La reelección de Madueña. Las esposas de “Kiki” Camarena. Ya se vendió el maíz. Loza y la seguridad. Donald Trump y la narcopolítica
Álvaro Aragón Ayala
Se acabó el suspenso: después de librar una furiosa persecución política y judicial y salir inocente, limpio de toda acusación, con las cartas credenciales de defensor de la autonomía universitaria y de los trabajadores académicos, administrativos y de confianza, Jesús Madueña Molina confirmó que buscará la reelección como Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Con la frente en alto y la voz completa y una sonrisa en sus labios, el Rector de la UAS precisó que, entrando el mes de marzo presentará su solicitud como aspirante a la rectoría, ante el Consejo Universitario, desatando la locura en un grupúsculo de universitarios proclives al insulto y la destrucción, que, apoyados en el cártel de jubilados, han intentado generar el caos al interior de la Casa Rosalina, sin lograrlo.
De acuerdo a la nueva Ley Orgánica aprobada por el Congreso de Sinaloa, el único cambio que existe en el proceso para elegir al rector es que la elección será por medio de la votación universitaria, lo cual no vulnera la autonomía de la institución. “Tengo hasta el día 15. Voy a solicitarle al Consejo Universitario la intención y ya el consejo decidirá si la aprueba o no; ahí arrancaría el proceso “, expresó.
Madueña Molina aclaró que no necesita retirarse del cargo de Rector para solicitar la relección, en tanto que el grupúsculo se mueve en las cañerías, lanzando diatribas, ganándose el mote de “los destructores”, por estar identificados y retroalimentados por quienes, a ultranza, atrapados por la esquizofrenia y la vejez, se han declarado enemigos de la Universidad Científica y le apuestan al regreso de la Universidad Anárquica.
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Las ultrarresistentes esposas que el agente de la DEA, Enrique –“Kiki”- Camarena Salazar, usaba para inmovilizar a los detenidos, se han vuelto una joya preciada en los Estados Unidos y un símbolo de la justicia. Esas herramientas policiacas fueron colocadas en las muñecas de su presunto asesino, Rafael Caro Quintero, durante su comparecencia ante la corte en Nueva York.
El hijo del agente asesinado, Enrique -“Kiki”- Camarena Jr., quien ahora es juez en Estados Unidos, decidió que las esposas de su padre, utilizadas por él durante su trabajo encubierto en el Cártel de Guadalajara, fueran entregadas al exagente de la DEA, Steve Paris, quien participó en la Operación Leyenda. Esta operación identificó a Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo como responsables del secuestro, tortura y asesinato de Kiki en 1985.
El juez Camarena Jr. entregó las esposas al exagente Paris, quien las trasladó a Nueva York, donde, en un acto simbólico, fueron colocadas a Caro Quintero durante su comparecencia. La organización Illicit Investigations informó sobre este gesto de justicia, señalando que los instrumentos fueron un símbolo personal de Kiki Camarena-. Dos instituciones pelean ya por la posesión de esas esposas: el Museo de la DEA y el Museo de la Mafia o Museo Nacional del Crimen Organizado y las Fuerza de la Ley.
El traslado de Rafael Caro Quintero y de otros narcos sinaloenses a los Estados Unidos genera revuelvo principalmente en Culiacán y Guadalajara, en donde operaban, de acuerdo a las investigaciones, con el apoyo de la Policía Judicial y la Policía Federal Antinarcóticos y agentes de la Dirección Federal de Seguridad operados por Manuel Bartlett Díaz en funciones de secretario de Gobernación.
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El gobernador Rubén Rocha Moya habló hoy, de cara a los dirigentes de los agroempresarios dueños de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán y de la CAADES -esos que cada ciclo agrícola lloran jurando que están en quiebra, pero que en realidad aumentan sus fortunas-, sobre las 800 mil toneladas de maíz de la pasada cosecha que compró su gobierno, con el propósito de retirar del mercado este volumen a fin de no impactar el precio y que los productores pudieran vender a 7 mil pesos la tonelada.
Les explicó que a este programa se destinaron 4 mil 200 millones de pesos, incluyendo mil 200 millones de pesos que representaron los costos de almacenamiento y financieros, y finalmente en diciembre se logró vender el último inventario, aunque fue a un precio menor al que se adquirió, pues se vendió ese maíz a 4 mil 600 pesos la tonelada, cuando se compró a 7 mil.
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El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, Oscar Loza Ochoa, insiste en que “la crisis de seguridad que sufrimos nos obliga a reclamar una acción más contundente del Estado para que regrese a la normalidad la situación penosa que hoy invade los espacios públicos, los negocios y ha penetrado en no pocos hogares ajenos a las causas que generan violencia; sin olvidar que alcanza a familias que van en autos o que caminan por la calle para cumplir alguna tarea. Pero entre las lecciones aprendidas a golpe de perder vidas, de ver a numerosas familias que la violencia empuja hacia el desplazamiento y de lamentar la desaparición de muchos ciudadanos, está la de valorar la dimensión del problema violento y de localizar límites en las posibilidades de la autoridad para resolver la ola violenta”.
Expresa que “entre las lecciones por aprender está la de concluir en que la solución de la crisis de seguridad no puede alcanzarse sin la participación de la sociedad. Partamos definiendo que el problema de seguridad no es otro obstáculo más, sino uno de gran magnitud y que reclama el concurso de la autoridad y de la sociedad. La historia prueba que los grandes problemas significan retos de mayor calado y que el pueblo ha estado a la hora decisiva jugando el papel de arco y flecha, como dijera el poeta Juan Eulogio Guerra. El Estado tiene la obligación Constitucional de garantizar la seguridad para la sociedad a la que pertenece y se debe, pero la crisis que ahora vivimos, ni es pequeña ni es sencilla ni se resolverá en breve tiempo. La solución de la crisis demanda el concurso de la sociedad, pues en materia de reservas morales y políticas la fuente inagotable está en el pueblo”.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, echó más leña a la llamarada de la especulación periodística y alimento a quienes tejen una serie de versiones de corte policiaco, al asegurar que recomendaría investigar a políticos mexicanos que presuntamente se benefician del tráfico de fentanilo y de migrantes.
En una entrevista con la revista The Spectator y publicada este viernes, Trump fue cuestionado expresamente sobre si propondría investigar a políticos mexicanos presuntamente corruptos a lo que aseguró afirmativamente, nutriendo los apetitos de la oposición política en México que señala al ex presidente Andrés Manuel López Obrador como protector de grupos del narcotráfico.
“¿Va usted a pedir que rindan cuentas a muchos de esos políticos corruptos que se beneficiaron del tráfico de personas y de que llegue el fentanilo?”, preguntó a Trump el entrevistador Ben Domenech. – “Ciertamente lo son”-, respondió Trump. – “¿Incluyendo a políticos principales mexicanos?”- insistió el entrevistador Domenech. – “Ciertamente, yo recomendaría que se investigaran. Ciertamente, va a depender de (la Fiscal General de EU) Pam Bondi, que es excelente en lo que hace”-, respondió Trump. Uff. La prensa mexicana y los políticos enemigos de la 4T quieren ver entre las rejas a López Obrador.
