La carta encriptada de El Mayo. Incertidumbre en la UAIM. Sonora y sus jueces. Los “agresores” de Iniciativa Sinaloa
Álvaro Aragón Ayala
Ismael “El Mayo” Zambada, detenido en julio del 2024, envió una carta a la presidenta, Claudia Sheinbaum, con mensajes encriptados. En la epístola pide su extradición y asegura que, de no atenderlo, la relación entre los dos países sufrirá un “colapso”. Quienes decodifican el “recado” le encontraron un fuerte olor a amenaza.
El texto del narcotraficante mexicano, presentado el jueves por la defensa de Zambada en el Consulado General de México en Nueva York y publicado por el diario Reforma, advirtió que, si no lo ayudan a ser repatriado, “el Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”.
¿A que políticos se referirá Ismael Zambada? ¿Al propio Andrés Manuel López Obrador? ¿A que funcionarios del Gobierno? El pasaje en el sentido de que si no se le ayuda “la relación entre los dos países sufrirá un ‘colapso’”, fue interpretada en Palacio Nacional como una amenaza por cuanto a que el capo de capo di tutti capi o jefe de todos los jefes pudiera revelar nombres de políticos y funcionarios de alto nivel relacionados con el narco.
En Mochicahui, El Fuerte, el proceso de elección del futuro Rector de la Universidad Autónoma Indígena de México tomó un derrotero incierto. El cacicazgo creado por el “jefe” de ahí, Ignacio Flores, y que intenta heredar a su compadre Rodolfo Cuadras, amenaza con desplomarse con el registro de la candidatura de Martín Vega Álvarez, exdiputado local y catedrático de la UAIM que sabe que se enfrenta a una mafia universitaria.
Si. Es probable que hoy en la tarde noche -21 de febrero- se conozcan más nombres de aspirantes a dirigir la casa de estudios, sin embargo, el proceso electivo lo controla directamente el Rector, quien ha logrado domar, otorgándole plazas y recategorizaciones y ofreciéndoles cargos en la próxima administración, a los 30 consejeros, una especie de junta de notables, que elegirán a la próxima primera autoridad de la Universidad.
La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, le pegó un golpe bajo al presidente municipal de El Fuerte, al borrachales Gildardo Leyva Ortega. La Cecy, para sus amigos e igualados, dijo que el asesinato del empresario Nolberto Arturo, perpetrado por policías municipales de El Fuerte, es preocupante, inquietante, porque se supone sirven para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.
Todavía no terminaba de cerrar la boca, cuando el colectivo Rastreadoras de El Fuerte, anunciaron, que, en conjunto con la Dirección de Apoyo a la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Ahome, localizaron restos humanos en territorio que antes pertenecía a Guasave y que hoy queda dentro de la demarcación del municipio de Juan José Ríos.
Mirna Medina Quiñonez, dueña del colectivo, informó que se localizaron en fosas clandestinas tres cuerpos en estado de descomposición en las inmediaciones de la Bahía de Navachiste, en el área de entre el Cerro Cabezón y Lázaro Cárdenas, en un lugar conocido como “La Escondida”.
Mientras que en Sonora avanza el proceso para la elección de cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado, en Sinaloa los diputados continúan en parálisis legislativa y aún no reforman la Constitución Política Local de Sinaloa ni la Ley Orgánica del Poder Judicial para votar a los funcionarios del tribunal.
Desde el día miércoles 1 de enero, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora emitió la declaratoria con la que dio inicio el Proceso Electoral Extraordinario 2025, en el que se elegirán un aproximado de 72 cargos del Poder Judicial del Estado el próximo domingo 1 de junio.
El objetivo es que, mediante el voto libre y secreto, la ciudadanía elija hasta cuatro Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora; hasta cuatro Magistraturas Regionales de Circuito; hasta la mitad de las personas Juzgadoras con excepción de las correspondientes a la materia laboral, así como a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial.
Iniciativa Sinaloa metió al Congreso Local, para su aprobación o rechazo, una iniciativa o propuesta legislativa para bloquear el paso o impedir que todo aquel político que cuente con antecedentes de agresiones hacia periodistas y/o defensores de derechos humanos en la entidad, no acceda a cargos públicos.
El documento propone la adición de la fracción VII del artículo 38 y fracción XI del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se añada un párrafo al artículo 11, así como las fracciones VIII y IX del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Los diputados del Congreso Local deberán trabajar sobre esta iniciativa y establecer el nivel o estatus de las autoridades que calificarán a los políticos agresores de periodistas, dado que hay una corriente de comunicadores que se dicen ofendidos o vulnerados en su Libertad de Expresión cuando alguien las contesta o refuta sus acusaciones o ejercen sobre sus artículos el análisis del análisis o la crítica sobre la crítica.
La iniciativa sugiere que “bajo ninguna circunstancia podrá ser electo para un cargo público cualquier persona que, durante sus funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodista o defensores de derechos humanos por razón de su actividad (…). Se perderá el derecho a ser votado cuando el ciudadano, durante el ejercicio de funciones públicas, haya ejecutado una agresión dolosa a periodista o a personas defensoras de derechos humanos por razón de su actividad”.
