricto control judicial para que se puedan judicializar los casos en el caso de las inconformidades”, matizó.
Para Leopoldo Maldonado, exdirector regional de Artículo 19 para México y el Caribe, a las audiencias no hay que tutelarlas, ya que pueden perfectamente elegir qué ver y qué no. “Con un marco regulatorio tan agresivo, al final las propias audiencias saldrán perjudicadas”, pronostica.
Contexto
El 28 de julio la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que los lineamientos fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y su objetivo es hacer efectivos los derechos de las audiencias. Recalcó que son de carácter obligatorio para las Concesionarias de Televisión Abierta y Radio, las Concesionarias de Televisión y Audio de Paga, así como las Programadoras de uso comercial, público y social.
Entre los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios de comunicación están los siguientes:
●No difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.
● Distinguir entre información noticiosa y opinión: Garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.
● Distinguir entre publicidad y contenido: Asegurar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.
● Los medios deberán informar, al menos en internet, que las audiencias tienen derecho de réplica cuando se publiquen o difundan hechos de su persona que consideren inexactos o falsos.
Además, en el Código de Ética debe haber mención expresa de los derechos de las audiencias; definir el procedimiento para presentar quejas ante la persona defensora de las audiencias; y criterios editoriales y valores que aseguren que al difundir información noticiosa se cuenta con elementos para concluir que la información es veraz.
La propuesta incluye mecanismos de protección a través de quejas: Se presenta, la defensoría la recibe y pide un informe, si se vulneraron los derechos emite recomendaciones al medio. En caso de no ser atendidas o de que la audiencia considere que no se restituyeron sus derechos, la Comisión Reguladora intervendrá y se impondrán sanciones y multas económicas.
Los derechos de las audiencias son importantes
Estavillo recuerda que ha habido una lucha muy larga de muchos años por hacer realidad los derechos de las audiencias, que forman parte de todo el marco de derechos con el acceso a la información, con la libertad de expresión, pero ha sido ha sido muy difícil hacerlos realidad.
“Ahora que surge esta propuesta de lineamientos se hace patente que nos hemos alejado mucho de las posibilidades de realizarlos de una manera consistente, con la protección de todos estos derechos. Hay algunas críticas que lo plantean como si fuera una disyuntiva. O protegemos los derechos de las audiencias o los de la libertad de expresión. Esto es un falso dilema.
“Hay muchos países que han logrado tener un equilibrio y proteger este marco de derechos porque además son complementarios, no compiten. Pero es muy difícil hacerlo porque se necesitan una serie de elementos, unos de los cuales estábamos construyendo, pero ya no contamos con eso. ¿Sabes cuáles son? Contrapesos y autoridades independientes”.
La excomisionada del IFT dice que los lineamientos propuestos se parecen a los que el instituto propuso el año pasado, antes de su desaparición, con la diferencia que se están yendo más hacia un corte sancionador de multas.
Además, todas las decisiones que emitiría un defensor de las audiencias podrán ser revisadas por el Poder Ejecutivo.
“Ya se va transformando esto en algo que debería ser un ejercicio de la ciudadanía, fincado en la revisión, la transparencia, en recomendaciones, en mecanismos reputacionales y se está yendo hacia un corte de castigo y decidido por la autoridad y no por defensores independientes”.
Un riesgo que observa es que los concesionarios, en lugar de apostar por la autorregulación, se autocensuren.
“Ese es el riesgo, que por temor a verse involucrados en un tema de estos, se censuren. Esto, además es algo que ya estamos viendo. Hemos ido perdiendo en libertad de expresión, en democracia y es algo de lo que deberíamos estar muy alertas y lejos de seguir debilitando estos mecanismos, deberíamos estarlos fortaleciendo porque estamos retrocediendo”.
Leopoldo Maldonado recuerda que este tipo de marcos regulatorios restrictivos se han impuesto en Nicaragua, Cuba, Venezuela, Sudán del Sur, Tailandia y Camboya, cuyos marcos regulatorios bajo diversos pretextos, tratan de controlar contenidos.
“Ya sea por leyes contra las noticias falsas, contra la desinformación. La justificación es muy diversa, pero el objetivo es el mismo. ¿A qué ha llevado? A la censura.
