UAS: el “mensaje cifrado” de la diputada Guerra. La minoría derrotada y la estrategia para implantar la Ley del Insulto
Álvaro Aragón Ayala
Pese al “mensaje cifrado” que les restregó en su cara la diputada María Teresa Guerra Ochoa, subsumidos en el radicalismo, en la no aportación económica para la constitución del Fideicomiso Pro-Jubilación Dinámica, la fracción fragmentada de trabajadores en retiro -no universitarios de acuerdo a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa- siguen convocando a los estudiantes menores de edad a la confrontación y al desmadre, moviéndose en el exterior de la Casa Rosalina, como lo que son, una minoría intransigente que pretende imponer la Ley del Insulto y la Agresión con el propósito de incendiar la Universidad convirtiéndola primero en tierra de nadie.
Esa fracción de jubilados rechaza, por no convenir a sus intereses personales, el advenimiento e instalación de la democracia directa y participativa en la UAS, modelo que se ajusta a la Ley Orgánica de la institución, la Constitución, la Ley General de Educación Superior y la Ley Federal de Trabajo. Aunque por ley no tiene potestad para participar en la vida interna de la Universidad porque su relación laboral con la Casa de Estudios ya concluyó, incita a los alumnos a cometer actos de violencia y genera ilusiones ópticas, desplantes en los Facebook y en los Tik Tok, para aparentar avance, tratando de imponer el dominio de la minoría sobre la mayoría universitaria.
Para sobrevivir, la minoría universitaria, reducida, derrotada, fomenta el desorden, el caos y el enfrentamiento y siembra el discurso del odio criminalizando a los directivos de la Universidad, e insiste en plantar la falsa narrativa de la represión o persecución para llamarse víctimas e impedir, mediante acusaciones apócrifas, que los directivos de la institución apliquen las leyes y reglamentos a quienes usan como mecanismo de expresión el insulto y la agresión.
El invento del acoso, la coacción y la amenaza contra estudiantes y contra quienes “piensan diferentes”, es eso, un invento, una mentira, es el blindaje, el escudo de protección para poder implantar en la Universidad la Ley del Insulto y la Agresión e impedir a las autoridades que apliquen a los generadores de violencia al interior del campus la Ley Orgánica y el Reglamento Escolar, en el caso de los estudiantes, y en el de los académicos y administrativos evitar que sean sometidos a las disposiciones del Contrato Colectivo de Trabajo.
La fracción de jubilados que arrastra a dos o tres trabajadores en activo diestros en la escenificación falsearía, en el montaje, usa a los estudiantes, la mayoría menores de edad, cazados o “secuestrados” a las afueras de las escuelas, para que lancen improperios, con toda impunidad, vestidos con el ropaje de víctimas. Es imposible que avancen solos. Son minoría: perdieron la elección de Rectoría: no les funcionó el apoyo externo a su candidata. Quedaron aplastados en la Consulta Universitaria que apuntala la Reforma o la Reingeniería Integral y fueron derrotados en la Consulta Sindical, cuyos resultados contemplan la aportación de cuotas para la creación del Fideicomiso Pro Jubilación Dinámica.
En el Congreso Local recibieron una respuesta oportuna de la Junta de Coordinación Política que los obliga a respetar la autonomía universitaria, a someterse a la Ley Orgánica de la UAS y a acatar los cambios en el Contrato Colectivo de Trabajo. Con astucia y “diplomacia” la diputada María Teresa Guerra Ochoa los puso en su lugar. La JuCoPo, por la presión de esa minoría externa, emitió el Acuerdo Número 69, que establece una postura clara ante el conflicto universitario que han generado al negarse a participar en la integración del Fideicomiso.
El documento dispone: 1) respeto íntegro a la Ley Orgánica de la UAS en los procesos de elección de consejeros universitarios y técnicos; 2) cese inmediato de toda forma de hostigamiento y acoso contra estudiantes y trabajadores; 3) respaldo a la gratuidad educativa; 4) respeto irrestricto a los derechos laborales de trabajadores activos y jubilados; 5) realización de una auditoría forense en todas las áreas de la UAS, y 6) creación de una mesa de diálogo y negociación.
No sólo por su calidad de ex trabajadores de la UAS la fracción de jubilados debe acatar el acuerdo de los diputados del Congreso Local, sino también por su posición de minoría clavada, casi sepultada, por la Consulta Sindical del SUNTUAS. Por suponer que son personas pensantes, no miembros de la comunidad universitaria por estar extinguida su relación laboral con la UAS, deben de entender el “mensaje cifrado” de la diputada Teresa Guerra: no tienen potestad, carecen de autoridad para exigir cambios en la Universidad. Ya no son trabajadores en activo.
Así, 1, están obligados, deben respetar íntegramente la Ley Orgánica de la UAS en los procesos de elección de consejeros universitarios y técnicos que se desarrollaron democráticamente, 2, deben cesar, en su calidad de jubilados, el hostigamiento y el acoso contra estudiantes y trabajadores, dejarlos en paz, no entrometerse en la vida interna de la institución y no usarlos como “arma de guerra” de su lucha contra el Fideicomiso Pro Jubilación, y 3, deben respaldar al Rector quien busca la gratuidad educativa exigiéndole al gobierno federal más recursos financieros
En su estatus de jubilados, el grupúsculo debe respetar de manera irrestricta, como lo establece el punto 4 de la JuCoPo, los derechos de los trabajadores en activo y de la mayoría de los trabajadores en retiro que votaron, en la Consulta Sindical avalada por el Centro Federal de Conciliación Laboral, la reforma al Contrato Colectivo en el que va incluido la creación del Fideicomiso, y entender, 5, que la UAS, en la última década ha sido sometida a once auditorías, y que ellos, como jubilados, carecen de legitimidad para pedir más investigaciones contables, pues es tanto como poder en duda el trabajo ya desarrollado por la Auditoría Superior de la Federación.
Sobre la creación de una mesa de diálogo y negociación, planteada en el inciso 6, es preciso sostener que la Universidad la promueve y la acepta pidiendo que se incluya, si se da el encuentro, a la Subsecretaría de Educación Pública que dirige Ricardo Villanueva Lomelí, y a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Auditoría Superior de la Federación, quienes de antemano consideran extralegal el pago de la jubilación dinámica, y que, incluso, en el caso del Subsecretario de la SEP, la comparó con la “Estafa Maestra” y la calificó como una “jubilación leonina”. Es cuanto.
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