La reforma judicial amenaza inversiones y desarrollo de las telecomunicaciones
Ana Luisa Gutiérrez
El sector de las telecomunicaciones dejó atrás la imagen de una industria ‘litgiosa’ y fortaleció su andamiaje técnico a través de un regulador y tribunales especializados, lo que ha dado como resultado el desarrollo de nuevos servicios, redes de conectividad, tarifas y entrada de más jugadores. Pero esto podría cambiar drásticamente en el próximo sexenio.
La reforma judicial plantea la postulación de jueces sin un perfil especializado, uno de los elementos esenciales del sector de la conectividad, que para expertos traerá consigo retrasos y problemas en la resolución de temas regulatorios, e incluso la incorporación de juzgadores con intereses políticos y empresariales que afectarían gravemente el desarrollo del sector y el avance de la digitalización del país.
La reforma de telecomunicaciones, decretada en 2013, dio origen a los tribunales especializados y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con la finalidad de terminar la época en donde las empresas del sector promovían controversias de manera constante y terminaban resolviéndose cuatro años después, debido a la falta de especialidad de los jueces.
Pero la incorporación de juzgados especializados –capacitados periódicamente- y del regulador – compuesto por funcionarios con un perfil técnico en temas de competencia y telecomunicaciones- agilizó los procesos legales que impulsan las compañías.
Casos como la regulación de América Móvil, Grupo Televisa, e incluso el concurso mercantil de Altán Redes fueron resueltos rápidamente. Los tribunales también frenaron la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) que buscaba obligar a los usuarios a proporcionar sus datos personales y biométricos.
Pero estos avances corren riesgo de perderse con la llegada de jueces sin conocimiento regulatorio y con la posible extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, alertó Lucía Ojeda, experta en competencia económica y socia en la firma mexicana SAI Derecho & Economía.
“La especialización impacta en los tiempos de resolución, no de los casos. Cuando el IFT emitía una resolución y el caso escalaba a tribunales, los jueces no siempre le daban la razón al Instituto porque son un órgano colegiado, es decir, sin un fin político que sólo analiza el caso desde una mirada especializada pero si no los nuevos jueces no tienen ese bagaje veremos detenidos muchos procesos para ampliar las redes”, aseguró Lucía Ojeda, experta en competencia económica y socia en la firma mexicana SAI Derecho & Economía.
Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, considera que si la reforma judicial no modifica el tema de la especialización de los jueces en las legislaciones secundarias, las telecomunicaciones podrían detener su desarrollo en un momento donde la digitalización impulsa nuevos desarrollos tecnológicos como la Inteligencia Artificial, edge computing, internet de las cosas y las propias plataformas de streaming, pero para regular ese ecosistema es necesario contar con un perfil altamente técnico.
Incertidumbre en las inversiones
Para Adolfo Cuevas, ex presidente comisionado del IFT, el actual andamiaje regulatorio en las telecomunicaciones ha sido fundamental para garantizar las inversiones de las compañías que se han traducido en una mayor expansión de redes, trayendo consigo nuevos servicios para digitalizar a las industrias y ciudadanos. Pero si se asignan jueces sin un perfil técnico e incluso elegido a ‘modo’, las compañías se encontrarían en un entorno desfavorable para invertir.
El excomisionado recordó que este tipo de condiciones pasaron previo a la reforma de telecomunicaciones, en donde diversas decisiones fueron tomadas por consideraciones políticas, deteniendo el desarrollo del sector.
”Esto alentaría la inversión para el crecimiento de redes que al final terminan impactando al usuarios en términos de servicios y precios”, sostuvo Cuevas.
Mónica Aspe, CEO de AT&T México, comentó que el gobierno está en su derecho a reformar al poder judicial, pero no debería hacerlo con esquemas poco probados, ya que podrían traer consecuencias que no fueran las mejores para el país.
La directiva recordó que el ritmo de las inversiones depende de los contextos de riesgo percibidos, por ello considera necesario entablar un diálogo con las empresas establecidas en país para encontrar una ruta pueda funcionar a todos.
“(Lo que se invierte) es el dinero de alguien más. Nosotros somos una empresa pública que invertimos el dinero de alguien más y nos tenemos que asegurar que donde lo invertimos hay una estimación razonable del riesgo y de la posibilidad de tener retornos sobre esa inversión y eso es una realidad”, dijo Aspe en una entrevista concedida con Adela Micha el pasado 3 de septiembre.
Mientras que América Móvil dijo el viernes pasado que las inversiones requieren de un Estado de Derecho.
Actualmente las empresas de telecomunicaciones se encuentran desarrollando la red 5G -que apunta a una explosión de desarrollo de nuevos casos de uso para el metaverso, realidad aumentada, internet de las cosas, ciberseguridad, inteligencia artificial, entre otros- pero requiere de inversiones titánicas que no retornarán sólo con planes de telefonía, sino con nuevos negocios que llegarán de la mano de la regulación.
Pero la casi inminente aprobación de la reforma judicial podría minar el avance y la confianza que había ganado el sector de las telecomunicaciones con la reforma del sector de 2013.
