¿Y los deudores alimentarios? No se sabe. El Registro Nacional quedó en letra muerta
Nancy Gómez
En marzo de 2023, el Senado de la República aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para concentrar la información de las personas deudoras alimentarias y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sin embargo, esta base de datos sigue sin ser pública, por lo que mujeres impulsoras de la Ley Sabina acusan de falta de voluntad política para que esta medida sea una realidad en el país.
El 22 de marzo de 2023, hace ya año y medio, el Senado de la República aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias con la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Pese a esto, la herramienta sigue sin funcionar cómo debería, una situación que Diana Luz Vázquez, impulsora de esta reforma conocida como Ley Sabina, cataloga como grave por la falta de voluntad política que representa.
El paquete de reformas conocido como Ley Sabina es el resultado de un movimiento de mamás en todo el país que desde 2021 exigen el pago de la pensión alimenticia por parte de padres irresponsables. Estas protestas comenzaron en Oaxaca y han seguido por todo el país, principalmente en plazas públicas, donde realizan tendederos de deudores exhibiendo sus rostros para visibilizar la violencia económica y la ausencia del Estado en torno a las necesidades de las infancias y las maternidades.
En entrevista con SinEmbargo, una de las impulsoras de esta ley, Diana Luz Vázquez, explicó qué es lo que ha pasado a raíz de la aprobación en el Senado de la reforma porque aunque se creó el registro, éste sigue sin ser público y no se conoce el listado, con nombre y apellido, de quiénes son quienes deben pensión alimenticia.
“Hablo de hombres porque más del 95 por ciento de deudores son hombres y claro que habrá mujeres pero nosotras nos referimos específicamente a este problema social histórico, machista, cultural que atraviesan millones de mexicanas en este país”.
Tras la aprobación del Registro, la iniciativa daba un plazo 365 días para su creación por parte del DIF Nacional, situación que fue vista como un error por parte de las mamás que impulsan los cambios pues consideran que la dependencia encargada debería ser la Secretaría de Gobernación ya que ahí se administran otros registros como el de agresores sexuales, el nacional testamentario y la coordinación de todos los registro civiles del país.
Esto no fue así y fue apenas hace unas semanas que el DIF Nacional indicó que ya entregó las llaves digitales a 17 tribunales superiores del país para que jueces y juezas puedan “subir” a los deudores alimentarios de los Estados pero la información sigue sin ser pública, problema que preocupa por la lentitud de los procesos burocráticos:
“hay una gran resistencia de diputados, de consejeros jurídicos, de los gobernadores y gobernadoras en los estados que también se niegan a hacer esta ley una realidad, tampoco en la Ciudad de México, pese a la aprobación hace unos meses, se ha hecho público lo que nos parece tremendamente grave”, dijo Vázquez.
¿EL PROBLEMA? FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
Lo que el Senado aprobó fue reformar el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar los derechos alimentarios de las infancias que comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia: alimentación, nutrición, vestido, habitación, recreación, atención médica y psicológica preventiva, asistencia médico-hospitalaria y gastos de embarazo y de parto.
Si los padres, o quizás en algunos casos las madres, no entregan esta pensión, deberán ser inscritos en un padrón que permitirá difundir información de deudores alimentarios morosos, es decir, a quienes hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias por tres meses de manera consecutiva o por cinco de forma alternada, ordenadas por autoridad competente o por convenio judicial.
Para ello, los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México, deberán suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar toda la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Todo eso es lo que falta y para Diana Luz Vázquez el problema es la falta de voluntad política “porque no se requiere de ningún gasto operativo, más bien es la administración y la apertura de este listado de hombres que deben la pensión para que, en una plataforma amigable, sencilla, cualquiera pueda consultar este listado. Al pasar del tiempo sin esto, lo que queda es seguir presentando amparos donde pese a existir un registro estatal de deudores, éstos no son públicos –el único registro público en México es el de Coahuila–, y evidencia una gran resistencia para visibilizar esta violencia”.
La Ley Sabina también contempla la cancelación o no expedición del pasaporte cuando se trate de deudores alimentarios y la cancelación o no expedición de licencias de conducir. Así como consolidar el tema del pago de los exámenes de ADN para que dejen de costarle a las mujeres: “el Estado tiene que asumir el costo y después cobrárselo al deudor alimentario porque es quien está negando la paternidad y es quien está revictimizando a la mamá”.
PENSIÓN ALIMENTARIA, DERECHO DE LAS INFANCIAS
Para quienes impulsan la Ley Sabina, lo más importante de esta iniciativa es que se reconozca que la pensión alimentaria es un derecho de las infancias y no se trata de un tema “muy misógino, muy patriarcal en relación a que las mujeres queremos ser mantenidas o que estamos hasta extorsionando a estos señores… es un tema de responsabilidad compartida”.
Además de exhibir a los deudores alimentarios, se busca demostrar que estas personas caen en actitudes delincuenciales desde cambiar de domicilio para no ser notificados, renunciar a sus trabajos, vaciar sus cuentas y pasarlas a nombres de otras personas, o declararse insolventes, todo con tal de no pagar.
“No podemos tolerar el abandono paterno, un deudor alimentario no puede ser bien visto porque si antes las que éramos las mal vistas, las señaladas, éramos las mamás autónomas, pues ahora creo esta vergüenza y este miedo de ser exhibidos, tiene que cambiar de bando y debemos tener cero tolerancia al abandono paterno”, agregó la activista.
El llamado que las impulsoras de la Ley Sabina hacen es dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que interceda y el Registro Nacional de Deudores sea una realidad administrada por la Secretaría de Gobernación para que la sociedad conozca quiénes son los deudores y se comience a consolidar en el imaginario colectivo que “no está bien tener hijos y no pagarles lo que les corresponde”.
“Yo haría este llamado importante a las funcionarias que llegan a estos espacios de toma de decisiones a que tengamos cero tolerancia al abandono paterno, a que lo señalemos y a las legisladoras que nos ayuden en estos 15 estados que todavía faltan por legislar los registros estatales, que nos ayuden a generar estas bases de datos y podamos tener por fin un registro nacional”.
MADRES AUTÓNOMAS
Diana Luz Vázquez también es autora de Salvavidas para madres autónomas (Grijalbo), una obra que responde a las dudas que pueden tener las mujeres que maternan en solitario ante el abandono de hombres que huyen de su responsabilidad.
¿Y por qué llamarles “madres autónomas”? Desde el análisis de la autoridad, en el caso del término “mamá soltera”, éste tiene un carácter peyorativo porque hay un imaginario social que convierte a la mujer en “la amante”, “la luchona”, “la dejada” cuando eso no tiene relación con el maternaje: “estamos hablando de las mamás que cuidamos, que proveemos, que somos las que formamos a los ciudadanos y ciudadanas nuevas y construimos esta sociedad”.
El libro es una guía jurídica para que mamás no abogadas entiendan el proceso de pensión alimenticia o de reconocimiento de paternidad, para que sepan cómo ir, puedan exigir, puedan preguntar directamente en el juzgado, para que conozcan los formatos de denuncia por la vía civil y también la penal.
Y por otra parte es una guía emocional para responder a preguntas como: “¿qué hacer el Día del Padre?, ¿le digo o no que su padre es un deudor alimentario?”, dudas de mamás que maternan en solitario.
