Gobierno de México acepta fallo de la Coridh sobre Ernestina Ascencio Rosario y acatará obligaciones
Emir Olivares y Arturo Sánchez
El gobierno de México aceptó la responsabilidad del Estado en la violación de los derechos fundamentales de Ernestina Ascencio Rosario, quien en 2007 fue víctima de violación sexual y tortura por parte de un grupo de soldados, agresiones que la llevaron a la muerte.
Ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) notificó al Estado mexicano la sentencia en la que resolvió que fue omiso en su deber de brindar a la víctima y a sus familiares garantías como el acceso a una atención médica oportuna y a una investigación con “debida diligencia”, con lo cual violentó los derechos a la vida, a la integridad y a la salud, así como el derecho a la no discriminación y los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la protección judicial.
Las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SG) informaron anoche que analizarán “con detenimiento” el contenido de la sentencia del tribunal interamericano, a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la misma, con apego a la perspectiva de género y a un enfoque interseccional.
El 25 de febrero de 2007, durante la llamada “guerra contra el narco” del entonces presidente Felipe Calderón, efectivos del Ejército mexicano violentaron y causaron la muerte de la mujer indígena, quien tenía 73 años de edad. El caso fue documentado puntualmente por este diario.
En su afán por eludir la responsabilidad, el gobierno panista negó que el fallecimiento se hubiera dado a causa de las agresiones sexuales y la tortura, y lo atribuyó a una supuesta “gastritis crónica”. En esa misma línea se pronunció en su momento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ante la falta de justicia en el país, diversos colectivos llevaron el caso ante la Coridh.
En un comunicado conjunto, la SRE y la SG señalaron que durante la audiencia de notificación, realizada en San José, Costa Rica –sede de la Coridh–, “el gobierno de México aceptó su responsabilidad por la vulneración de los derechos humanos a la vida y a la salud de la señora Ascencio, derivada de la ausencia de servicios médicos oportunos y adecuados”.
Las dependencias reconocieron que también se vulneraron los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial tanto de la víctima como de su familia, así como el derecho a la integridad personal de sus familiares.
“La posición del Estado mexicano es siempre ser solidario con las víctimas para conocer la verdad, garantizar justicia y la reparación del daño, así como la no repetición; por lo que se analizarán con todo detenimiento los razonamientos y elementos de convicción contenidos en la sentencia y se actuará como corresponda, siempre con perspectiva de género y enfoque interseccional”, apuntaron.
Finalmente, reafirmaron el “compromiso” del Estado mexicano en contra de la violencia hacia las mujeres y a favor de la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
