Los socios de Morena (PT-Verde) y la elección de 2027 complican la Reforma Electoral
Sugeyry Romina Gándara
El Congreso arranca 2026 a contrarreloj con una agenda intensa, centrada en la reforma electoral, entre desacuerdos internos y plazos constitucionales.
La Reforma Electoral es la prioridad para el Congreso que arranca sesiones en febrero y para la Presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente de cara al proceso electoral de 2027 cuando se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados. De hecho, el principal desacuerdo que existe en torno a la propuesta que trabaja una Comisión Especial que encabeza Pablo Gómez son los legisladores de representación proporcional o plurinominales, una figura que beneficia a los aliados de Morena.
En ese sentido, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se han vuelto dos de los principales obstáculos para sacar adelante una reforma que modifique la figura de plurinominales, la cual les ha dado un poder político que ha servido al oficialismo para tener la mayoría en la Cámara, necesaria para aprobar reformas constitucionales. Lo mismo sucede con la reducción del financiamiento público del que se benefician, en general, todas las fuerzas políticas.
“Los dos partidos que forman parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia (PVEM y PT) necesitan los plurinominales para existir tanto en congresos locales como en el Congreso federal; ganan muy pocas presidencias municipales por sí solos, ganan muy pocos distritos por sí solos, entonces la figura de la representación proporcional es importantísima para que esos partidos se mantengan vigentes. Y el mantenerse vigente significa también mantener presupuesto”, indicó en entrevista con SinEmbargo Sergio Bárcena, fundador de Buró Parlamentario.
En esa misma línea, Jorge Aljovín, especialista en derecho electoral y político, señaló que el consenso de estos partidos satélite será determinante no sólo para que Morena alcance la mayoría calificada.“Estos partidos políticos han logrado sacar una raja de este mecanismo que les permite tener una mayor representación en el Congreso, y habrá que decir que esto no solamente se trata en su momento del PT o del Verde, sino también cuando gobernaron otros partidos que hoy son de oposición, que también se alimentaron de partidos satélites cuando hacían sus propias coaliciones”, destacó.
En el Congreso de la Unión, la representación proporcional permite a esos partidos tener una mayor presencia. El mayor ejemplo de ello es el PVEM en la Cámara de Diputados, donde de los 62 legisladores con los que cuenta actualmente, 18 son por representación proporcional y 44 por mayoría relativa, es decir, llegaron con el voto directo. El Partido del Trabajo, por ejemplo, cuenta con 49 legisladores, de los cuales 13 son plurinominales y 36 de mayoría relativa.
En la Cámara de Senadores, el PVEM cuenta con 14 legisladores, de los cuales 10 son de mayoría relativa, uno por primera minoría y tres por la vía plurinominal, entre ellos, Manuel Velasco; y el Partido del Trabajo cuenta con seis senadores, de los cuales, tres son por plurinominal, entre ellos, Alberto Anaya.
“Será un periodo legislativo intenso y que tiene como contexto la antesala al inicio del proceso electoral 2026-2027. Y esto ha planteado una agenda para el Legislativo donde uno de los temas más importantes será la reforma electoral”, expuso Aljovín Navarro.
Ciertamente no es el único pendiente que tendrá el Congreso. También hay otros temas prioritarios que podrían discutirse y resolverse en este primer tramo del año legislativo, reforma laboral, al sistema de seguridad. “Esta agenda es que creo que es más voluminosa de la que hemos visto en periodos anteriores de esta legislatura. Esa es una primera característica: sí va a ser un periodo ordinario bastante activo”, refirió Sergio Bárcena, fundador de Buró Parlamentario.
Un reto a marchas forzadas
La Reforma Electoral –que será la verdadera herencia legislativa que deje la mandataria Claudia Sheinbaum– será sin duda el gran tema de este 2026, pero también implicará fuertes retos. Y es que su discusión y eventual aprobación se dará bajo una fuerte presión de tiempos, con desacuerdos de fondo y sin consensos claros, ni siquiera al interior del bloque oficialist.
“Hay puntos donde parece que hay consenso, como la disminución del financiamiento a los partidos políticos y también del financiamiento para la organización de los procesos electorales. Donde no hay un consenso claro, ni en el bloque oficialista ni con la oposición, es en lo que se refiere a la eliminación de los plurinominales”, explicó Aljovín.
El pasado 7 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informaba que la iniciativa de Reforma Electoral aún sigue en proceso de elaboración y que en los próximos días continuará el trabajo con legisladores para definir plazos de discusión, pero destacó que ya existen coincidencias claras en algunos puntos.
