Políticos usan leyes para demandar, multar y perseguir a periodistas en México: NYT

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa alertan que políticos y funcionarios utilizan leyes civiles, penales y electorales para demandar, multar y perseguir a críticos y comunicadores

México enfrenta una nueva amenaza para la libertad de prensa. De acuerdo con el diario The New York Times, políticos y funcionarios han incrementado el uso de demandas, multas y procesos judiciales contra periodistas y medios de comunicación, en una estrategia que organizaciones defensoras de la libertad de prensa califican como una forma de censura mediante el sistema legal.

De acuerdo con grupos como Artículo 19 y R3D, funcionarios, partidos políticos y candidatos han recurrido cada vez más a procesos civiles, penales y electorales para perseguir a comunicadores. En algunos casos, periodistas han sido acusados de terrorismo, obligados a eliminar publicaciones o sometidos a restricciones judiciales sobre su cobertura informativa.

Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo durante 2025, la cifra más alta registrada hasta ahora y más de tres veces superior a la reportada un año antes. La organización sostiene que estas acciones buscan desgastar económica y legalmente a periodistas y medios, generando un efecto de autocensura.

El fenómeno ocurre en un país considerado desde hace años uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Desde el año 2000, cerca de 180 periodistas han sido asesinados en México, según datos citados por organizaciones de defensa de la prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ubicó recientemente a México en la categoría de “alta restricción” en su índice de libertad de expresión, al señalar un aumento en el uso de herramientas legales por parte de funcionarios públicos para limitar la crítica y el escrutinio periodístico.

Expertos advierten que, además de la violencia física que históricamente ha afectado a la prensa mexicana, ahora emerge una forma de censura más sofisticada basada en litigios, sanciones económicas y órdenes judiciales que podrían inhibir la cobertura de asuntos de interés público.

Cabe recordar que México lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000.

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