El INE y su responsabilidad permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas
El INE ha conformado una importante red de colaboración a través de convenios con instituciones del estado mexicano para abordar la localización de personas desaparecidas.
Carla Humphrey Jordan
Una de las más altas responsabilidades legales del Instituto Nacional Electoral (INE) es la conformación tanto del padrón electoral como de los listados de personas electoras, que son utilizados por las y los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho constitucional al voto de manera transparente, segura y con la certeza de que su voto será contado para la opción política de su elección.
Estos instrumentos registrales son utilizados para el ejercicio del sufragio en elecciones federales y locales que se registran a lo largo y ancho del país, para diversos ejercicios de participación ciudadana y, con la reforma al Poder Judicial de 2024, para las elecciones en las que son renovados diversos cargos judiciales.
Estos instrumentos registrales, en especial los listados nominales cuentan con la relación de credenciales para votar que han sido solicitadas y recogidas por las y los electores, y constituye el instrumento más acreditado por su alto nivel de confiabilidad para la realización de diversos trámites legales, administrativos y de identidad.
Existe, además, otra utilidad para estos instrumentos en los que el INE colabora con diversas instituciones en un rubro que ha merecido una atención prioritaria: la búsqueda y la localización de personas desaparecidas.
El INE ha conformado una importante red de colaboración a través de convenios con instituciones del estado mexicano para abordar esta terrible problemática. Por ello, a finales del mes de abril fue presentado al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de dirección, el “Informe de los resultados que guarda la firma de los Convenios para la identificación de personas a través del método de biometría y colaboración para la localización de personas desaparecidas”.
Este informe da cuenta de los convenios que el INE ha firmado, desde 2016 con diversas instancias como la Fiscalía General de la República (FGR), algunos gobiernos locales, fiscalías de algunas entidades federativas y comisiones nacional y estatales de búsqueda. En total, se han firmado 47 convenios cuyo objetivo es el de establecer mecanismos de colaboración que permitan el uso de las bases de datos biométricos para identificar a personas no localizadas.
Hasta abril del año en curso, el INE ha atendido más de 113 mil solicitudes de las cuales han sido confirmadas poco más de 28 mil 600 identidades.
El proceso que se sigue para las identificaciones no es un proceso fácil ya que no solo depende de la coincidencia de las huellas dactilares o del uso de la tecnología en la identificación biométrica, también la colaboración oportuna de las distintas autoridades, por ejemplo, para contactar a familiares que permitan corroborar otros elementos como el ADN, la identificación de personas.
Ahora bien, si bien se presentan avances importantes, aún existen instituciones que no han concretado acuerdos con el INE, lo que limita los alcances de los objetivos planteados.
En este contexto, y en el marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se ha determinado un marco normativo que obliga a distintas autoridades a promover y garantizar los derechos humanos de las personas desaparecidas.
Este tipo de trabajos colocan al INE como una institución de vanguardia, que abre un abanico de áreas de oportunidad para las diversas necesidades de las instituciones del estado mexicano y de la sociedad.
El INE no solo hace elecciones para todas, todos y todes. El INE también tiene funciones sociales que permiten a otras instituciones cumplir sus responsabilidades.
