Investigar a Quirino Ordaz, pero…

Álvaro Aragón Ayala 

Si bien Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que es al Congreso Local a quien le compete investigar sobre el gasto público de Quirino Ordaz Coppel, es una verdad insoslayable que los “tiempos legales” para el ejercicio de las revisiones contables-administrativas obstaculizan la detección de peculados y otros ilícitos y entorpecen los procedimientos para fincar responsabilidades de tipo penal y administrativo.   

La Auditoría Superior del Estado que opera Emma Guadalupe Félix Rivera es una hechura de los gobiernos del PRI. La estructura jurídica-legal y el personal que ahí labora es un traje a la medida para impedir auditorías profundas, contables-administrativas, tanto de escritorio como de campo. La actual ASE se diseñó para proteger y ocultar el saqueo y manoteo de los recursos públicos de los gobiernos corruptos. 

Más aún, las revisiones contables se realizan escrudiñado únicamente un montón de papeles, algunos de ellos adulterados o creados por la propia ASE para proteger, sobre todo, a los gobernadores salientes. Ocurrió con la “limpieza” de la cuenta pública del 2019 de Quirino Ordaz, dada a conocer el 2021. Dos años tuvo Quirino para higienizar el gasto que ejerció en el 2019, pero aun así le salieron a relucir varias irregularidades.   

Los diputados del Congreso Local aprobaron la cuenta pública del Ejecutivo Estatal del año fiscal 2019, pese a que le faltó solventar el 14 por ciento de las observaciones que señaló la Auditoría Superior del Estado, sobresaliendo la sospecha de que muy probablemente se dictó “línea” para avalar los gastos del despacho de Quirino -no el presupuesto total del 2019-.   

El diputado Feliciano Castro Meléndrez reconoció que “revisar las cuentas dos o tres años después es algo no apropiado». En efecto. La programación legal-administrativa de las auditorías es a largo plazo por así convenir a la casta divina del PRI. El esquema de la ASE es para dar plazos de gracia, para conceder tiempo-oportunidad con el propósito de que los saqueadores del dinero del pueblo puedan eludir el brazo de la ley. 

A la Auditoría le toca auditar el presupuesto del 2020 de Quirino Ordaz hasta el año 2022 y el presupuesto del 2021 en el 2023. Lo «investigará» su empleada Emma Guadalupe Félix Rivera, que como titular de la Auditoría Superior del Estado “maniobró” las cuentas públicas del 2019 y previa “limpieza” soltó a cuentagotas los resultados de las revisiones. Nadie está conforme con las auditorías del 2019 porque están plagadas de inconsistencias. 

Es claro que, en torno a las revisiones de los presupuestos ejercidos por Quirino Ordaz Coppel en el 2017, 2018 y 2019, hay muchas irregularidades todavía no solventadas. Tan solo en publicidad y propaganda el gobierno quirinista gastó mil 905 millones de pesos cuando el Congreso del Estado le aprobó para esos tres años nada más una inversión en ese rubro de no más de 74 millones de pesos. La ASE no ha sido capaz de precisar de donde tomó esa cantidad exorbitante de dinero el ex mandatario estatal para comprar encuestas, estadísticas y “opiniones” que lo ubicaron como uno de los mejores gobernadores del país.   

Feliciano Castro Meléndrez dijo que los diputados van a trabajar a fin de que el proceso de fiscalización de las cuentas públicas se lleve a cabo más cercana al ejercicio o aplicación de los presupuestos o recursos, lo cual sería lo ideal, aunque el planteamiento incomoda y despierta de furia de la auditora Emma Guadalupe Félix. 

Queda claro que en el pasado reciente el gobierno del PRI y sus diputados dieron forma a la Auditoría Superior del Estado no para combatir la corrupción, sino para contar con una dependencia cuya “programación anual” de auditorías permita, con todo el tiempo del mundo, triturar, quemar o suplantar documentación para cubrir peculados y otros delitos.  

Trabajando a “paso de tortuga”, la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, en complicidad con los ex gobernadores “cierra con candados” la gigantesca caja de pandora gubernamental. Las auditorías siguen siendo práctica de simulación que no se ajusta al modelo del combate a la corrupción de la Cuarta Transformación.  

La Auditoría que gastó en el 2021 un presupuesto de 137 millones de pesos y que cuenta con más de 300 empleados, 54 de ellos de primer nivel, no es rentable ni funcional en materia de transparencia y rendición de cuentas. El diseño de la ASE es ideal para tapar el saqueo de los recursos públicos y para blindar de cualquier escrutinio a Quirino Ordaz y a otros ex gobernadores. 

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