Sheinbaum explicó que entre los planteamientos presentados en los foros ciudadanos y en el primer borrador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se identificaron propuestas similares en tres temas: reducir el financiamiento público a los partidos políticos, disminuir los costos de organización de las elecciones y revisar la integración de la Cámara de Diputados.
Cuestionada sobre cuándo pudiera ser presentada, la Presidenta dijo que aún no hay una fecha. Incluso cuando se le preguntó sí sería en la primera quincena de enero, como lo mencionó el coordinador de diputados Ricardo Monreal, quien dijo que ya tenía una ruta de la agenda y que la reforma podría ser aprobada en marzo, la mandataria recalcó que el proyecto aún no está listo.
“La iniciativa sí se va a presentar en este periodo. No sé si tan rápido como lo planteaba Monreal, pero lo que sí tengo estimado es que hay un límite para que se apruebe esa reforma y pueda entrar en vigencia para la elección 2026-2027”, explicó Sergio Bárcena, fundador de Buró Parlamentario,.
El Coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anticipó el lunes 5 de enero que la Reforma Electoral podría ser aprobada hacia mediados de marzo, siempre que la iniciativa se presente en la primera quincena de enero, como estaba previsto.
“Los tiempos se nos están ajustando. Recuerden que hablamos de la primera quincena para la presentación de la iniciativa en la permanente y ya se decidirá por la presidenta a qué cámara enviarla, si a la de diputados o a la de senadores, pero tengo una ruta, un camino de ruta que concluye este el próximo año”, dijo.
El límite que tienen los legisladores para aprobar la Reforma, si es que quieren que se aplique para la siguiente elección, está marcado por la Constitución. Y es justo la presión de los tiempos es uno de los elementos más críticos, pues tendría que quedar para más tardar en mayo de este año. Tanto Bárcena como Aljovín explicaron que el proceso electoral 2026-2027 inicia formalmente la primera semana de septiembre de 2026 y que las reglas deben estar definidas con anticipación.
Esto implica que no solo la reforma constitucional, sino también las leyes secundarias, deben estar listas. “Si vas a hacer cambios a la ley electoral o publicar una nueva ley, necesitas 90 días de anticipación, con todo y leyes secundarias”, enfatizó Barcena.
“Las leyes electorales se deben de aprobar con 90 días de anticipación, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, y estos vencerán en su momento a finales del mes de mayo”, explicó Barcena.
Y así es. El último párrafo de la fracción II del Artículo 105 de la Constitución establece: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no
podrá haber modificaciones legales fundamentales.”
Para los analistas, este margen reducido anticipa un proceso legislativo apresurado, por lo que ambos estiman que es probable que los legisladores tengan que convocar a periodos extraordinarios para la aprobación.
¿Seguirán los plurinominales?
Asimismo, otro de los grandes retos que ya avizoran es el tema de cómo quedará configurada la elección de los famosos plurinominales.
Bárcena destacó que el debate no se limita a si se eliminan o se mantienen, sino a cuántos permanecerían y bajo qué esquema, en un contexto donde Morena no cuenta por sí sola con mayoría calificada.
“Lo que más genera conflicto es si los plurinominales se quedan, si se van, si se reducen y cuántos son, porque Morena, sin la coalición con el PT y el Verde, no tiene mayoría calificada. Entonces está obligada a negociar esa parte”, apuntó.
Por su parte, Jorge Aljovín, aaunque reconoció que hay puntos donde parece haber coincidencias, como la reducción del financiamiento a los partidos políticos y a la organización de los procesos electorales, coincidió en que la representación proporcional los consensos siguen trabados.
“Donde no hay un consenso claro es en la eliminación de los plurinominales y en la forma en que se elegirían los consejeros electorales, si sería por elección popular, si se irían todos o si se mantendría una base”, detalló .
Aljovín explicó que la eliminación de los plurinominales es vista por la oposición como un intento de anular a las minorías, mientras que sectores de izquierda recuerdan que ese mecanismo fue clave para su llegada al Congreso. “Aquí lo que se debería lograr es una armonización, establecer limitaciones para que no repitan siempre los mismos, pero sin desaparecer el mecanismo”, planteó.
A su vez Jorge Barcena advirtió que hay otros aspectos de la reforma electoral que, aunque han recibido menor atención pública, tambiñen podrían implicar retrocesos. Entre ellos, la capacidad del Instituto Nacional Electoral y de los institutos electorales locales para garantizar la paridad de género. “Ese tema es una lucha que lleva muchos años en México, desde la primera cuota hasta las últimas reformas que garantizan la paridad que tenemos hoy en el Congreso y en muchos cargos. Quitar facultades o dar más manga ancha a los partidos para violar normas sería un retroceso”, alertó.
