Para la revisión del T-MEC falta escuchar más allá de las empresas
Manuel Pérez Rocha L.*
Organizaciones sociales y civiles mexicanas se esfuerzan por presentar, en el marco de la actual revisión del T-MEC, planteamientos alternativos al libre comercio. Sin embargo, no son escuchadas por nuestro propio gobierno, ni siquiera son recibidas. En cambio, cada vez que Trump abre la boca, incomoda, insulta y hace a sus amigos y enemigos confundirse sobre si son lo uno o lo otro. Sabe que no le es necesaria mucha artimaña para distraer. Él es la distracción. Ha llegado a expresiones extremas. Como dijo el primer ministro de Canadá Mark Carney: “ya se terminó el viejo orden internacional”.
En efecto, Trump se sacude de fastidiosas reglas para la plutocracia estadunidense y corta amarras con toda institución multilateral democrática, ya sea de la ONU o de acuerdos internacionales como el Convenio de París. Pone en marcha, en realidad, un neoliberalismo a todo galope. Mientras tanto, el papel e interés de Estados Unidos en el sistema financiero capitalista global se mantiene; Trump no ha amenazado seriamente con salir ni terminar con el sistema Bretton Woods (FMI, Banco Mundial), por ejemplo.
Aunque Trump politice caprichosamente las negociaciones de la revisión del T-MEC este año, es positivo que se cuestione este neoliberal tratado, que en mucho es una repetición del TLCAN. Los tratados de libre comercio, en efecto, son “libres” en la medida en que otorgan libertad a los capitales de obligaciones, regulaciones y medidas que interfieran con sus ganancias. Para Trump la “politización” del T-MEC es una cortina de humo para que avancen los intereses corporativos de Estados Unidos.
Apenas el viernes pasado, la bipartidista Ley de Defensa de la Propiedad Americana (sic) en el Exterior fue aprobada por el Comité del Transporte e Infraestructura del Congreso. Esta ley (tinyurl.com/ycyw52yw), según su co-auspiciante, el representante republicano texano August Pfluger “envía un mensaje claro: Estados Unidos defenderá a sus empresas y exigirá responsabilidades a los países que violen los acuerdos comerciales o socaven los derechos de propiedad” (tinyurl.com/4379asm8)”. Pfluger invoca, como único antecedente, que supuestamente “en mayo de 2022, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cerró abruptamente las operaciones de Vulcan Materials Company con falsas acusaciones de que la empresa estaba incumpliendo su contrato, y su gobierno lanzó posteriormente una campaña de presión incesante contra Vulcan, que incluyó múltiples demandas y el envío de militares y fuerzas del orden a sus instalaciones” (tr. propia). Mientras tanto, la demanda de Vulcan contra México por mil 900 millones de dólares sigue en pie en el CIADI.
Paralelamente, las más grandes corporaciones estadunidenses y empresas mineras reclaman al gobierno de Trump que restaure los privilegios de “seguridad jurídica” del TLCAN que fueron eliminados en el T-MEC, el cual delimitó los derechos a recurrir a demandas inversionista-Estado (ISDS) a contratos ya existentes de empresas de hidrocarburos y energía (ver tinyurl.com/2nysvk6x y tinyurl.com/e8z77ddh).
Dada esta enorme presión, llaman la atención las recientes declaraciones del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de que hay que ampliar la certeza jurídica a inversionistas extranjeros. Ebrard parece responder y adherirse a los cuestionamientos empresariales acerca del actual estado de derecho en México (ver La Jornada, 26-02-15). Ha sostenido que es fundamental para México mantener y fortalecer el mecanismo de resolución de controversias para que no tengamos “decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias”. ¿A qué decisiones se refiere? Dice que con este sistema (de resolución de controversias) hay “una esfera igualitaria, simétrica de los tres países”; ¿De qué simetría habla?; “Que sea más ágil en la medida de lo posible y abarque más ámbitos con el propósito de que esto reduzca incertidumbre de operación del tratado” ¿qué más ámbitos? ¿para que México siga recibiendo un alud de demandas?
En una nota publicada por este diario (tinyurl.com/36hkyuf4) se dice que “Ebrard mencionó que en los próximos días entregarán a la presidenta Claudia Sheinbaum la consulta realizada en México de cara a la revisión trilateral y posteriormente se remitirían al Senado”. En esa consulta, sin embargo, las organizaciones sociales y civiles, a diferencia del sector empresarial, han sido excluidas. Más de una centena de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y personas expertas en diferentes sectores y materias que competen al TLC y a la relación trilateral, reunidas en la Asamblea de Incidencia del TMEC (ver página de Sin Maíz no hay País, tinyurl.com/eubt36ky) , han expresado, en carta fechada el 21 de enero, su preocupación y extrañamiento ante cancelaciones de reuniones previamente acordadas con la Secretaría de Economía, “en un contexto en el que avanzan definiciones clave del proceso de renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, citando justamente las declaraciones de Ebrard respecto a ampliar los mecanismos de solución de controversias.
Dicen que “la reiterada reprogramación de este espacio de diálogo genera inquietud entre las organizaciones que conforman la asamblea, particularmente ante la ausencia de canales efectivos de interlocución con la Secretaría de Economía, a pesar de los impactos que las decisiones en curso tendrán en las personas trabajadoras, las comunidades y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano” (ver carta completa tinyurl.com/vytj44xk). La exclusión de OSC mexicanas sigue la tendencia de cuatro décadas desde que se negoció el TLCAN.
La ansiedad de atraer inversión extranjera sin condicionamientos, sin requisitos, sin controles (eso es un TLC), y además otorgar derechos jurídicos supranacionales, es seguir menoscabando nuestra soberanía. Hago eco de la carta de la Asamblea de Incidencia del T-MEC en la que “reitera su disposición a un diálogo constructivo y a contribuir de manera propositiva a un proceso de renegociación incluyente, transparente y centrado en las personas”. ¿Es mucho pedir?
*Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
