Sinaloa: reforma penal e impunidad
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Se reforma el Código Penal de Sinaloa para agravar penas en algunos delitos, pero la impunidad sigue campeando. 99 por ciento de los delitos que se cometen no se resuelven.
Es probable que sea saludable revisar las penas de algunos delitos del Código Sustantivo Penal de Sinaloa, si los justiciables son detenidos y sentenciados con penas que no sean congruentes con la gravedad del delito cometido.
No basta que los tipos penales sean revisados continuamente para verificar si la sanción penal coadyuva con la disuasión colectiva para que otros individuos se aparten de la comisión de delitos.
En efecto, si la capacidad del Estado es insuficiente para reaccionar y detener a los causantes de los delitos que se cometen en un lugar y época determinadas, todo incremento de las penas sería ocioso y vergonzoso. Sería una postura política encubridora de la incapacidad gubernamental para castigar.
Que bien que existan penas ejemplares para aquellos hechos que lesionen bienes jurídicos tutelados como es el derecho a la vida de personas menores, periodistas y policías. El poder punitivo del estado estaría cumpliendo con la aplicación de medidas sancionatorias para desterrar esos crímenes aberrantes.
¿Pero esa reforma penal será congruente con la realidad que se vive en materia de procuración de justicia? Parece que la respuesta sería totalmente negativa. Los porcentajes de delitos sin resolver son escandalosos y terribles. El 99 por ciento de los delios quedan impunes.
Esta lucha entre pandillas de la delincuencia organizada, en menos de un año, han sacrificado a un número altísimo de homicidios en perjuicio de menores (más de cincuenta) y de policías (poco menos de 50). La Fiscalía General del Estado, no ha informado cuantos de esos crímenes se han resuelto castigando a los culpables.
En el caso de periodistas asesinados, hay varios que están sin avanzar en las investigaciones, como algunos que ya se están haciendo ancianos y otros algo viejos, como el de Oscar Rivera, Humberto Millán, Javier Valdez o el de Luis Enrique Ramírez ¿Que ha sucedido en esas pesquisas para dar con los responsables y castigarlos?
La incongruencia es una realidad ¿Hasta cincuenta años? ¿Cómo se agravan las penas en esos delitos sino se castigan los que se cometen? Diversas teorías de reconocidos juristas opinan que el incremento de las penas es una utopía porque con ello queda evidenciada la incapacidad del estado para detener la comisión de los delitos.
Eugenio Raúl Zaffaroni, en su Teoría Agnóstica de la Pena “Busca contener el poder punitivo dentro de límites racionales y humanos, sin asumir que la pena tenga una función específica o positiva, sino actuando como una contención del poder del estado. Se centra en la idea de que el derecho penal opera dentro de un contexto de poder y debe evitar desbordes letales”.
Jeremías Bentham y Ludwing Andreas Feuerbach en sus Teorías de la Prevención General Negativa, sostienen que la pena sirve para intimidar a la sociedad en general disuadiendo a potenciales delincuentes de cometer delitos mediante la amenaza de la sanción. La idea es que la ejecución de la pena sobre un individuo envía un mensaje a la colectividad previniendo así futuros actos delictivos”.
¿Si el aumento de las penas es aberrante, se justificará de igual forma la recomendación de que deberán construirse nuevos penales en Sinaloa? ¿Qué mensaje se manda a la sociedad con esas propuestas?
