Michoacán: homicidios en gobierno de AMLO triplicaron a los de Calderón
Jorge Cisneros
La puesta en marcha del plan Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan, quien había denunciado la inacción del gobierno federal ante los grupos del crimen organizado trajeron a la discusión pública la violencia que persiste en esa entidad desde hace más de 15 años.
El lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acusó al gobierno de Felipe Calderón de provocar el estallido de violencia al atender la solicitud para contener al crimen que le hizo el entonces gobernador, Lázaro Cárdenas, actual jefe de la oficina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La llamada “guerra contra el narcotráfico” desató una ola de enfrentamientos entre grupos criminales y esa violencia aún afecta a las comunidades.
“Vivimos ese momento, todos los michoacanos lo recordamos, fue evidente que aquella decisión tuvo un resultado negativo”, dijo el gobernador.
AMLO: la pacificación que no llegó
Una revisión a las cifras de homicidios cometidos en Michoacán presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arroja que durante los tres sexenios transcurridos desde que se inició el combate a los grupos del narcotráfico, la mayor cantidad de homicidios se cometió en el periodo 2019-2024.
Una de las principales promesas de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2018 fue pacificar al país, mediante el cambio en la política de seguridad, ya no con énfasis en la respuesta armada sino creando programas sociales para evitar que los jóvenes se sumen a los grupos criminales.
No obstante, en el periodo mencionado se cometieron 13 mil 253 homicidios, casi el doble de los 7 mil registrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el triple de los cometidos durante el gobierno de Calderón (2006-2012); en este último periodo hubo 4 mil 538.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en los primeros nueve meses de 2025 se cometieron 868 homicidios en la entidad, mientras el año 2024 hubo mil 246 casos.
Contexto: desde 2007 se han puesto en marcha al menos tres planes para contener a los grupos criminales en Michoacán. El primero fue el de Calderón, que incluyó el despliegue de tropas en el estado, la aplicación de programas sociales y la acusación contra varios presidentes municipales por proteger a los criminales, el llamado “Michoacanazo”.
Durante el gobierno de Peña Nieto se creó la figura de comisionado especial para la pacificación del estado; Alfredo Castillo, muy cercano al presidente, se encargó de los operativos de seguridad y de financiar a grupos de autodefensa creados originalmente por los empresarios agrícolas para defenderse de los extorsionadores.
Algunos grupos de autodefensa actualmente están aliados con grupos criminales como Cárteles Unidos, a los que el gobierno de Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera.
El fracaso de los programas sociales
Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano para la Seguridad, dijo a La Silla Rota que el discurso de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum es que los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro atienden las causas de la violencia y evitan que los jóvenes se acerquen a la delincuencia.
Pero Rivas ve que ahí hay un sesgo, como si solamente los jóvenes de escasos recursos participaran en actividades delincuenciales y no es así.
“Si volteamos a ver, hay un sinfín de casos de lo que en su momento se les llamaba como los narcojuniors, o sea, jóvenes de clase media, de clase medio alta o incluso o de clase alta que participaban en actividades delictivas por otros elementos, otros factores”.
A su juicio, el problema no es que se quieran atender las causas o que haya programas sociales que buscan impedir que los jóvenes participen en la delincuencia, sino que de antemano hay un diagnóstico sesgado y si está mal, el tratamiento va a ser inexacto.
Los programas actuales son de larguísimo respiro y tendrán efecto en 20 años, calcula.
“Es impensable que esta sea una política que busca reducir la incidencia delictiva en tiempos breves a través de los programas sociales y a mayor razón cuando por otro lado tenemos una altísima impunidad que favorece que sigan ocurriendo los delitos”.
