¿Por qué no crecemos?
Saúl Arellano
México tiene una economía incapaz de crecer sostenidamente en el tiempo y que puede ser caracterizada como una economía en estancamiento secular. Pero ¿por qué no crecemos? ¿Por qué un país con más de 130 millones de habitantes, con una ubicación geográfica privilegiada, integrado al mayor mercado del planeta y poseedor de enormes recursos humanos y naturales, permanece atrapado en una economía de bajo dinamismo, de productividad estancada y de expectativas decrecientes?
La respuesta es multifactorial y, en esa lógica, debe comprenderse que el estancamiento mexicano no es únicamente económico, sino también político, institucional, territorial y hasta civilizatorio. En el fondo, lo que se ha erosionado es la capacidad colectiva para construir horizontes de certidumbre.
Entre 1961 y 2024, México registra un crecimiento promedio anual cercano al 3.4%. La cifra no es espectacular, pero expresa la existencia, durante décadas, de ciertas capacidades de expansión productiva y de construcción estatal. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 2019 y 2025, el crecimiento promedio anual ronda apenas el 0.9%. La diferencia no es menor. Expresa el tránsito desde una economía insuficientemente dinámica hacia una economía prácticamente paralizada. La narrativa gubernamental insiste en que el bienestar puede sostenerse a partir de transferencias monetarias y programas sociales; pero ninguna política redistributiva puede mantenerse indefinidamente sin crecimiento económico sostenido.
Otro de los problemas centrales reside en la debilidad estructural de la inversión. México invierte poco, y lo poco que invierte se orienta frecuentemente hacia sectores de bajo impacto multiplicador. La inversión pública productiva ha sido insuficiente; y en numerosos casos, además, se ha dirigido hacia proyectos cuya rentabilidad económica, social y logística es prácticamente nula.
El problema no se encuentra únicamente en que esos proyectos estén fracasando financieramente, sino en el enorme costo de oportunidad que representan. Cada peso destinado a inversiones de baja rentabilidad es un peso que no se canaliza hacia infraestructura logística estratégica, innovación tecnológica, educación superior, salud de calidad, ciencia aplicada, conectividad digital, redes ferroviarias industriales o transición energética.
A ello debe añadirse la creciente presión fiscal derivada del endeudamiento soberano y, sobre todo, de la situación financiera de empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Durante años, ambas fueron concebidas como pilares del desarrollo nacional; hoy operan como estructuras que absorben enormes cantidades de recursos públicos; en efecto, la deuda de PEMEX se ha convertido en una de las principales restricciones estructurales de las finanzas nacionales.
Al mismo tiempo, la inversión privada permanece cautelosa. La incertidumbre institucional inhibe decisiones de largo plazo. Ningún gran capital -nacional o internacional- invierte masivamente allí donde las reglas pueden modificarse abruptamente, donde los organismos reguladores pierden autonomía o donde el Poder Judicial deja de funcionar como un árbitro auténticamente independiente.
Es un hecho que la erosión de los órganos constitucionales autónomos y la creciente captura política del Poder Judicial han generado un deterioro profundo en la percepción internacional sobre la estabilidad institucional mexicana. Desde una mirada realista, los mercados pueden convivir con gobiernos de izquierda o de derecha. Lo que no toleran es la incertidumbre jurídica.
A ello se suma otro factor devastador: la violencia. México ha normalizado niveles de criminalidad que en cualquier otra economía emergente serían considerados una amenaza sistémica. El crimen organizado no opera únicamente como estructura ilegal paralela; en numerosas regiones constituye una forma de autoridad territorial efectiva. Controla cadenas logísticas, mercados laborales, sistemas de extorsión y corredores comerciales.
La informalidad constituye otro síntoma del fracaso estructural. Más de la mitad de la población ocupada permanece fuera de sistemas formales de seguridad social y tributación. Esto reduce productividad, limita capacidad recaudatoria y perpetúa ciclos de baja innovación tecnológica. En efecto, de los 6.13 millones de unidades económicas existentes, alrededor de 2.6 millones corresponden a micro establecimientos dedicados al comercio al por menor; esto revela que la economía mexicana sobrevive, en buena medida, mediante estrategias de subsistencia de baja productividad.
Por otro lado, México no ha construido un verdadero ecosistema nacional de innovación. La inversión en ciencia y tecnología permanece reducida; las universidades producen conocimiento con un débil vínculo con cadenas industriales complejas; y el modelo exportador continúa excesivamente concentrado en procesos manufactureros de ensamblaje con bajo contenido tecnológico nacional.
En el ámbito internacional, la situación tampoco favorece el crecimiento. La hostilidad recurrente del gobierno de Donald Trump ha reinstalado una lógica de incertidumbre comercial permanente. Las amenazas arancelarias y las tensiones en torno al acero, el sector automotriz y las cadenas de suministro generan volatilidad continua. El nearshoring, que pudo haber representado una oportunidad histórica para México, avanza más lentamente de lo esperado precisamente porque el país no ha logrado ofrecer garantías suficientes.
Con todo ello, lo que se revela es algo más profundo: México abandonó la idea misma del desarrollo. La discusión pública se ha degradado hasta convertirse en una disputa de propaganda y lealtades facciosas. El crecimiento económico exige visión de largo plazo, construcción institucional, estabilidad normativa y pactos relativamente duraderos entre Estado, mercado y sociedad. Nada de eso puede florecer en un ambiente dominado por polarización constante.
Vivimos así una paradoja inquietante: México posee enormes capacidades potenciales, pero funciona como una economía atrapada en el agotamiento de su propia imaginación histórica. El país produce trabajadores resilientes, empresarios capaces, científicos de alto nivel y una compleja vitalidad social; pero el sistema político ha sido incapaz de traducir esa energía en un proyecto nacional coherente que nos conduzca a un nuevo curso de desarrollo incluyente y ecológicamente sostenible.
Investigador del PUED-UNAM