El papel de los partidos satélite
La reducción de legisladores plurinominales, un tema del cual aún no hay consenso, según reveló la propia mandataria nacional, se avisora ya como uno de los puntos de tensión en la reforma en mención, sobre todo por el impacto que tendría en los partidos satélite de Morena, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Los especialistas consultados por SinEmbargo también coincidieron en que ambos partidos – y también los otros partidos que han ido en coalición con el PRIAN cuando ganaban– han construido buena parte de su representación legislativa a partir de este mecanismo; pero también, al mismo tiempo, son claves para que el oficialismo alcance la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional.
Sergio Bárcena recordó que el PT a través de su dirigencia ha sido explícito, al rechazar una reforma que elimine la representación proporcional, mientras que del PVEM destacó que ese partido ha optado por el silencio, aunque enfrenta el mismo riesgo estructural. Para el especialista, prescindir de los plurinominales implicaría para estos partidos “darse un balazo en el pie”, pues sin ese esquema su presencia en el Congreso se vería severamente reducida.
“Sí puedo adelantar que estos partidos sin representación proporcional estarían prácticamente dando un balazo en el pie”, dijo.
Bárcena detalló que una de las rutas de negociación podría ser una reducción parcial de los plurinominales tanto a nivel federal como local, dado que las constituciones estatales replican el mandato constitucional.
“Van a buscar que si se reducen, se reduzcan lo menos posible los plurinominales”, explicó, y añadió que otro punto central será mantener la flexibilidad en las candidaturas comunes y los convenios de coalición.
Aljovín coincidió en que el conflicto no se limita a la representación, sino que también involucra el financiamiento de los partidos políticos.
“Hay temas importantes dentro de este armado de la reforma electoral, porque también se refiere al financiamiento de los partidos políticos”, advirtió y también recordó que los partidos considerados pequeños reciben actualmente recursos públicos significativos.
La negociación con los partidos satélite, aunque tiene como principal interés su propia supervivencia política, podría buscar también otros intereses, según se permite anticipar por diversos antecedentes, entre los cuales destacan las aspiraciones de sus cúpulas. Tal es el caso del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde es conocido su interés por mantener el control político en algunas entidades, como San Luis Potosí, donde incluso se ha impulsado la modificación de la ley para abrir paso a la postulación de Ruth González, esposa del actual Gobernador Ricardo Gallardo, así como el impulso de perfiles cercanos a los gobiernos estatales en turno, como ha ocurrido en otros procesos sucesorios.
La dirigente del Verde Ecologista, Karen Castrejón, en una entrevista con el Sol de México, adelantaba el respaldo a la reforma electoral, pero dejando entrever que buscarán una negociación con respecto al financiamiento y representación proporcional: “Siempre lo hemos dicho: somos aliados. Principalmente con la presidenta de la República iremos juntos, y así lo mencionó en la última reunión que tuvimos legisladoras y legisladores de los tres partidos que conformamos la alianza”, dijo la dirigente de acuerdo con el Sol de México.
Pero además, también adelantó: “El Verde revisará, propondrá y opinará desde los espacios de representación que tenemos en ambas cámaras”, declaró
Por su parte, el Partido del Trabajo (PT) buscaría mayores espacios de representación y, de no alcanzarse acuerdos, no descartaría competir en solitario, un escenario que ya se materializó en Veracruz, donde rompió con la alianza en las pasadas elecciones municipales, en las que se disputaron 212 ayuntamientos. Ese rompimiento impidió que Morena y su bloque alcanzaran la mayoría y permitió el avance de la oposición: el partido guinda, que sí fue en alianza con el PVEM, ganó al menos el 39.81 por ciento de los municipios, mientras que el 60.19 por ciento quedó en manos de partidos opositores, incluido el propio PT, que compitió fuera de la alianza con la 4T.
El especialista Jorge Aljovín anticipó que la salida más probable para los partidos satélite será una solución intermedia. “Creo que lo que puede llegar a ocurrir es que existan matices dejando una porción de los plurinominales”, planteó, y añadió que cualquier cambio en el financiamiento público abriría un nuevo desafío: “Si se abre la llave del financiamiento privado habrá que tener una férrea fiscalización sobre todo por la entrada de dinero de fuentes ilícitas”.
Bárcena coincidió en que el punto de llegada será una reducción, pero no la eliminación total de los plurinominales, e incluso la exploración de esquemas alternativos. “Hay mucho margen de maniobra para rehacer la ley electoral y cómo negociarlo sin que se desarticule la actual coalición”, señaló. A su juicio, “no creo que haya todavía los incentivos suficientes para que Morena quiera destruir la actual coalición que tiene con Verde y Partido del Trabajo”.
