La “norteamericanización” del PRI y el PAN
Alvaro Aragón Ayala
El quehacer político atraviesa por una de sus mutaciones más deleznables. Las dirigencias nacionales del PRI y el PAN, encabezadas por Alejandro Moreno y Jorge Romero, adoptaron una narrativa que rebasó la crítica interna y se situó en el terreno de la validación externa. Ante la crisis de seguridad en Sinaloa y el caso de Rubén Rocha Moya, la oposición renunció a la construcción de un proyecto nacional de seguridad para actuar, en la práctica, como una caja de resonancia de los intereses del Partido Republicano y las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
La reciente actividad de las cúpulas opositoras ofrece la lectura de una desesperada estrategia de supervivencia política-electoral basada en el respaldo extranjero. Cuando pregonan que acudieron a instancias de Washington para presentar denuncias y ofrecer informes sobre la situación del país, el PRI y el PAN escalan el escándalo e internacionalizar el conflicto, levantando la sospecha de que someterá sus candidaturas y alianzas al visto bueno de la administración Trump.
Este comportamiento refleja un “juramento de lealtad” sobreentendido a la agenda de seguridad de EE. UU. (DEA/CIA), donde la prioridad no es el fortalecimiento del tejido social mexicano, sino el cumplimiento de los estándares punitivos y de intervención exigidos desde el exterior. El riesgo es la transformación de los “partidos viejos” en apéndices de Partido Republicano y en replicadores de la agenda binacional yanqui.
La vehemencia con la que la oposición plantea y fustiga el “colapso” político en Sinaloa omite un dato estructural insoslayable: la genealogía del fenómeno. El empoderamiento del Cártel de Sinaloa y la consolidación de su estructura empresarial-criminal no es un evento fortuito del presente. No nació con el gobierno de Morena. Fue durante el gobierno del priista Francisco Labastida Ochoa (1987-1992) cuando el Cartel de Sinaloa se enraizó en la economía y la política local.
Durante ese sexenio se sentaron las bases de una convivencia entre sectores económicos legítimos y capitales ilícitos, permitiendo que la organización criminal pasara de la producción narco-agrícola a una sofisticación financiera y logística sin precedentes. Criticar el estado actual de cosas sin reconocer la responsabilidad histórica en la creación de ese “Frankenstein”, resta autoridad moral y profundidad analítica a la narrativa de la oposición.
El análisis serio de la situación actual obliga a observar la “fotografía instantánea” y el estado emocional de la ciudadanía y de los generadores de la opinión pública. Priva un estado de confusión donde una demanda estadounidense es usada como herramienta para descargar odios personales y se confunde la venganza y el oportunismo político con el deber cívico.
La exigencia de que Rubén Rocha Moya -bajo investigación- se aparte de su cargo es un principio democrático básico; sin embargo, cuando este reclamo se utiliza para invocar la intervención de agencias extranjeras, se vulnera el principio de soberanía. La oposición está cayendo en una “utopía del abismo” creyendo que la tutela de Estados Unidos es la salida a la crisis, sin percatarse de que el intervencionismo profundiza los precipicios institucionales.
La mutación del PRI y el PAN hacia una postura “trumpista” y de subordinación a las agencias estadounidenses (DEA/CIA) revela una crisis de identidad. Efectivamente, al actuar como gestores de información para el vecino del norte, Alejandro Moreno y Jorge Romero renunciaron a hablarle al electorado mexicano con la verdad desde una plataforma de solución propia y abrieron la puerta para que las sentencias se dictan en inglés.
