Secuestros, amenazas y asesinatos, otro costo para las buscadoras

Leslye Gómez

Las madres, hermanas y parejas de los desaparecidos se han encargado de mapear el fenómeno, pero como si su dolor fuera poco, el 97% de ellas se enfrenta a otros delitos. Son extorsionadas, amenazadas, secuestradas y hasta asesinadas. 

El informe Desaparecer otra vez de Amnistía Internacional revela que quienes buscan a un desaparecido no sólo tienen que enfrentar a autoridades a menudo desinteresadas en su labor, sino que son víctimas de criminales, quienes las amenazan y extorsionan.

De acuerdo con el documento, 45% de quienes buscan a sus familiares sufren amenazas, sigue la extorsión con 39% y ataques con 27% pero también hay reportes de acoso por autoridades, corrupción identificada, lesiones o agresiones físicas, tortura y secuestro. 

A ello se suman al menos 30 asesinatos de familiares o personas buscadoras entre 2011 y mayo de 2025 —16 contra mujeres—; 2022 fue el año más letal con 6 casos y los estados con más asesinatos son Guanajuato 3, Jalisco 2, Sinaloa 2 y Sonora 2.

Familias asumen tarea del Estado

Karla Martínez, buscadora del colectivo “Hasta encontrarles” cuenta a La Silla Rota cómo fue dibujar los contornos de los vacíos de autoridad con sus propias manos y las herramientas que deja el dolor. 

Quienes buscan no eligieron la resistencia, fueron empujadas a ella. La resiliencia no es virtud gratuita, es imposición por las fallas del Estado.

“Me han amenazado, sí, desafortunadamente ya perdí el número de amenazas que yo he tenido. Recientemente que pude haber yo dicho una muy directa fue que en el cofre de mi coche dejaron un arreglo fúnebre donde decía que en paz descanse Karla”, cuenta. 

Aunque el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos ha propuesto medidas de seguridad, no serán 100% efectivas, porque ellas continuarán buscando aunque eso les represente un riesgo. 

“Yo nunca voy a dejar de buscar a mi hermano. Entonces, no hay como una medida de seguridad que realmente sea real. Tengo medidas de seguridad como rondines, por ejemplo, que los hacían anteriormente a las 2, 3 de la mañana se escuchaba llegar una patrulla, bajar personas y la verdad es que era como algo muy confuso y en ese momento de muchos nervios, porque yo no sabía si eran los que venían a protegerme o eran los que venían por mí”, afirma. 

Lo más efectivo, dice, sería que el Estado hubiera hecho su trabajo desde el principio y no obligarlas a que salieran a buscar. 

“Se transformó mi vida por completo, de ser Karla Martínez, quien llevaba al frente a una microempresa. ya es Karla Martínez quien va al frente de un colectivo que está a un lado de las madres buscadoras, que yo como hermana buscadora estamos aquí de pie y que salimos con la misión todos los días de buscarlos hasta encontrarlos.

Con el silencio de las instituciones. Denuncias, esperas, la llamada que no llega. Un día entiendes que si no sales tú, nadie sale. Y sales con lo que tienes: una mochila, una foto, luego una pala”, añade. 

Amnistía Internacional  México ha puesto el foco en ellas: en las buscadoras que, además de cargar la ausencia, cargan amenazas, deudas, insomnio y trámites que las vuelven a desaparecer. 

Contexto: México arrastra más de 133 mil personas desaparecidas y decenas de miles de cuerpos sin identificar. 

“La búsqueda en la región tiene rostro de mujer. Aunque la mayoría de quienes desaparecen suelen ser hombres, la enorme mayoría de quienes buscan son madres, hermanas, hijas, abuelas. En México, además, esa búsqueda es literal: salen con picos, palas, varillas y botas a cavar en fosas clandestinas, a entrar en centros de detención, a tocar puertas”, señaló Edith Olivares.

Ferreto, directora general de la organización.

—¿Qué violencias identificaron en contra de ellas?

—Hay tres planos. Primero, la integridad física: asesinatos, desapariciones de buscadoras, desplazamiento, amenazas. Segundo, el empobrecimiento: ellas pagan gasolina, herramientas, comida de brigadas; muchas pierden su empleo por el estigma de “ser buscadora”. Tercero, la salud: lesiones en piel por contacto con restos, problemas dentales por bruxismo, desprendimientos de retina por llanto sostenido, ansiedad, pánico, depresión. Menos de la mitad tiene derechohabiencia: acceden a urgencias, pero no a tratamientos continuos.

La organización señala en su informe que no son ellas las que se ponen en riesgo, es el Estado el que las pone en riesgo cuando no acompaña con peritos, maquinaria y protocolos. 

Karla explica que ese trabajo lo han asumido ellas, identifican puntos, trazan rutas de entrada y salida, piden acompañamiento municipal o estatal. En el lugar, forman equipos para trabajar con picos y palas escarban hasta encontrar. Y el trabajo continúa: registran prendas, tatuajes y señas para facilitar identificaciones. 

De acuedo con el testimonio de Karla, muchas de las mujeres buscadoras se enfrentan a hechos como que las fiscalías repitan diligencias, nieguen información y lleguen tarde; las familias encuentran y enlazan datos que el sistema no articula. A la crisis de desapariciones se suma una crisis forense, porque hay miles de cuerpos sin identificar. Mientras la burocracia se demora, el territorio habla y son las mujeres quienes lo escuchan.

Olivares Ferreto es firme al insistir en que el Estado tiene la obligación de brindar acompañamiento especializado en campo, no solo patrullas, sino peritos, equipo y asumir su responsabilidad para brindar salud integral para las buscadoras, incluida atención psicológica sostenida.

Karla acepta que no quieren reconocimientos, ni heroísmos, las buscadoras piden que la ley se cumpla, que se busque a sus familiares con todo el poder del Estado.  Hasta entonces, seguirán levantando la tierra para bajar la angustia: buscar para encontrar, encontrar para volver a vivir.

Las cifras

La salud también está golpeada. El 79% reportó al menos un problema, con depresión 73%, insomnio 72%, deterioro general de salud 70%, miedo 69%, apatía 68%, pérdida de apetito 67% e ira 65%; además, accidentes en búsquedas 23% y consumo problemático de sustancias 13%. 

La búsqueda también las ha empobrecido 66% perdió recursos para costear herramientas, traslados y comida; 28% perdió su empleo remunerado y 23% su vivienda.  Pese a ello, sólo 55% denunció al menos una agresión ante autoridades y 17% de los hechos ni siquiera se reporta. 

En contraste, 54% recibió algún apoyo estatal: acompañamiento jurídico y psicoemocional 26%, atención médica y psicológica 25%, apoyos inmediatos 24%, compensación económica 12% y medidas de protección 10%.