Por otro lado, la oposición ha expuesto sus demandas. Por ejemplo en días pasado, por parte del PAN, la diputada federal y presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, presentó el decálogo de principios para la reforma electoral, entre los cuales, destacó cancelar toda sobrerrepresentación en el Congreso con una cláusula especial; segunda vuelta electoral presidencial y de gobernadores; mantener el financiamiento público a los partidos políticos pero con endurecimiento de la fiscalización, forman parte de las propuestas.
Otros opositores como Claudio X. González, así como SomosMx, un proyecto político conformado por los residuos del desaparecido PRD, de la Marea Rosa de Claudio X. González y exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, también han presentado sus propuestas, según publicaron en un tuit.
Otros retos de la reforma
Para Aljovín, la reforma enfrenta problemas de contexto, de fondo y de implementación. En el contexto, señaló que no se trata de una reforma negociada bajo esquemas tradicionales de reparto entre fuerzas políticas, sino de una iniciativa que nace bajo la acusación de que el oficialismo busca apropiarse del árbitro electoral.
En cuanto al fondo, consideró que el financiamiento público es uno de los temas más sensibles: “Los partidos reciben más de siete mil millones de pesos en periodo ordinario y más de diez mil millones en periodo de campaña. Nadie está dispuesto a sacrificar de su bolsillo, porque mucha clase política no trabaja para la política, sino que vive de la política”, dijo.
Por otra parte, Aljovín también advirtió sobre los problemas de implementación una vez aprobada la reforma. “Vamos a tener un grave problema con las leyes secundarias. El Congreso tendrá que trabajar en periodos extraordinarios, porque el proceso electoral inicia la primera semana de septiembre con la sesión del Consejo General del INE, o del INEC, si cambia su denominación”, explicó.
Los especialistas reiteraron, en sus conclusioens, que será legislativo de alta confrontación.
“Será un periodo ordinario intenso, caracterizado por negociaciones dentro del partido, digamos que del bloque oficial. (MORENA PT, PVEM)”, dijo Barcena.
En cuanto Aljovín, su lectura es que la reforma electoral también funcionará como un termómetro político interno. “Esto permitirá ver qué fuerzas prevalecerán dentro del movimiento, si el claudismo o las de los coordinadores parlamentarios, y servirá como laboratorio rumbo a 2030, en un contexto donde en 2027 estarán en juego gubernaturas y diputaciones”, concluyó.
La agenda legislativa más allá de lo electoral
Aunque la reforma electoral es la prioridad, no es el único tema relevante en la agenda del Congreso. “La prioridad es la reforma electoral, pero hay otras cuantas reformas: la del sistema de justicia y la laboral, que tienen cierta premura social. Seguimos los mexicanos percibiendo que el gran tema a resolver es la seguridad. Entonces, esos dos temas que son adyacentes a la agenda también tienen relevancia”, destacó Sergio Bárcena.
Por su parte, Jorge Aljovín destacó que el ámbito laboral también ocupará un lugar importante en la discusión legislativa. “No solamente es la reforma electoral lo que se plantea para este proceso legislativo, sino también temas laborales que han concitado la atención de la ciudadanía desde hace mucho tiempo, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales”, señaló.
En el caso de la reforma laboral, Bárcena señaló que existe un consenso amplio en torno a la reducción de la jornada a 40 horas semanales, aunque el principal reto será su implementación. “La discusión no es si serán o no serán 40 horas, eso ya está más que definido, sino cómo lo van a adaptar, sobre todo a una economía con alta informalidad y con jornadas extendidas”, explicó. Añadió que México tiene un esquema laboral atípico, lo que pone en juego la viabilidad de una reforma que, dijo, seguirá siendo prioritaria para Morena.
Sobre la reforma a la justicia penal, Bárcena indicó que Morena ha anunciado cambios orientados a una mayor eficacia en el combate al crimen organizado, aunque advirtió que el fondo del debate implica la ampliación de facultades del Estado y el tema de jueces sin rostro.
El analista detalló que la agenda incluye reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con medidas como la reducción de plazos para sentencias, mayor uso de herramientas digitales, reglas más claras para la obtención de pruebas, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa —en delitos como extorsión, contrabando y tráfico de precursores químicos— y la reaparición de la figura de jueces sin rostro
Jorge Aljovín coincidió que entre las prioridades se discutirán reformas en materia de justicia penal. “Será un tema que se discutirá dentro del seno del Congreso, además de otras reformas igualmente importantes, como las de justicia penal, donde habrá cambios al Código de Procedimientos Penales y a la Ley de Delincuencia Organizada, sobre todo por el tema de los jueces sin rostro. Finalmente, también tendremos reformas a las leyes administrativas, que serán de alto impacto. Sin embargo, me parece que en este periodo lo que se llevará la atención será la reforma electoral”, concluyó.
