Fuero: el refugio del poder
Sofía García
Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, enfrenta otro capítulo incómodo. La Fiscalía Anticorrupción de su tierra, Campeche, ha solicitado formalmente su desafuero ante la Cámara de Diputados, con acusaciones como peculado y uso indebido de atribuciones por más de 83 millones de pesos. El dirigente priista está señalado en cuatro carpetas judicializadas por presuntos esquemas de corrupción durante su gestión como gobernador, entre 2015 y 2019.
Mexicanos contra la Corrupción reveló que en los expedientes aparecen 17 personas más, entre ellas exfuncionarios ya vinculados a proceso. Dos colaboran con las autoridades bajo criterios de oportunidad. Uno de los casos más escandalosos involucra a su exsecretario de Seguridad, Jorge “N”, y a una red de servicios simulados pagados con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública. Se facturaron alimentos, mantenimiento de patrullas y aires acondicionados para zonas remotas como Calakmul, pero no hay respaldo documental. Las facturas fueron emitidas por prestanombres que recibieron unos 4 mil pesos por ceder sus papeles. El desfalco asciende a 27.2 millones de pesos.
Otro frente apunta a la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam), donde Alito también tenía control como presidente de la Junta de Gobierno. Una empresa dedicada originalmente a tours de buceo en Cancún fue transformada para ofrecer “consultorías fiscales y jurídicas”. Bajo el nombre C&N Consultoría & Estructura de Negocios del Sureste, recibió al menos tres convenios millonarios, sin pruebas de haber prestado servicio alguno. El daño estimado: 23.8 millones de pesos.
Las investigaciones alcanzan a su madre y a su hermano, señalados por triangular recursos públicos para adquirir propiedades de alto valor. Ya hay detenidos, vinculados a proceso y declaraciones de testigos.
Ahora, lo que sigue es concretar el desafuero de Alito.
Sin embargo, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados se ha convertido en un cónclave legislativo donde se negocia lo que conviene a políticos bajo escándalo, amparados en el fuero.
En marzo, PRI y Morena rechazaron el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, frenando investigaciones por presunto abuso sexual.
En octubre de 2022, el PRI se sumó a Morena para aprobar la reforma que extendió el control de la Sedena sobre la Guardia Nacional hasta 2028.
Viene un nuevo paquete de reformas que interesa a Morena sacar sin tanta discusión: seguridad, energía y el arranque del debate electoral. Y de remate Adán Augusto López y su ex secretario de seguridad pública.
Bajo esa lógica, los votos de quienes tienen la cola larga pueden ser moneda de cambio.
¿Cree que prosperará el desafuero de Alito? ¿O una vez más veremos coincidencias en lo oscurito en lugar de justicia?
