Decisiones que pesan
Juan Manuel Jiménez
Entre emergencias por las lluvias que azotan a varias entidades, la discusión sobre las reformas a la Ley de Amparo y la intensa agenda nacional, un asunto de gran relevancia ha quedado casi fuera del radar: las propuestas que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República para integrar la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Aunque no acapara titulares, esta decisión es trascendente: de ella dependerá en buena medida la manera en que se revisen los actos del gobierno federal y se garanticen los derechos de ciudadanos y empresas frente a la autoridad.
El TFJA es una pieza clave en el sistema institucional mexicano. Es el árbitro que resuelve las controversias entre los particulares y la administración pública, especialmente en materia fiscal y administrativa. En otras palabras, es donde los ciudadanos pueden reclamar cuando consideran injusto un crédito del SAT, una sanción de alguna dependencia o una irregularidad en licitaciones públicas. Además, cuenta con una sala especializada en responsabilidades administrativas graves, lo que lo convierte en un pilar dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por eso vale la pena mirar con atención los perfiles que ha propuesto la presidenta: Ariadna Camacho Contreras, Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Acuña, Eduardo Santillán Pérez y José Ramón Amieva Gálvez. Todos deberán ser ratificados por el Senado, que tendrá la última palabra.
Más allá de afinidades políticas, la elección de magistradas y magistrados para la Sala Superior del TFJA define parte del equilibrio institucional del país. Si algo necesita México es un tribunal autónomo, técnico y confiable, capaz de impartir justicia frente al poder. Los nombres están sobre la mesa; ahora corresponderá al Senado evaluar con rigor, sin cuotas ni cuates, si estos perfiles cumplen con la experiencia, la probidad y la independencia que exige un cargo de tal magnitud.
Las lluvias pasarán, las reformas seguirán su curso… pero estas designaciones marcarán, silenciosamente, una parte fundamental del andamiaje de justicia administrativa del país.
Por cierto:
1. LOGROS. Los informes de gobierno suelen centrarse en cifras y obras visibles, pero hay logros que no se anuncian desde el templete. Uno de ellos es la cercanía que Clara Brugada ha construido con distintos actores políticos, sin importar su afiliación. Esa coordinación silenciosa empieza a rendir frutos: por ejemplo, en Tlalpan, donde la alcaldesa Gaby Osorio logró reducir en 24 % la incidencia delictiva de enero a octubre, según datos oficiales. Ejemplos hay muchos, pero este refleja que cuando se deja de lado el color partidista y se privilegia el trabajo conjunto, la ciudad avanza.
2. BRILLA. El Presupuesto Participativo es una gran oportunidad para que los vecinos decidan en qué obras invertir en sus comunidades, pero el problema es que los recursos se liberan hasta octubre, cuando apenas pueden iniciarse los trámites administrativos, contratar y, después, ejecutar las obras. Ejemplo de ello es la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Ale Rojo de la Vega, que tiene programadas 62 obras comunitarias comprometidas con los vecinos para inaugurarse en las próximas semanas. A ello se suman las intervenciones del programa “Atlas Cuauhtémoc”, que transformarán colonias emblemáticas y turísticas. Todo indica que, pese al retraso, este año la Cuauhtémoc brillará.
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