La narrativa de Trump: medios, poder y la herida abierta
Wilfrido Ibarra Escobar (Licenciado en Economía)
Claramente, el caso de Rubén Rocha Moya dejó de ser un asunto local desde el momento en que su narrativa comenzó a construirse en despachos extranjeros y a replicarse, casi sin filtros, dentro de nuestras fronteras. No estamos, que se entienda, frente a una cobertura informativa ordinaria, sino ante un fenómeno de alineación mediática total. Lo que se observa es la instalación de un marco interpretativo de origen estadounidense que la prensa mexicana adopta, reproduce y amplifica sin el menor pudor crítico.
Es una técnica refinada. Si Joseph Goebbels, el jefe de prensa de Adolfo Hitler, sostenía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, la “modernidad” ha sofisticado el método a través de la Agenda Setting. Hoy no se necesita imponer una mentira burda; basta con dictar de qué se habla y, sobre todo, desde qué ángulo se hace. Las estrategias de comunicación de Donald Trump buscan moldear la realidad a través de la saturación y el conflicto dirigido, y los medios en México han caído en la trampa (o el negocio) de aceptar que la agenda nacional se dicte desde Washington.
Bajo este modelo, el dato más revelador es lo que no se publica. La mayoría de los medios evita colocar en el centro del debate la soberanía nacional o el debido proceso. En su lugar, prefieren el papel de megáfonos de agencias externas. La cobertura se desplaza hacia los marcos construidos desde expedientes y filtraciones estratégicas de Estados Unidos. Es ahí donde se fija la agenda; es ahí donde se define el terreno de una batalla que México parece estar perdiendo en el imaginario colectivo.
En este contexto, resulta inevitable señalar que el “caso Rocha” fue creado exprofeso como un instrumento de presión política. No es que el gobernador sea el fin último; es el medio para tocar fibras estratégicas: seguridad, narcotráfico y gobernabilidad. Washington golpea donde genera fracturas. Es una operación quirúrgica de comunicación donde el objetivo no es la justicia, sino el condicionamiento del Estado mexicano.
Conviene decirlo sin eufemismos: a los dueños del Capitolio no les urge encarcelar a un gobernador. Fabricaron este escenario para asegurar sus prioridades estructurales: el control del fentanilo, la estabilidad del T-MEC, el dominio sobre el litio y la energía, y la vigilancia de México como bisagra regional. Cualquier narrativa que erosione la autoridad local es una victoria para su capacidad de negociación.
En este escenario, la prensa mexicana no necesita recibir órdenes directas para ajustarse a la narrativa de Donald Trump o de las agencias de inteligencia estadounidenses. Se alinea por una dependencia patológica de fuentes externas y por una orfandad de investigación propia. Pero, sobre todo, por una herida económica abierta. El reacomodo del sistema mediático tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador -con la drástica reducción de la publicidad oficial- desarticuló las estructuras mediáticas privilegiadas por el PRI y el PAN.
Muchos medios perdieron el presupuesto, pero conservaron el resentimiento. En ese escenario, la cobertura del caso Rocha no es periodismo, es un intento de reposicionamiento político. Es la búsqueda de la relevancia perdida a través de una alianza tácita con los intereses del vecino del norte. Actores del viejo régimen gubernamental, opositores de Morena, han encontrado en este ecosistema el vacío perfecto para reinsertarse, utilizando a comunicadores “independientes” que, sedientos de audiencia y capital político, validan una “narrativa gringa” que no les pertenece.
Así, lo que está operando no es un control dictatorial, sino la influencia estructural. Es claro que cuando la dependencia informativa converge con el resentimiento económico genera como resultado una narrativa distorsionada que se normaliza hasta convertirse en “sentido común”. En ese punto, ya no interesa quién originó la historia; importa que esa historia ya define el debate nacional y limita nuestro margen de maniobra como país.
La disputa de fondo no es por la veracidad de un expediente judicial, sino por el control del marco desde el cual interpretamos nuestra propia realidad. Si permitimos que la agenda nacional sea diseñada en el extranjero y ejecutada por manos locales, habremos aceptado que nuestra opinión pública no es más que un territorio conquistado. El campo de batalla real no es Sinaloa; es la soberanía de nuestra propia narrativa.
