Pleno del Congreso da lectura a tres iniciativas del Partido Sinaloense
El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a tres iniciativas en la sesión ordinaria presencial de este jueves, una de la cual reforma la Constitución local y otra crea la Procuraduría Ambiental estatal.
Las iniciativas son las siguientes:
*El grupo parlamentario del PAS y la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez proponen reformas y adiciones al Código Familiar del Estado de Sinaloa, en materia de adopción.
Se propone que se pueda adoptar a personas mayores de edad siempre que éstas tengan alguna incapacidad; o que la persona que pretende adoptar cuide o ha cuidado de una persona mayor de edad, a quien le ha dado su nombre o permitido que lo lleve, que públicamente lo ha presentado como suyo y ha proveído a su educación y subsistencia.
También se propone adoptar a las personas que tengan vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad, de la persona que se pretende adoptar.
Así mismo, aplicar a las personas acogidas por un matrimonio o concubinato. Así como los hijos de los cónyuges o concubinas que formen parte de la recomposición familiar; y cuando exista el registro o reconocimiento del progenitor biológico, éste haya otorgado su consentimiento; o no habiendo quien lo consienta, lo haga la autoridad competente o que el mismo adoptado, siendo mayor de edad, entre otras.
*La ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño proponen adicionar las fracciones V y VI del artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
El objeto es regular la revocación de mandato para el Gobernador del Estado.
Se precisa que la revocación de mandato del Gobernador del Estado se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
–Será convocado por el Instituto Electoral a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al diez por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos la mitad más uno de los Municipios de la Entidad y que representen, como mínimo, el diez por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellos. El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato.
–Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional.
Asimismo, se incida que los ciudadanos podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas.
–Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federales o locales.
–Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta, entre otras disposiciones.
Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
*El grupo parlamentario del PAS y la ciudadana Jesús Angélica Díaz Quiñónez proponen reformas y adiciones diversas disposiciones de la Ley ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.
El objeto es crear y establecer la organización y funcionamiento de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa.
Para ello se propone crear también el Consejo Ciudadano de la Procuración de Justicia Ambiental.
Al respecto se incluyen las atribuciones de inspección, vigilancia y sanción que en materia ambiental confiere la presente Ley al Estado y que serán ejercidas por la Procuraduría.
Este nuevo órgano podrá determinar e imponer en el ámbito de su competencia, las medidas correctivas, de urgente aplicación y de seguridad, así como las sanciones, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Se propone que la Procuraduría cuente con una Junta Directiva y un Procurador Ambiental, con sus respectivas funciones y atribuciones.
Asimismo, se propone crear un Consejo Ciudadano, el cual estará integrado por personal de las distintas secretarias y organismos gubernamentales que tienen injerencia en el sector, así como de tres consejeros ciudadanos que serán electos por convocatoria publica cada tres años de entre los organismos especializados del sector cámaras de la industria de la construcción y de la transformación, agropecuarias, forestal, pesca y turismo, entre otras propuestas.
