México vuelve a la ONU: ¿cuáles son los retos en materia de derechos humanos y democracia?
Jonathan De Vicente Encarnación
Este 2026, México será evaluado por primera vez en materia de derechos civiles y políticos frente a las Naciones Unidas, en un contexto nacional marcado por una serie de reformas que, los últimos años, rediseñaron la institucionalidad mexicana e impactaron seriamente estos derechos.
En enero de 2024, aún bajo la presidencia de López Obrador, el Consejo de Derechos Humanos (CoDH) examinó por cuarta ocasión a nuestro país en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En esa ocasión, México recibió 318 recomendaciones y aceptó 304. De ese ejercicio, la mayoría de recomendaciones fueron sobre la situación de violencia e inseguridad en el país y su impacto en las familias buscadoras, mujeres, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El balance tras el examen fue el diagnóstico ya conocido: México enfrenta una seria crisis de violaciones a derechos humanos.
Ya bajo la administración de Sheinbaum, México ha tenido que presentar una serie de informes y procesos de sustentación sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ante Naciones Unidas, por ejemplo, en materia de migración y derechos de las mujeres, pero será este marzo de 2026 cuando nuestro país vuelva a presentarse ante la ONU, ahora para evaluar su cumplimiento del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos a través de la presentación de un informe de cumplimiento del pacto.
Será la primera vez que el Estado mexicano lo sustente y que el Comité de Derechos Humanos emita recomendaciones a México, ya bajo la administración de Sheinbaum. Y lo fundamental está en que este informe de cumplimiento y las recomendaciones que deriven tendrán que responder a la transformación radical que sufrió el país en términos de Estado de derecho tras las diversas reformas aprobadas entre 2024 y 2025, incluyendo la reforma al Poder Judicial, la reforma militar, la que desaparece a los organismos autónomos y las relativas al juicio de amparo, que en suma menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y los contrapesos al poder, tres elementos fundantes para una democracia sana.
En este sentido, ya diversos grupos de organizaciones civiles hemos comenzado a remitir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas diversos informes sombra sobre la situación de los derechos humanos, particularmente en la esfera de los derechos civiles y políticos. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) se sumó al informe “Derechos humanos y democracia: un panorama de retrocesos en diversos ámbitos”, en el cual se expresa y documenta con preocupación la forma en que estas reformas generan condiciones sistémicas para el abuso y el autoritarismo en la país.
El informe enfatiza que la eliminación de los pesos y contrapesos del sistema político tienen repercusiones directas en el ejercicio de derechos, como el acceso a recursos legales ante posibles violaciones, el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, a un juicio justo, a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la asociación y protesta pacífica, por mencionar algunos. Por ejemplo, la reforma judicial ha evidenciado que los perfiles que han llegado a las instancias de impartición de justicia carecen de la formación necesaria para juzgar con perspectiva de derechos humanos y que la primera elección judicial, celebrada en junio de 2025, evidenció prácticas de captación del voto y baja participación ciudadana.
Otro aspecto clave del informe tiene que ver con la militarización de la seguridad y vida pública en México, pues la reforma militar aprobada en agosto de 2024 contraviene a las propias recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en 2019 había recomendado a nuestro país alejarse de posturas militaristas en la esfera de la seguridad.
También se advierte del preocupante impulso a la participación de las fuerzas armadas en la vida pública del país. Como analizamos desde MUCD, en este sexenio se está perfilando la implementación de un plan militar amplio para el periodo 2025 – 2030, en el cual se han anunciado las próximas áreas que serán militarizadas tales como la gestión hídrica y los conflictos sociales por el acceso al agua, la atención a la población en casos de crisis sanitaria/humanitaria y hasta el control del comercio exterior.
El informe sombra enviado a la ONU resalta que es igual de preocupante la reforma a la Ley de Amparo, que limita la protección de los derechos humanos de grupos enteros e históricamente vulnerados. Esta reforma también estuvo acompañada de la denominada reforma sobre inimpugnabilidad (artículo 105 constitucional), que significa que ninguna modificación a la Constitución, sin importar su contenido o alcance, podría ser impugnada a través de mecanismos legales que antes estaban disponibles, dejando sin protección jurídica a la ciudadanía y restringiendo severamente las vías para hacer valer sus derechos humanos.
Otros importantes temas se tocan en este informe, como el reto que el país enfrenta en términos de desaparición de personas, con 133 mil personas desaparecidas a diciembre de 2025.
Lo que México informe al Comité de Derechos Humanos será fundamental tras este rediseño institucional y marcará, en gran medida, el trabajo y esfuerzos necesarios desde la sociedad civil para contribuir a resolver las crisis de derechos humanos que enfrenta el país, así como para insistir en que las reformas aprobadas están lejos de resolver los problemas nacionales. Debemos prestar atención a este proceso y, como ciudadanía organizada, seguir exigiendo cambios a favor de todos nuestros derechos haciendo uso de los mecanismos internacionales para denunciar las violaciones que efectivamente existen en México, aunque el Estado los niegue.
* Jonathan De Vicente Encarnación es director de Incidencia Política en México Unido Contra la Delincuencia A. C. (@MUCDOficial).
