“La violencia no se mide solo en homicidios”: Iglesia advierte por desplazamiento forzado en el país
Para el sacerdote Jorge Atilano, el desplazamiento forzado es una de las expresiones más graves del avance de la violencia criminal y evidencia que los homicidios no son el único indicador de la crisis de seguridad
Pablo Rodríguez
Los desplazamientos forzados por la violencia ya no son una realidad aislada en algunas regiones del país. Entre 2025 y lo que va de 2026, obispos y diócesis de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Morelos han advertido sobre comunidades obligadas a abandonar sus hogares, extorsiones y el creciente control territorial ejercido por grupos criminales.
El caso más reciente ocurrió en Chiapas, donde los obispos de la Provincia Eclesiástica del estado denunciaron que la inseguridad, las desapariciones y el desplazamiento forzado forman parte de una de las etapas más complejas que enfrenta la entidad.
Durante una peregrinación realizada el pasado 31 de mayo a la Basílica de Guadalupe, los obispos José Francisco González González, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, señalaron que numerosas familias han tenido que dejar sus comunidades a causa de la violencia, perdiendo patrimonio, estabilidad e incluso la vida de algunos de sus integrantes.
Estas denuncias se suman a las realizadas previamente por la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, en Guerrero; la Diócesis de Apatzingán, en Michoacán; y la Diócesis de Mazatlán, en Sinaloa.
En Guerrero, la Iglesia reconoció el sufrimiento de familias desplazadas en la región de la Montaña Baja; mientras que en Michoacán el obispo Cristóbal Ascencio García advirtió que los desplazamientos, los cobros de piso y las disputas por el control territorial continúan afectando a comunidades enteras.
Para el padre Jorge Atilano, director ejecutivo de la iniciativa Diálogo por la Paz, el desplazamiento forzado está estrechamente ligado al avance de la violencia criminal en distintos territorios del país.
“El desplazamiento tiene como principal causa la creciente violencia que se está dando en los territorios y esta violencia se da por pugnas entre grupos delictivos, por búsqueda de control de recursos naturales o simplemente por tener control de territorios para el acceso a recursos económicos”, explicó en entrevista con El Sol de México.
Para el sacerdote, la magnitud del problema obliga a replantear la forma en que se mide la violencia en el país.
“La violencia no solo se puede medir por el número de homicidios. Hay un indicador que son las extorsiones. También tendría que ser un indicador para medir la violencia del país”, comentó.
Jorge Atilano advirtió que una de las mayores preocupaciones es la manera en que ciertas prácticas delictivas se han normalizado en algunas regiones.
“Las prácticas de cobro de piso, las prácticas para apropiarse de territorios, van entrando a circuitos institucionales y eso nos preocupa. Ya no es que llegue el delincuente a pedirte una cuota, sino que instalan la cuota en la compra del aguacate para que el comprador incluya el impuesto que tiene que pagar y ya después lo paga a la delincuencia”, señaló.
Aunque la Iglesia Católica mantiene presencia en prácticamente todo el territorio nacional a través de parroquias y diócesis,Jorge Atilano reconoció que no existe un registro nacional de las comunidades desplazadas atendidas por la institución.
Explicó que muchas familias abandonan sus hogares en medio del miedo y posteriormente se refugian con familiares o conocidos, lo que dificulta dimensionar el fenómeno.
“Como son gente que sale asustada, con mucho miedo, tampoco quiere que se visibilicen. Llegan a los albergues, pero de ahí se trasladan con familias, con amistades y queda ese grupo invisibilizado también por protección de ellos”, dijo.
De acuerdo con el informe “Chiapas, la paz pendiente”, elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, que analizó las condiciones de violencia y derechos humanos en la región, entre 2023 y 2024 más de ocho mil personas fueron expulsadas de sus municipios, principalmente en comunidades de la frontera con Guatemala, mientras que alrededor de 200 habitantes de Chicomuselo y Frontera Comalapa permanecían desplazados durante 2025 en municipios como Comitán de Domínguez, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez.
Las organizaciones sostienen que a pesar de que las autoridades estatales reportaron una disminución de 62.8 por ciento en algunos indicadores delictivos durante 2025, persisten fenómenos de alto impacto, como desapariciones forzadas, fosas clandestinas y desplazamientos internos.
Las organizaciones advierten que muchas familias continúan regresando a sus comunidades sin condiciones de seguridad o enfrentan desplazamientos intermitentes debido a amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado y presencia de grupos armados, mientras la respuesta gubernamental sigue concentrada en acciones de seguridad y ayuda humanitaria temporal.
