¿PREPARA LA SEP EL FIN DE LAS JUBILACIONES DINÁMICAS?

Universidades bajo asfixia financiera mientras crece la sospecha de una cancelación de la prestación de retiro

Alvaro Aragón Ayala

Las universidades públicas estatales entraron en una zona de alta tensión financiera y política. La combinación entre recortes históricos, ausencia de apoyos extraordinarios, presión para reformar sistemas pensionarios y la reciente reforma al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comenzó a instalar una percepción cada vez más extendida dentro del sistema universitario nacional: que en la Secretaría de Educación Pública podría estar gestándose una estrategia gradual para desaparecer las jubilaciones dinámicas mediante el estrangulamiento financiero de las instituciones.

La sospecha no surge de la nada. Durante más de 30 y 40 años, numerosas universidades públicas del país construyeron sistemas de jubilaciones dinámicas sin partidas presupuestales federales específicas y, en muchos casos, sin fondos de aportación de trabajadores. Las prestaciones se incorporaron a contratos colectivos y comenzaron a pagarse utilizando subsidios destinados a educación, investigación, infraestructura y operación académica. El gobierno federal lo sabía. La SEP lo sabía. Hacienda lo sabía. Y aun así permitió durante décadas que ese modelo creciera sin establecer mecanismos nacionales de regulación, transición o sostenibilidad actuarial.

Con el paso del tiempo, el costo pensionario comenzó a desfondar los presupuestos universitarios. Sin embargo, en lugar de construir un sistema nacional de rescate estructural, el gobierno federal creó apenas un mecanismo temporal: el Fondo para el Apoyo o Rescate de las Universidades con Problemas Estructurales que no resolvía el problema; únicamente otorgaba recursos mínimos para cubrir aguinaldos y salarios de diciembre. Era un respirador artificial, no una solución financiera de fondo.

La situación cambió radicalmente en 2018, cuando la Cámara de Diputados desapareció ese fondo. A partir de 2019, los apoyos extraordinarios comenzaron a condicionarse a políticas de austeridad, recortes de personal y reformas administrativas. Las universidades aceptaron ajustes, redujeron gasto operativo y comenzaron procesos de reingeniería financiera. Sin embargo, los recursos extraordinarios siguieron disminuyendo hasta prácticamente desaparecer.

En los últimos tres años, la crisis se agravó todavía más. Muchas universidades sobrevivieron mediante préstamos de gobiernos estatales, adelantos financieros y reestructuración interna. Hoy algunas instituciones ya enfrentan dificultades para cubrir próximas quincenas, primas vacacionales y prestaciones inmediatas. La asfixia financiera es real.

En ese contexto, el año pasado, cuando un grupo de rectores acudieron a pedir de dinero para cerrar año, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, lanzó una frase que todavía resuena dentro de las universidades públicas del país: “sí tienen recursos, pero pagan jubilaciones”. El mensaje fue interpretado en numerosos sectores universitarios como una advertencia política y financiera: el problema no era la insuficiencia presupuestal federal, sino la existencia misma de las jubilaciones dinámicas.

A partir de ahí, la SEP comenzó a exigir reformas a los sistemas pensionarios universitarios, mayores recortes, reducción de gasto y creación de fondos o fideicomisos en aquellas universidades que aún no los tenían. A cambio, se ofreció apoyo financiero para enfrentar deudas, salarios y aguinaldos. Pero esos apoyos nunca llegaron en la magnitud esperada. Las universidades terminaron resolviendo sus crisis mediante endeudamiento estatal y ajustes internos.

Entonces llegó la reforma al artículo 127 constitucional que introdujo un cambio de enorme profundidad jurídica: reconoció y protegió las jubilaciones sostenidas mediante aportaciones sindicales o sistemas complementarios de ahorro. En sentido contrario, las prestaciones financiadas exclusivamente con recursos públicos quedaron expuestas al nuevo paradigma constitucional de austeridad y sostenibilidad financiera.

Fue ahí cuando comenzó a consolidarse otra interpretación dentro del sistema universitario en el sentido de que el gobierno federal busca conducir la desaparición gradual de las jubilaciones dinámicas que no evolucionen hacia esquemas contributivos autosustentables.

El problema es que muchas universidades apenas están en proceso de capitalización de sus fondos y fideicomisos. Algunas los crearon hace cinco, diez o quince años; otras apenas comenzaron recientemente debido a la resistencia interna de grupos radicales que durante décadas se opusieron a aportar cuotas. Incluso hoy persisten sectores de jubilados y trabajadores que rechazan contribuir financieramente al sostenimiento de prestaciones adicionales que ellos mismos reciben o esperan recibir.

Mientras tanto, las universidades siguen utilizando parcialmente el subsidio educativo para cubrir jubilaciones porque los fideicomisos aún no alcanzan suficiencia actuarial. Requieren tiempo, fortalecimiento financiero y acompañamiento federal para consolidarse.

Así, los actuales rectores heredaron sistemas pensionarios construidos durante décadas bajo la permisividad del propio Estado mexicano. Los directivos no inventaron las jubilaciones dinámicas; recibieron pasivos estructurales acumulados históricamente y ahora enfrentan la obligación política y jurídica de impedir el colapso de sus universidades.

Entonces, si la SEP pretende terminar con las jubilaciones dinámicas mediante presión financiera, la responsabilidad histórica y política de esa virtual desaparición corresponderá directamente al gobierno federal que 

nunca estableció límites claros, nunca creó un modelo nacional de transición y evadió el diseñó un fondo federal permanente de rescate actuarial. Y ahora parece trasladar completamente el costo político a las universidades y sus rectores.

Si bien, el nuevo escenario jurídico derivado de la reforma al artículo 127, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la desaparición de apoyos extraordinarios está empujando a las universidades hacia una reconversión obligatoria, esa transición requiere tiempo, financiamiento y corresponsabilidad estatal.

Las administraciones universitarias de hoy están intentando salvar instituciones que heredaron sistemas pensionarios estructuralmente inviables, mientras enfrentan una presión financiera creciente y una reducción progresiva del respaldo federal. Sin embargo, la SEP parece estar apostando a extinguir las prestaciones de retiro mediante el agotamiento financiero de las instituciones públicas de educación superior.

Y si ese escenario termina consolidándose, la responsabilidad histórica de esa decisión no recaerá sobre las autoridades universitarias, sino directamente sobre la SEP o el Estado mexicano.