Arranca registro de líneas telefónicas en México; ¿qué pasa si no se cumple?
Rubén Romero
En el primer semestre del año, los más de 150 millones de usuarios deberán registrar sus datos personales con su proveedor de telefonía móvil como Telcel o AT&T, pues de no hacerlo su número quedará suspendido y sólo podrán hacer llamadas a números de emergencias.
De acuerdo con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de julio de 2025, y con los nuevos Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, el Gobierno federal estableció un sistema de vinculación obligatoria de las líneas celulares con sus usuarios.
Esta medida, aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), tiene como objetivo central eliminar el anonimato en las comunicaciones móviles, creando un entorno confiable donde cada línea esté asociada a un responsable legal.
La disposición entrará en vigor en 2026 y se aplicará tanto para usuarios de planes de prepago como de pospago y alcanzará a todas las compañías del sector, incluidas Telcel, AT&T, Movistar y los Operadores Móviles virtuales (OMV) como Bait, Oxxo Cel o Pillofon.
El nuevo esquema obligará a los más de 150 millones de usuarios del país a registrar su línea ante su operador, ya sea Telcel, AT&T, Movistar o algún operador móvil virtual. Quien no cumpla con el trámite verá suspendido su servicio y solo podrá realizar llamadas de emergencia.
El proceso, según lo establecido por la autoridad, consiste en vincular cada número telefónico con una persona física o moral plenamente identificada.
Para ello, los usuarios deberán presentar documentos oficiales —como credencial para votar, pasaporte o CURP— y validar su identidad mediante mecanismos presenciales o digitales, dependiendo del operador.
En el caso de Telcel, el registro se realizará principalmente en sus Centros de Atención a Clientes, donde los usuarios deberán presentar su identificación oficial. AT&T, por su parte, habilitará un proceso digital mediante el cual los usuarios recibirán un enlace por mensaje de texto para cargar sus documentos y realizar una validación biométrica.
Los Operadores Móviles Virtuales, como Oxxo Cel o Pillofon, seguirán esquemas similares, apoyados en plataformas tecnológicas de sus proveedores de red.
El plazo máximo para completar el registro será de 120 días a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema. En el caso de nuevas líneas, el trámite deberá realizarse de inmediato o dentro de los primeros 30 días posteriores a la activación. De no hacerlo, la línea será suspendida y solo permitirá llamadas a números de emergencia.
Cada persona física podrá registrar hasta diez líneas telefónicas, salvo que acredite actividad empresarial, en cuyo caso podrá contar con más. Las personas morales deberán presentar documentación fiscal para justificar el número de líneas contratadas. El objetivo, según la autoridad, es evitar la concentración de chips utilizados con fines delictivos.
Para los usuarios extranjeros, el proceso también será obligatorio. Deberán presentar pasaporte vigente y, en caso de contar con ella, una CURP temporal.
En eventos de gran afluencia internacional, como el Mundial de 2026, la autoridad prevé esquemas especiales para el uso de líneas temporales, aunque estos aún no han sido detallados.
Para el gobierno, la medida busca cerrar la puerta a delitos cometidos desde el anonimato digital. Para los usuarios, implica adaptarse a un nuevo modelo donde el acceso a la telefonía estará directamente vinculado a la identidad.
ADVIERTEN RIESGOS
Especialistas advierten que el reto no es menor. Para los operadores, implica desarrollar plataformas tecnológicas robustas, sistemas de verificación confiables y mecanismos de protección de datos personales a gran escala.
“El riesgo es que, si el proceso se vuelve demasiado complejo, termine excluyendo a sectores vulnerables: personas sin documentos actualizados, habitantes de zonas rurales o usuarios con acceso limitado a servicios digitales”, señala Armando Reyna Ballesteros, especialista en regulación de telecomunicaciones de Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad).
A ello, se suma la preocupación por la protección de datos personales. Aunque la norma prohíbe explícitamente el almacenamiento de información biométrica y obliga a resguardar los datos bajo estándares estrictos, el historial de filtraciones en distintas instituciones genera dudas entre los usuarios.
La autoridad ha reiterado que las empresas serán responsables directas del resguardo de la información y estarán sujetas a sanciones en caso de incumplimiento.
El gobierno sostiene que la medida es comparable con esquemas implementados en otros países y que permitirá fortalecer la seguridad pública.
Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Estado y de las empresas para implementar el sistema sin afectar el acceso a la conectividad, especialmente en un país donde el teléfono móvil es la principal vía de comunicación, trabajo y acceso a servicios digitales.
