NEGOCIOS CRIMINALES O SISTEMA SOCIAL: ¿qué revela la crisis de violencia en Sinaloa?

Álvaro Aragón Ayala / VOCES NACIONALES

Culiacán amanece con cortinas abajo, fachadas calcinadas y colonias vacías. Van entre 150 y 160 casas incendiadas intencionalmente y más de 2 mil 700 negocios cerrados en poco más de 17 meses. Y tres mineras paralizadas y más de mil patrones dados de baja en el IMSS. Y la pregunta no es sólo qué está pasando, sino qué estuvo pasando durante años sin que nadie quisiera verlo.

Durante el gobierno de Quirino Ordaz Coppel (2017-2021) se ejercieron, según análisis de organizaciones civiles, más de mil 714 millones de pesos en publicidad oficial. La marca “Puro Sinaloa” inundó medios nacionales. Columnistas y analistas replicaron la narrativa institucional. Se oculto el rostro sangriento de Sinaloa y se exaltó el crecimiento de la entidad apuntalada por la narcoeconomía.

En el régimen quirinista, de cinco años, se acumularon más de 5 mil homicidios dolosos. Tan solo en el arranque, el 2017, mil 559 asesinatos. En septiembre de 2021: 56 homicidios en un mes ¿Y dónde estaba la crítica y la indignación nacional? ¿Por qué no hubo el mismo nivel de escrutinio que hoy se observa contra Rubén Rocha Moya?

Durante la administración estatal de Ordaz Coppel, en octubre de 2019 ocurrió el llamado “Culiacanazo”. El episodio marcó un parteaguas en la narrativa pública sobre el poder criminal en la capital sinaloense. Sin embargo, la crítica política fue selectiva. Maletas repletas de dinero del erario público fluyeron rumbo a la ciudad de México para proteger la imagen del entonces gobernador.

Fue así que, en medio del escándalo de “El Culiacanazo”, Quirino quedó prácticamente a salvo de la crítica pública, pese a haber permitido la institucionalización de Culiacán como un territorio dominado por el narco. Su gobierno, pues, normalizó una realidad donde el crimen impuso reglas y ejerció el control de los cuerpos de seguridad municipales y estatales.

Del mismo modo, el saludo de Andrés Manuel López Obrador a la madre de un capo, en la sierra, en la Tuna, Badiraguato, tampoco generó sanción periodística y social significativa, aun cuando fue el otrora gobernador quien organizó la logística y la comida donde ocurrió el encuentro. Nada fue casual: todo fue preparado con antelación.

El sexenio de Jesús Aguilar Padilla cerró con 4 mil 374 ejecuciones acumuladas, con el año 2009 como uno de los más violentos. A Aguilar le mataron incluso a su titular de Turismo, Antonio Ibarra Salgado, junto con su escolta y chofer, Encarnación García Valdez; al presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Enrique “El Gallo” Mendívil Flores, y al vocero de seguridad Oscar Rivera Inzunza.

En el periodo de Mario López Valdez la fractura entre grupos criminales también tiñó de sangre al estado. Durante ese sexenio (2011-2016) se registraron 6 mil 741 homicidios dolosos, convirtiéndose en uno de los más violentos de la historia del estado. Los asesinatos más sonados fueron los de Luis Pérez, ex funcionario de “inteligencia”, y el del periodista de ADISCUSIÓN Humberto Millán Salazar. Los enfrentamientos armados y ejecuciones transmutaron a Sinaloa en un infierno.

La violencia, entonces, no es nueva. Lo nuevo es que ya no hay disimulo. La presidenta de Coparmex Sinaloa declaró que en poco más de 17 meses cerraron más de 2 mil 697 empresas. Sí, es cierto: las cortinas bajan. Las mineras se van. Las casas se incendian, pero el Estado sigue funcionando. Las dependencias siguen abiertas. La administración pública no se paraliza.

¿Los afectados directos, aquellos que han cerrado negocios, pertenecían o no a la economía formal o a la economía criminal entrelazada?, porque el narcotráfico no solo produce violencia, genera flujos de capital, consumo, construcción, empleo informal, servicios, lujo. Como advirtió en su momento Karl Marx en su reflexión sobre la “productividad” del delito, el crimen genera estructuras alrededor suyo: policías, jueces, industrias, relatos.

En Sinaloa, durante décadas, la llamada narcoeconomía ha irrigado sectores completos: bienes raíces, comercio, servicios, agricultura, transporte. La bonanza coexiste con la pobreza estructural. De la noche a la mañana surgieron y surgen nuevos ricos, inversionistas, con planes de mezclarse con el “old money” para ocultar el lavado de dinero

¿CUÁNDO EMPEZAMOS A APLAUDIR EL CRIMEN?

Y bien ¿Cuándo empezamos a aplaudir al crimen? Tal vez cuando el dinero ilícito se convirtió en inversión visible, cuando los desarrollos inmobiliarios florecieron, cuando el consumo suntuoso dinamizó comercios y cuando el silencio mediático se volvió rentable ¿Cuándo se comenzó a tolerar la “pax narca”? ¿Cuándo el flujo de dinero mantuvo una ilusión de prosperidad?

Hoy que esa “pax narca” se rompió por la guerra interna entre facciones, la economía siente el impacto. El capital huye. Las casas se queman. Los negocios cierran. Entonces ¿La prosperidad de Culiacán fue desarrollo genuino o dependencia de capital criminal? Si la economía formal estaba parcialmente sostenida por flujos ilícitos, la crisis actual es de modelo.

Crisis que, además, revela que la violencia siempre estuvo y ha estado ahí, con Mario López, con Jesús Aguilar, con Quirino Ordaz, y que nunca se ha ido. Crisis que revela que los muertos no salieron de la nada, que las desapariciones eran y son una herida abierta. Que aquella estabilidad aparente, que la hipotética paz, tenía costos invisibles.

Pero el espejo ya no permite maquillaje. La discusión y acusación no debe centrarse únicamente en quién gobierna hoy. Debe abarcar el por qué se toleró durante años, por periodos de gobierno completos, el arraigo y crecimiento del narco, y qué beneficios generó a los protectores de los poderes fácticos. La ruptura, que se entienda, no es sólo entre facciones armadas. Hay otra: la ruptura del silencio.