Pueblos piden derogar Ley salinista que facilita el saqueo de agua a las empresas
Montserrat Antúnez
La escasez de agua para consumo humano llevó a 2021 a los habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, a tomar la planta de Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada. A seis meses de cerrar la planta, los pozos empezaron a recargarse de agua. Por ello, tanto los pueblos nahuas como el colectivo Agua para Todos insisten en que mantener concesiones como esta, al amparo de la Ley salinista, “significa sostener un modelo extractivista”.
Camilo Tekpatl, de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que agrupa a 20 pueblos nahuas del valle de Puebla, apuntó a SinEmbargo que tan solo en Puebla existe un problema grave respecto a la privatización del agua, luego de que en 2017 entró en vigor una reforma a la Ley de agua estatal donde se planteaba que el estado, al no tener la infraestructura para poder brindar de agua potable a las comunidades y sobre todo en las ciudades, podrían entrar las empresas privadas.
“Nosotros como pueblos nos organizamos en 11 municipios y logramos frenar este decreto que ya se había impreso en el Periódico Oficial de Puebla. Logramos echar este decreto, sin embargo, cinco municipios están privatizados, padeciendo el servicio del agua y también con cuotas que sobrepasan a veces hasta el 300 o 400 por ciento de la cuota que anteriormente tenía el Estado”.
En ese sentido, indicó que es insuficiente la actual iniciativa del Gobierno federal para reformar la Ley de Aguas Nacionales que avala la distribución del agua bajo el régimen de concesiones y que está vigente desde 1992, cuando se negociaba la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá con el expresidente Ricardo Salinas de Gortari.
“Se está alentando o permitiendo mantener las concesiones abusivas del agua que dejan a precios irrisorios el costo del agua para lucro de las empresas privadas que tienen una tremenda extracción de los acuíferos, que van desde embotelladoras a mineras. No se va a terminar garantizando el derecho humano al agua. Esta es la preocupación: no hay una lógica clara del por qué, más que seguir favoreciendo a los privados”, expuso en entrevista la investigadora Beatriz Romero, integrante de Agua para Todos, conformada por organizaciones de la sociedad civil, investigadores y ciudadanos.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que durante el proceso de reordenamiento de las concesiones de agua en el país halló 58 mil 938 irregularidades, principalmente: títulos sin una certeza en la fecha de vigencia, falsificación o duplicidad de títulos, un uso diferente al que el título fue concesionado y coordenadas de ubicación que son erróneas o que no corresponden con el lugar en donde se expidió el título.
Por ello, el Gobierno federal ha defendido las reformas al asegurar que las concesiones serán ordenadas, también propuso que no será posible transmitirlas entre particulares y se propondrá endurecer las sanciones a quienes violen la Ley.
“Lo que nosotros vemos como pueblos es que es parte de una gran simulación: No se está atendiendo en realidad el problema del agua que es a raíz de la sobreexplotación de los mantos acuíferos”, planteó Camilo Tekpatl, de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que agrupa a 20 pueblos nahuas del valle de Puebla.
Consideró que con las iniciativas, el Gobierno envía un mensaje contradictorio porque apenas en enero la Presidenta Sheinbaum celebró la inversión de mil millones de dólares que la multinacional Nestlé hará a México durante los siguientes tres años, pese a que ha sido señalada por causar escasez de agua en Veracruz.
La empresa tiene concesiones de agua en esa entidad –la más reciente la adquirió en enero por 250 mil 000 metros cúbicos al año para uso industrial– y recientemente, el 24 de septiembre, el director de la Conagua, Efraín Morales reconoció que tanto Nestlé como Coca-Cola están en un proceso de revisión por las concesiones, esto al ser cuestionado por la prensa acerca del desabasto de agua denunciado en Coatepec, que pobladores atribuyen a ambas empresas.
“[Desde el Gobierno] hablan de que hay un cambio a la construcción de la ley de la época de Salinas de Gortari, pero en la práctica se sigue concesionando el agua y los pueblos originarios estamos luchando contra las empresas del gran capital que están lucrando, vendiendo y contaminando el agua. Desde el discurso de la política nacional se plantea como un derecho humano, en una parte señala que van a ser reconocidas las prácticas del agua que tengan las comunidades, pueblos, ejidos, compañeros, campesinos que tengan concesiones de agua en los pozos con Conagua. Sin embargo, se reconocen dentro de las normas que el Estado expone”.
“Y ahí entra una gran contradicción con la forma que tenemos de ver el agua en los pueblos, porque nos están regulando dentro de sus usos normativos, más no de los nuestros”, expuso Camilo Tekpatl.
SinEmbargo MX ha documentado cómo asociaciones religiosas, Bancos, inmobiliarias, grandes empresas como Coca Cola y Kimberly Clark así como campos de golf, agroindustrias y personas físicas como exgobernadores, e incluso el expresidente Vicente Fox Quesada han abusado de los títulos de concesión de agua sobreconcesionados gracias al marco legal establecido desde 1992.
En Puebla, Tekpatl recordó que en 2021 la escasez de agua para consumo humano llevó a habitantes de la región agrícola del municipio de Juan C. Bonilla a tomar la planta de Bonafont, de la transnacional Danone, que hoy sigue cerrada. A seis meses de cerrar la planta, los pozos empezaron a recargarse de agua.
Por ello, tanto los pueblos nahuas como el colectivo Agua para Todos insisten en que mantener las concesiones “significa sostener un modelo extractivista”, señaló Beatriz Romero.
La académica destacó que, por ejemplo, las embotelladoras de agua y refrescos en México utilizan grandes cantidades de agua y obtienen ganancias que no retribuyen a la población.
En el caso de Puebla, desde hace años pueblos nahuas han denunciado la contaminación del Río Atoyac ya que empresas del Corredor Industrial Huejotzingo y el Corredor Industrial Quetzalcóatl en San Martín Texmelucan, que tienen concesiones de agua, desembocan todos sus drenajes al río Totoyac.
Se trata de empresas maquiladoras, de autopartes y textileras que contaminan el agua en la región, además de que la empresas extraen agua para su producción y la ganancia.
Ante este panorama Camilo Tekpatl insistió: “Esta serie de iniciativas, esta serie de reformas son una simulación. El despojo, el saqueo por las grandes empresas continúa. Por otro lado, los pueblos seguimos organizándonos con base en nuestra libre determinación, dando cuenta de que esta forma de lucrar, de explotar, de contaminar es la que está generando todo este esta sequía, esta escasez, esta contaminación del agua y de todo lo que implica el agua como la base fundamental de la vida como la conocemos”.
Mientras que la investigadora Beatriz Romero señaló que el Congreso aún tiene la oportunidad de retomar las exigencias y propuestas que pobladores directamente afectados por el saqueo de agua, así como de organizaciones y académicos que desde 2012, cuando el derecho humano al agua se elevó a rango constitucional, han planteado incluir en una Ley General de Aguas que, insisten. pasa por derogar la llamada Ley salinista y priorizar la gestión y uso de las comunidades.
