Impunidad, materia pendiente para mexicanos, según estudio
Leslye Goméz
Ocho de cada diez personas en México consideran que la impunidad se ha mantenido o incrementado desde 2021, destacó el estudio Percepciones de Impunidad 2025, elaborado por la organización Impunidad Cero,
Los especialistas señalaron que a un año del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la promesa de “cero impunidad” sigue lejos de concretarse en la percepción de la ciudadanía.
La presentación del informe coincide con la de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, que mostró que 63 por ciento de los mexicanos siente miedo a la inseguridad.
El análisis de Impunidad Cero forma parte de un monitoreo anual que busca medir las percepciones ciudadanas sobre justicia, seguridad, corrupción y militarización.
Contexto:
De acuerdo con el Inegi, en 2023 se cometieron 31.3 millones de delitos, pero los ciudadanos no lo denunciaron ante el ministerio público en 92.9% de los casos o no se inició una carpeta de investigación. Este subregistro se denomina cifra oculta o cifra negra.
Entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades destaca la “pérdida de tiempo”, con 34.4% y la desconfianza en la autoridad, con el 12.7%.
Respaldan seguridad militarizada
El estudio también documenta que ocho de cada diez personas respaldan la presencia militar en tareas de seguridad pública, una tendencia que se mantiene desde 2018 y que evidencia la fuerte confianza social en las fuerzas armadas frente a la debilidad de las instituciones civiles.
Durante la presentación, Monserrat López, analista de datos e investigadora del estudio, destacó que “la impunidad sigue siendo vista como un problema sistémico, que no se resolverá únicamente encarcelando personas”.
La especialista subrayó que el 72% de las y los encuestados está de acuerdo con la prisión preventiva, una cifra que refleja el alto respaldo social a medidas punitivas, pese a sus efectos en el debido proceso.
“Que una persona esté en prisión no significa que el caso se va a resolver o que habrá justicia. Existen diferentes medidas cautelares, pero esta medida sigue siendo la más aprobada”, explicó López.
Catalina Kühne, directora ejecutiva de Impunidad Cero, señaló que los resultados adquieren relevancia en un contexto de reformas al Poder Judicial y retrocesos en materia de transparencia. Afirmó que es necesario “contrarrestar la narrativa oficial que sostiene que los problemas de seguridad no pueden resolverse desde las instituciones civiles y que la respuesta debe ser la militarización”.
El informe también advierte que más de la mitad de las personas entrevistadas afirmó haber sido desalentada por las autoridades al intentar denunciar un delito, mientras cinco de cada diez considera que esto ocurre siempre o casi siempre, lo que refuerza la desconfianza institucional.
En materia de castigo, el estudio muestra que el 77% de la población está de acuerdo en que todos los delitos deben sancionarse con cárcel, aunque también reconoce la existencia de personas encarceladas sin sentencia y de castigos injustos. A pesar de ese reconocimiento, siete de cada diez personas creen que quienes salen de prisión volverán a delinquir, lo que revela una percepción negativa sobre la reinserción social.
Por su parte, Lizeth Montejano Torres, coordinadora de investigación social y capacitación de Perteneces, advirtió sobre la “disonancia cognitiva social” que reflejan los resultados: la ciudadanía exige castigo inmediato, pero el sistema penitenciario no puede garantizar justicia. “Más del 70% aprueba la prisión preventiva automática, sin saber que con frecuencia implica violaciones al debido proceso. El sistema no funciona ni para las víctimas ni para quienes son acusadas de un delito”, afirmó.
En sus reflexiones finales, Impunidad Cero advierte que revertir el contexto de impunidad requiere fortalecer las instituciones civiles de seguridad y procuración de justicia, garantizar su autonomía y profesionalización, y apostar por políticas de prevención.
“Solo así será posible reconstruir la confianza y enfrentar la crisis de derechos humanos que atraviesa el país”, concluyó Kühne.
